Pedro Henríquez Ureña
En 1873 comienza para la
República Dominicana un inesperado florecimiento. Se cierra el período
de "los seis años" del gobierno de Buenaventura Báez: desaparece la
amenaza de anexión a los Estados Unidos, rechazado el proyecto en el
Senado de la gran nación y repudiado por el pueblo de la pequeña; se
convoca una Asamblea Constituyente que reforma la
Carta fundamental del país (la de setiembre de 1866) a principios de
1874 y después una Convención Nacional que introduce nuevas reformas,
sancionadas en marzo de 1875, todas de orientación liberal: la más
característica era el sufragio universal, con voto directo.
El gobierno de
Ignacio María González, presidente provisional primero (enero de 1874),
constitucional después (desde abril de 1874 hasta febrero de 1876), se
inauguró bajo los auspicios de paz y de progreso: el entusiasmo popular
fue tal, que se arrojaron al mar los grillos de las cárceles. "¡Ya no
hay vencidos ni vencedores!" exclamaba el poeta José Joaquín Pérez. Una
de las primeras medidas
gubernativas fue la rescisión del contrato de arrendamiento de la bahía
de Samaná a una empresa de los Estados Unidos, firmado por Báez en 1872.
Después se concertaron tratados con Haití, intentando resolver la
espinosa cuestión de los límites, y con España, para resolver problemas
que quedaron pendientes después de terminado el breve período de
reanexión (1861-1865).
Se desarrolla el comercio y aparecen industrias, de
tipo moderno, si bien pequeñas. En 1876 se establece la primera gran
industria: el ingenio de azúcar con máquinas de vapor, a imitación de
Cuba. Se dan pasos para establecer bancos (el primero es de la época de
Báez), telégrafos, cables submarinos.
Hay, sobre
todo, movimiento de cultura. El gobierno funda escuelas elementales y da
impulso a las de enseñanza secundaria y a las dos de enseñanza superior
organizadas en 1866: el Seminario Conciliar, bajo la dirección del
ilustre orador sagrado Dr. Fernando Arturo de Meriño (1833-1906), y el
Instituto Profesional, nuevo conato, después del ya extinto Colegio de
San Buenaventura, hacia la reconstrucción de la
Universidad; allí se enseñaban derecho, medicina y agrimensura. Al
insigne puertorriqueño Román Baldorioty de Castro se le encomendó la
dirección de la Escuela
de Náutica (1875) y él enseñó además a muchos estudiosos de la capital
matemáticas y física. Se desarrollaron las escuelas particulares: tienen
significación especial las de Socorro Sánchez y Nicolasa Billini, las
primeras donde se trata de elevar la educación de la mujer por encima
del nivel elemental. El canónigo Francisco Xavier Billini (1837-1890)
acomete empresas admirables: había fundado ya el Colegio de San Luis
Gonzaga (1866), con biblioteca pública y órgano periodístico, El Amigo de los Niños, y
sumando auxilios privados establece el primer manicomio, el primer
asilo de ancianos, el primer orfelinato, el primer dispensario de
pobres. Adquieren importancia las asociaciones de cultura:
principalmente la República (1866-1910), La Juventud (1868) y los Amigos del País (1871), en la capital, los Amantes del País, de Puerto Plata, la Progresista, de La Vega (1878), que fundó la primera escuela nocturna de aquella ciudad y años después su primer teatro. La Republicana tomó a su cargo el teatro que la de Amantes de las Letras había establecido en 1859; La Juventud abrió una biblioteca pública (1872), como los Amantes de la Luz en Santiago; la de Amigos del País, que hereda la biblioteca de La Juventud en 1880, organiza actos literarios y musicales, que tuvieron resonancia, entre 1877 y 1881, publica la revista El Estudio (1878-1881)
y obras de autores dominicanos. La prensa se multiplicó para discutir
libremente las cuestiones públicas: los periódicos principales fueron El Porvenir, de Puerto Plata (fundado en 1872; todavía existe), El Orden, El Eco del Yaque, El Dominicano (1874) y La Paz (1875), de Santiago de los Caballeros, La Opinión, El Nacional, El Liberal, El Centinela, de la capital; posteriormente, El Observador, de 1876, y por fin Eco de la Opinión (1879-1899);
como periodistas se distinguieron Manuel de J. de Peña y Reinoso
(1834-1881). Hubo periódicos especiales dedicados a la defensa de las
campañas de independencia de Cuba y Puerto Rico: en ellos colaboraron
cubanos y puertorriqueños distinguidos, como Ramón Emeterio Betances y
Eugenio María Hostos. Se desarrollaron las letras: figuras principales,
el teólogo y orador Meriño, el historiador Emiliano Tejera (1841-1923),
Manuel de Jesús Galván (1834-1910), autor de la célebre novela histórica
Enríquillo (1879-1882), José Joaquín Pérez (1845-1900), el gran poeta de las Fantasías indígenas (1877),
y Salomé Ureña de Henríquez (1850-1897), cuyos versos dan voz al nuevo
entusiasmo patrótico, la fe en la paz y el progreso: en “contagio
sublime, muchedumbre de almas adolescentes la seguía al viaje
inaccesible de la cumbre que su palabra ardiente prometía".
La actividad
política, desgraciadamente, contribuyó poco al logro de tantas
esperanzas. Contra el gobierno de González se organizó una oposición que
lo acusó ante el Congreso: el cuerpo legislativo lo absolvió de la
acusación, pero él renunció. Los optimistas llamaron evolución a
este movimiento político. Se eligió entonces al eminente ciudadano
Ulises Francisco Espaillat (1823-1878), que había participado en la
lucha contra la reanexión a España y era escritor político distinguido.
Formó gabinete (al tomar
posesión, en abril de 1876) con cinco de los nombres más ilustrados del
país: Galván, Peña y Reinoso, el historiador José Gabriel García
(1834-1910), el escritor político Mariano Antonio Cestero (1838-1909),
el general Gregorio Luperón (1839-1897). Gobernó ejemplarmente. No por
eso pudo dominar la enfermedad de los alzamientos revolucionarios y
renunció antes de seis meses (octubre de 1876), Se sucedieron entonces,
en gobiernos de corta duración, González (noviembre-diciembre de 1876),
Báez (diciembre de 1876
a febrero de 1878), nuevamente González (julio-agosto de 1878), el
magistrado Jacinto de Castro (setiembre de 1878), el general Luperón
(diciembre de 1879 a
agosto de 1880). Entre uno y otro presidente, solía gobernar de modo
interino el cuerpo acéfalo de secretarios de Estado; a veces, durante
breve tiempo, existían dos gobiernos, en ciudades diferentes,
representando intereses encontrados.
La
Constitución se reformó en 1877, 1878, 1879, 1880 y 1881: se adopta la
costumbre de rehacerla íntegra, en vez de introducirle retoques; de modo
que el país que en treinta años, 1844
a 1874, tuvo seis constituciones (las de 1844, 1854 –dos-, 1858 y 1866:
en realidad eran dos, una autoritaria y otra liberal, que subían y
bajaban con los caudillos), de 1874
a 1881 tuvo otras siete (las de 1874, 1875, 1877, 1878, 1879, 1880,
1881), sino que ahora todas son liberales en apariencia, sin el espíritu
autoritario exija preceptos constitucionales que justifiquen. Las
Constituciones posteriores son de 1887, 1891 1907, 1908, 1924, 1929 y
1934.
Hecho importante de este período: el hallazgo de los reste de Colón en la Catedral de Santo Domingo (setiembre de 1877).
En 1880, el voto popular lleva el poder (1° de
setiembre) al presbítero Fernando Arturo de Meriño, hombre de altas
dotes en inteligencia y en carácter. Hizo obra de progeso, respetó la
libertad de opinión, cumplió estrictamente las leyes; pero en mayo de
1881, para poner fin a las revueltas armadas, aceptó asumir poderes
dictatoriales, que se le concedieron en asambleas populares, y dictó el
severísinio decreto de represión que recibió el nombre popular de
"decreto de San Fernando". Se ha discutido mucho sobre qué motivos o qué
personas instigaron la promulgación del decreto. De todos modos, causó
estupor público: el gobierno fracasó moralmente. Termina, sin embargo,
su período de dos años, y con él comienzan cuatro lustros de paz. A
Meriño se le designó poco después (1885) arzobispo.
De 1882
a 1884 gobierna el general Ulises Heureaux (1845-1899), hijo de padre
haitiano y madre martiniqueña (los dos abuelos eran franceses). En 1884
asume la presidencia el eminente patriota y escritor Francisco Gregorio
Billíní, a quien se debieron muchas iniciativas de progreso; pero,
considerando insuperables los obstáculos que le oponían las disensiones
entre el general Heureaux y sus rivales, renunció el 16 de mayo de 1885,
y el período lo terminó el vicepresidente, Alejandro Woss y Gil (m.
1932), militar muy ilustrado. Las elecciones de 1886 fueron reñidas;
triunfó en ellas el general Heureaux contra el general Casimiro Nemesio
de Moya (1849-1915), que años espués se distinguió como historiador y
geógrafo: el partido derrotado atribuyó a fraude el triunfo electoral y
se alzó en armas, pero fue vencida la revolución, y Heureaux gobernó
desde enero de 1887, con cuatro reelecciones sucesivas (el período
presidencial se extendió de dos a cuatro años). Gobernó pacífica pero
despóticamente, hasta que un grupo de jóvenes le dio muerte en julio de
1899. Su régimen extinguió las revoluciones, pero también la vida
política, suprimiendo el voto popular y la libertad de opinión; cometió
además errores financieros, contratando empréstitos ruinosos; pero
coincidió con la espontánea ascensión económica del país, contagio de la
formidable expansión industrial de Occidente a fines del siglo XIX. Junto
al desarrollo de la agricultura, de las pequeñas industrias, del
comercio, aparecieron los ferrocarriles y ocurrió la multiplicación de
la gran industria del azúcar: dudoso beneficio, porque junto al
enriquecimiento de unos pocos presenció el país la invasión de obreros
negros, analfabetos, de habla inglesa o francesa, procedentes de las
Antillas vecinas, a quienes se les pagaban salarios de hambre. Los
dominicanos, en general pequeños propietarios rurales, no se avenían al
trabajo abrumador
de los ingenios. Los inmigrantes contribuían a rebajar el nivel
económico de vida y a retrasar el avance de la educación pública. El
problema, en vez de mitigarse, se ha agravado con creces durante el
siglo actual.
Mientras tanto,
en el orden de la cultura realiza el país el más alto esfuerzo de su
historia, después de la fundación de las Universidades del siglo XVI. En 1880 se establece, a iniciativa del general Luperón, y bajo la dirección de Hostos, la
Escuela Normal de la capital. Con esta institución, y con la influencia
de Hostos, se transforma íntegramente la vida intelectual del país: por
primera vez entran en la enseñanza las ciencias positivas y los métodos
pedagógicos modernos. Hostos encuentra ayuda, principalmente, en
profesores jóvenes, orientados de antemano en sus lecturas personales
hacia los rumbos que él señala: Francisco Henríquez y Carvajal
(1859-1935) y José Pantaleón Castillo, que en realidad se le habían
anticipado fundando en 1879 la Escuela Preparatoria (duró hasta 1894); Emilio Prud'homme (1856-1932), José Dubeau, Carlos Alberto Zafra.
Como esta Escuela Normal se organizó para alumnos
varones solamente, en noviembre de 1881 funda Salomé Ureña de Henríquez
el Instituto de Señoritas, plantel particular con subvención del Estado,
adoptando el plan de estudios de Hostos.
Los primeros maestros se graduaron en mayo de 1884;
las primeras maestras, en abril de 1887. Ambas investiduras fueron
acontecimientos resonantes. En ambas instituciones la enseñanza
resultaba muy superior al nivel que sus planes y programas harían
suponer: el saber y el entusiasmo de directores y profesores la elevaba
extraordinariamente.
La obra de
Hostos persiste desde entonces. Él, tropezando con la oposición que el
presidente Heureaux estimulaba, se trasladó a Chile en 1888; pero sus
compañeros y discípulos continuaron la labor. En 1895, el gobierno
transforma la
Escuela Normal en Colegio Central, donde en vez de maestros se graduaban
bachilleres (hasta entonces el título de bachiller se obtenía mediante
exámenes ante el Instituto Profesional); pero en 1900, habiendo
regresado Hostos de Chile (murió en Santo Domingo en 1903), reorganizó
la enseñanza de todo el país y mantuvo
la escuela de bachilleres junto a la de maestros. El primer Instituto
de Señoritas se cerró en diciembre de 1893; se organizó en 1895, bajo la
dirección de dos antiguas
discípulas del primero, Luisa Ozema Pellerano de Henríquez (1870-1927) y
Eva María Pellerano: desde 1897 se llamó Instituto "Salomé Ureña"; duró
cuarenta años.
Los compañeros de Hostos llevaron sus planes y sus
métodos fuera de la capital: Prud'homme a Azua, Dubeau a Puerto Plata.
En Santiago de los Caballeros se fundó otra Escuela Normal, que sirvió
de centro para todo el norte del país. En Puerto Plata, una ilustrada
puertorriqueña, Demetria Betances, organizó la enseñanza femenina: una
de sus discípulas, Antera Mota de Reyes, continuó la obra desde 1895.
Bajo el
gobierno de Billini (1884) se creó la admirable institución del maestro
ambulante, utilísima en país esencialmente rural como Santo Domingo;
duró, por desgracia, poco.
El Instituto Profesional se reorganizó en 1881, bajo el gobierno de Meriño, y de nuevo en 1895, aumentando sus cátedras.
Las letras florecen. A Meriño, Galván, los Tejera,
Peña y Reinoso, Cestero, García, Billini, los Henríquez y Carvajal,
Salomé Ureña, José Joaquín Pérez, Dubeau, Prud'homne, Penson, se suman
ahora los hermanos Gastón Fernando (1861-1913) y Rafael Alfredo Deligne
(1863-1902), admirables poetas y prosistas ambos; Enrique Henríquez
(1859-1940), Arturo Pellerano Castro (1865-1916), Fabio Fiallo
(1866-1942), Andrejulio Aybar (n. 1873); los prosistas Federico García
Godoy (1857-1924), Américo Lugo (1870-1952), Tulio Manuel Cestero
(1877-1954).
En música, Juan Bautista Alfonseca y los Marcelo,
poco después de la independencia de 1844, habían reanudado la tradición
de alta cultura de la época colonial; ahora se distinguen José Reyes,
Luis Eduardo Betances y Pablo Claudio. En pintura, Luis Desangles, cuyo
retrato de Amelia Francasci es uno de los mejores cuadros de tipo
impresionista en América.
La prensa participó del desarrollo general del país. El primer diario, El Telegrama, apareció
en 1882, bajóla dirección de César Nicolás Penson (1855-1901), escritor
y poeta distinguido. En 1885, se transforma en diario El Eco de la Opinión, pero vuelve pronto a semanario. En 1889, Arturo Pellerano Alfau funda el Listín Diario, que
dura todavía como órgano principal de la prensa. Pero el régimen de
Heureaux veía con disgusto la prensa libre. Así, en 1890 suprime
violentamente El Mensajero, semanario (1881) de Federico
Henríquez y Carvajal, por su análisis de una de las engañosas
"redenciones de la deuda pública", que terminaba: “redenciones que
crucifican". El director se ve obligado a abandonar la prensa política y
a fundar la revista Letras y Ciencias (1891-1900). Hubo otras publicaciones de gran interés desde la Revista Científica, Literaria y de Conocimiento Útiles (1883-1886) hasta la Revista Ilustrada (1898-1900).
Terminado el gobierno del general Heureaux (julio
1899), tras los breves gobiernos provisionales de Wenceslao Figuereo y
de Horacio Vásquez (m. 1936), se inicia (noviembre de 1899) el gobierno
constitucional de Juan Isidro Jimenes, que dura hasta mayo de 1902:
época de paz y de libertad democrática. Sobrevino luego una serie de
trastormaciones revolucionarios, entre los cuales se sucedieron los
gobiernos Horacio Vásquez (mayo de 1902 a marzo de 1903), Alejandro Woss y Gil (marzo a diciembre de 1903), de Carlos Morales (diciembre de 1903
a diciembre de 1905); por fin, el gobierno pacífico de Ramón Cáceres
(diciembre de 1905 noviembre de 1911). Después de Cáceres, nuevos
disturbios; se suceden los gobiernos del general Eladio Victoria
(noviembre de 1911 a noviembre de 1912); del venerable arzobispo Adolfo Alejandro Nouel (diciembre de 1912
a marzo de 1913), a quien designó el Congreso para imponer la
concordia, pero que renunció al reconocer imposible la tarea; del
general José Bordas Valdés (abril de 1913
a agosto de 1914); del Dr. Ramón Báez, médico y universitario
distinguido (agosto a diciembre de 1914); de Juan Isidro Jimenes
(diciembre de 1914); de Juan Isidro Jimenes (diciembre de 1914 a mayo de 1916); del cuerpo de Secretarios de Estado de Jimenes (mayo a julio de 1916).
El gobierno de
Heureaux, al desaparecer en 1899, dejó al país una complicada deuda
pública. Ante todo, para conseguir dinero en Europa le había sido
necesario (1888) reconocer en parte las obligaciones del empréstito
Hartmont (1869), uno de esos típicos empréstitos ingleses del siglo XIX, con que los financieros cargaban de deudas a los países de la
América española (así en México) mediante desembolsos mínimos: en el
caso Hartmont, el fraude había sido escandaloso, pues sólo se entregaron
al gobierno de Báez 37.500 libras esterlinas, pero se lanzaron al
mercado bonos por 757.700. Después de su primer empréstito, el gobierno
de Heureaux continuó pidiendo dinero a Europa y a los Estados Unidos,
aunque presentando a veces los convenios, ante el pueblo dominicano,
como conversiones y redenciones. Al desaparecer aquel régimen, no se
sabía a punto fijo a cuánto ascendía la deuda, ni cuánto habían
entregado las compañías extranjeras al gobierno. Para colmo, las aduanas
estaban desde 1888 en manos de una Caja General de Recaudación (Caisse
Genérale de la Régie),
representante de los acreedores extranjeros, para que cobrase los
impuestos y retuviese las sumas necesarias para el pago de la deuda. El
gobierno de Jimenes, deseoso de reorganizar económicamente el país (una
de sus medidas eficaces fue suprimir los impuestos a la exportación, que
eran tradicionales), entabló conferencias con los acreedores, y, en
vista del desacuerdo entre los europeos y los norteamericanos, quitó a
la comisión extranjera — norteamericana ahora— las funciones de
recaudación aduanal (enero de 1901) y designó a su ministro de
Relaciones Exteriores, doctor Francisco Henríquez y Carvajal, para que
tratase directamente con los acreedores en Europa y los Estados Unidos
sobre las obligaciones que Santo Domingo debería, reconocer. El Congreso
dominicano aprobó el convenio concertado con los europeos, pero no el
proyecto de contrato con la empresa que representaba los intereses de
los norteamericanos, la
San Domingo Improvement Company, porque — entre otras razones — se le
concedían tres meses de plazo para presentar sus cuentas, en vez de
exigírselas inmediatamente.
Los posteriores cambios de gobierno en el país,
alargaron el problema, y por fin en el mes de enero de 1903 se le
reconocieron a la
Improvement Company cuatro millones y medio de dólares (en las
conversaciones preliminares de 1900 con el presidente Jimenes el
representante de la empresa había mostrado dispuesto a aceptar arreglos
sobre la base de un millones y medio). En enero de 1905, el gobierno
dominicano de Morales concedió al de los Estados Unidos, que ahora
respaldaba las gestiones de los acreedores, el derecho de designar
funcionarios (norteamericanos) que administrasen las aduana del país
(Receptoría General de Aduanas); este anómalo sistema, que ponía a la
República virtualmente en situación de protectorado, tuvo confirmación
en el convenio (Convention) de 1907, con el cual además se concertaba un
empréstito de veinte millones de dólares, para conversión de todas las
deudas externas e internas, y para desarrollo de las obras públicas.
Theodore Roosevelt, el presidente de los Estados Unidos bajo cuya
administración se firmó el convenio de 1907, declaró que, suprimida la
posibilidad de disponer de los impuestos aduanales, desaparecería el
incentivo de las revueltas armadas. Pero las revueltas reaparecieron
cuatro años después y con ellas creció la injerencia de los Estados
Unidos, hasta hacerse preponderante bajo Woodrow Wilson.
Desde 1913, el
presidente Wilson empezó a hacer advertencias de todo orden a los
gobiernos y a los partidos de Santo Domingo, y a las advertencias
siguieron los actos, tales como el nombramiento de un Perito (Expert)
financiero para aconsejar en todo lo referente a la hacienda pública
(1914) y la designación de comisionados que observaran las elecciones
(1914). En mayo de 1916, en medio de la guerra civil, desembarcaron
tropas norteamericanas y se instalaron en ciudades principales. El
Congreso debía designar presidente provisional, libre de compromisos
políticos, en sustitución de Jimenes, que había renunciado: el Dr.
Federico Henríquez Carvajal, presidente de la
Suprema Corte de Justicia, declinó la elección, cuando estaba a punto
de recibir confirmación definitiva, para evitar que la presión del
Ministro de los Estados Unidos
convirtiese en mera simulación la libertad del cuerpo legislador. Al
fin (julio de 1916) resultó electo el Dr. Francisco Henríquez y
Carvajal, residente entonces en Cuba, donde ejercía su profesión de
médico.
Al tomar posesión de su cargo, el Dr. Henríquez se
vio ante el grave problema que le creaba el proyecto finalmente
formulado por el presidente Wilson: en sustancia, exigía que se pusiese
en manos de funcionarios norteamericanos, nombrados y respaldados por el
gobierno de los Estados Unidos, el manejo de toda la hacienda pública y
la dirección de todas las fuerzas armadas. Mientras tanto, la
Receptoría General de Aduanas se negaba a entregar fondos al gobierno
dominicano, y la administración tuvo que funcionar con empleados
voluntarios que no cobraban sueldo. El gobierno, en vez de doblegarse,
persistió en tratar de convencer al de los Estados Unidos de que
deberían buscarse otras bases de convenio. Por fin, el 29 de noviembre
de 1916 el presidente Wilson declaró ocupada militarmente la República Dominicana.
El pueblo no tenía medios para oponerse a la
invasión. El Presidente Henríquez se vio obligado a salir de su país y a
iniciar una larga campaña en defensa de la soberanía dominicana. Esta
campaña, apoyada por toda la nación, consistió tanto en presentar
constantemente exposiciones de razones y argumentos al gobierno de los
Estados Unidos como en hacer conocer a toda la
América española la situación de Santo Domingo. Duró seis años.
Mientras tanto, los funcionarios de la ocupación militar reprimían con
violencia todo intento rebelde y suprimían las libertades políticas,
principalmente la de palabra.
Desde 1916 hasta 1922, Santo Domingo, sin darse
nuevo gobierno que se sometiera a los invasores, soportó resignado la
ocupación militar. Al fin, el gobierno de los Estados Unidos, que había
pasado de Wilson a Harding, decidió poner término a aquella situación
injustificada y permitió previamente la expresión de opiniones; muchas,
encabezadas por la del Dr. Henríquez, demandaban la devolución pura y
simple de la soberanía. Washington deseaba conservar la fiscalización
hacendaría que ejercía desde 1905. Se concertó al fin el Plan
Hughes-Peynado, que dejaba subsistir la Receptoría General Aduanas para aconsejar al gobierno en el manejo de fondos.
Los partidos convinieron — porque la ocupación
militar ni había dejado sobrevivir el Congreso — en designar como
presidente provisional a Juan Bautista Vicini Burgos (octubre 1922
a agosto de 1924) para que después se celebrarara elecciones. En ellas
triunfó el veterano jefe de partido Horacio Vásquez sobre el distinguido
jurista Francisco José Peynado (1867-1933), que desempeñó honroso papel
en las gestiones para la restauración de la soberanía. El general
Vásquez gobernó de 1924
a 1930; el Congreso, invocando una reforma constitucional de 1908,
prorrogó su mandato de cuatro años seis. En febrero de 1930, oponiéndose
a la perpetuación del régimen, fuese mediante reelección, fuese
mediante candidatura oficial, se inició un movimiento de protesta que
triunfó sin derramamiento de sangre, y asumió la presidencia provisional
el Licenciado Rafael Estrella Ureña (febrero a agosto de 1930). Electo
presidente el general Rafael Leónidas Trujillo Molina gobernó durante
dos períodos de cuatro años (1930-1934 y 1934-1938): se realiza entonces
vasta labor de reorganización desarrollo.
En 1938 se eligió al Dr. Jacinto Bienvenido Peynado, jurista como su hermano Francisco José y catedrático de la Universidad. Murió en 1940 y le sucedió el vicepresidente, Dr. Manuel de Jesús Troncóso de la
Concha, también jurista universitario de gran prestigio, quien gobernó
hasta 1942 en que fue reelecto el Gral. Trujillo para el período
1942-1947. Nuevamente en la primera magistratura Trujillo ha mantenido
país en franco progreso económico y cultural. En 1940, mediante el
tratado Trujillo-Hull, se suprimió la Receptoría General de Aduanas, y con ello la recaudación de impuesto aduanales pasó nuevamente a la República. Así desapareció el último resto de injerencia oficial de los Estados Unidos.
La
Constitución se reformó en 1942. La innovación principal es el voto
femenino, con el derecho de las mujeres a ejercer cargos públicos
electivos. Como consecuencia, en las elecciones inmediatas de miembros del Congreso resultaron designadas tres damas para formar parte de la Cámara de Diputados y una para la
Cámara de Senadores. Hechos significativos recientes son, además, la
ley que limita a ocho horas la jornada de trabajo; la creación del Banco
de Reservas de la
República, en 1941, y la fundación, en 1942, de las Escuelas de
Emergencia, según el plan de Alfabetización del Presidente Trujillo, con
inscripción aproximada de 80.000 alumnos. En la frontera con Haití,
cuya delimitación es ya definitiva, se fundan nuevos centros de
población y se fomentan los existentes, con grandes obras y servicios
públicos.
Al definirse la situación bélica entre los Estados Unidos y los países del Eje, el Gobierno de la
República Dominicana, con fecha 9 de diciembre de 1941, declaró la
guerra al Japón, y tres días después a Alemania e Italia, adoptando,
además, las medidas complementarias que imponía la nueva situación. El
país sufrió durante el transcurso de la guerra con los ataques
submarinos, la pérdida de buques mercantes y de no pocos hombres.
En su desarrollo, el país ha recibido
la influencia de la marcha general de Occidente; pero su progreso ha
sido lento. Causas principales: las agitaciones políticas, hasta 1916;
la insuficiencia —cuantitativa— de la instrucción pública; el atraso
técnico en el trabajo; la inmigración analfabeta (que se calcula en más
de 200.000 personas), procedente de Haití y de colonias inglesas y
francesas. Mucho bien podrá debérsele, en cambio, a la inmigración
española que ha comenzado en 1939. No ha sido grave causa de atraso la
falta de afluencia del capital extranjero: ejemplos suficientes hay de
que, con capacidad, pueden crearse capitales en el país.
La población ha aumentado rápidamente. Según el
censo de 1920, el país contaba 894.665 habitantes; según el de 1935,
había ascendido a 1.479.417. Cálculos recientes demuestran que ha
rebasado la cifra de millón y medio: Santo Domingo resulta, pues, dada
la pequenez de su territorio (50.000 kilómetros cuadrados), uno de los
países mejor poblados de América. La gran mayoría de esta población es
rural: según el último censo, el 82 por ciento; pero, según métodos
diferentes de cómputo, la proporción es mayor, porque las zonas que se
cuentan como urbanas tienen a veces poblados excesivamente pequeños, que
en otros países se clasificarían como simples centros rurales. Entre
las ciudades, la mayor, que es la capital, se acerca apenas a 100.000
habitantes (proporción: cerca del 6 por ciento: mientras La
Habana tiene cerca del 15 por ciento de la población de Cuba, Buenos
Aires cerca del 20 por ciento de la argentina — "la gran Buenos Aires"
cerca del 30 — y Montevideo alrededor del 25 por ciento de la uruguaya).
El desarrollo económico ha sido lento pero constante. De él hizo modesto alarde el país en 1927, con la
Exposición Antillana que se celebró en Santiago de los Caballeros. Se
interrumpió bruscamente en 1929, al repercutir allí la brusca crisis de
los Estados Unidos, y a la crisis se agregó el desastre que produjo en
la capital el ciclón de setiembre de 1930. Pero el país se ha recobrado
rápidamente de estos males, a pesar de las condiciones poco favorables
del mercado internacional. Mejoran los cultivos del cacao, del tabaco,
del café, del algodón, del maíz. El cultivo del arroz se ha extendido,
desde 1931, gracias a la campaña oficial, hasta el punto de reducir a la
insignificancia la importación de cereal extranjero. La ganadería ha
progresado, y en la industria de la mantequilla y del queso se ha
llegado a situación parecida a la del arroz. La industria del azúcar se
halla estancada desde la caída de los precios en 1923. Desde 1935, el
gobierno reparte tierras — en gran escala — entre los campesinos, para
multiplicar la pequeña propiedad rural; ademas, existen colonias
agrícolas e industriales que funcionan bajo inspección oficial.
Desde 1908 se
empezó a construir carreteras. La construcción se ha intensificado desde
1933: actualmente todo el país está cruzado de vías de comunicación, y,
dada la pequeñez de las distancias, el automóvil hace innecesaria la
creación de nuevos ferrocarriles (los que existen son del siglo pasado).
A las carreteras se suman, desde 1933, gran número de puentes: se han
establecido parques nacionales y viveros, se han abierto canales de
riego; y, por fin, como vía de acceso para el comercio
exterior, se ha construido el puerto de la capital (1936), problema que
antes había parecido superior a las fuerzas económicas del país.
La instrucción pública se reforma y se ensancha al
llegar Hostos de nuevo al país en 1900. Su principal colaborador es
entonces Federico Henríquez y Carvajal. Gradualmente se hace crecer el
número de escuelas primarias y secundarias. Después se crean las
escuelas rudimentarias rurales, que desde 1930 tienen huertos para la
enseñanza de técnicas de cultivo. Las escuelas crecen hasta 1928;
disminuyen con la crisis iniciada en 1929; pero gradualmente vuelven a
aumentar, v ahora su número es el máximo que se ha alcanzado en el país:
la cifra de 1939 es 923, con 116.601 alumnos: de ellas la mayor parte
son rudimentarias rurales o urbanas, con huertos de cultivo, y con
pequeños edificios propios, que comenzaron a construirse en 1933. En
1932 se creó la primera escuela de artes y oficios para hombres; pero ya
existían, desde años antes, las escuelas industriales para mujeres y
las comerciales, además de las academias de pintura y conservatorios de
música.
El Instituto Profesional se convierte, el año de
1914, bajo el gobierno del R. Ramón Báez, en Universidad Central, donde
se cursan carreras de derecho, ingeniería, medicina, odontología,
farmacia. En 1932-33 funciona, como ensayo, la Facultad de Filosofía y Letras, con profesores gratuitos. En 1939 se convierte en facultad oficial.
El tesonero empeño del investigador Dr. Narciso
Albcrty creó el Museo Nacional, hacia 1910, con pequeña y valiosa
colección arqueológica. Desde 1933 se enriquece bajo la dirección de la
estimada escritora Abigaíl Mejía de Fernández.
Las asociaciones de cultura — a quienes afectan siempre los trastornos políticos - sufren eclipses y reapariciones. La sociedad de Amigos del País, de la capital, había reanudado con brillo sus actividades en 1896 y las mantuvo hasta 1902. Después se extinguió. La de Amantes de la luz, en Santiago, ha persistido: es hoy la más antigua de todas. En la capital se constituyó, y trabajó con éxito, el Ateneo, entre
1908 y 1912. Durante la invasión norteamericana, las asociaciones
principales que se fundan tienen fines patrióticos. Al terminar la
ocupación, renacen las de cultura, y entran en gran actividad desde
1931, especialmente el Ateneo Dominicano, la Acción Cultural y el club de damas Nosotras. En
1932 la ciudad de Santo Domingo es una de las de América española donde
se da mayor número de conferencias, señalándose especialmente el ciclo
del Dr. Américo Lugo sobre historia colonial. En aquel año se
constituyen, además, dos orquestas sinfónicas, se organizan las primeras
exposiciones de pintura, y se celebra la primera exposición de artes e
industrias populares. En 1930 se funda la Academia Dominicana correspondiente de la Española, bajo la presidencia del Arzobispo Nouel (1862-1937); en 1931, la Academia Dominicana de la Historia, cuyo órgano, Clío, publica
trabajos de valor. Tanto en revistas — de duración raras veces larga —
como en libros, es constante la actividad literaria: predominan ahora la
novela y el cuento, en que alcanzan éxito las generaciones nuevas. Los
estudios científicos y filosóficos cobran auge.
En Historia de América, dirigida por Ricardo Levene, Buenos Aires, Ed. Jackson, 1940, Volumen XII, Págs. 489-510,
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