DESPLAZADOS EN RD | Juliana Pierre Deguis, Jhonny Rivas y el Tribunal Constitucional
Por Rachel Nolan* | Con autorización de la revista Harper's, publicado en su edición de mayo de 2015 | Traducido por: Iván Pérez Carriónhttp://acento.com.do/2015/especiales/8257439-desplazados-en-rd-juliana-pierre-deguis-jhonny-rivas-y-el-tribunal-constitucional/
Poco
después de que el Tribunal Constitucional dictó la Sentencia, el
presidente Danilo Medina se reunió con un grupo de afectados en el
palacio presidencial. Me dijeron que derramó lágrimas al escuchar sus
historias. La presión internacional sobre Medina para que hiciera algo
por los afectados fue intensa, pero él no podía simplemente revertir la
Sentencia. En lugar de ello, en noviembre de 2013, emitió un decreto
presidencial, el lanzamiento de un plan de regularización de los
inmigrantes sin papeles, la gran mayoría de los cuales son de Haití.
Cualquier persona que emigró a la República Dominicana antes de octubre
de 2011 podría solicitar el estatus migratorio regular y, eventualmente,
la ciudadanía.
El año siguiente se abrió el camino a la
ciudadanía, si bien de manera menos clara para los afectados. Bajo una
nueva ley aprobada en mayo de 2014, los afectados se dividían en dos
grupos. Los que se habían inscrito en el registro civil y se les emitió
certificado de nacimiento antes de la Sentencia, como Deguis, podrían
ser “acreditados” como ciudadanos dominicanos, lo que les daría el
derecho a tarjetas de identificación (cédulas) y pasaportes. Este grupo
incluye cerca de 24,000 personas. Sin embargo, los afectados que
nacieron en la República Dominicana antes de 2007, pero que no tienen un
certificado de nacimiento estaban obligados a embarcarse en un proceso
complejo e incierto para la naturalización. Primero tuvieron que
demostrar su lugar de nacimiento, proporcionando uno de los cuatro
documentos aceptables, tales como una declaración firmada por una
partera o testigos, y luego tuvieron que hacer la solicitud a través del
plan de regularización. La mayoría de los afectados, por tanto, se
encontraron en una posición similar a los haitianos que cruzaron la
frontera más de cuatro años antes, sin importar que alguna vez hubieran
sido considerados ciudadanos. La ley exige que a partir de este mes de
junio, todos los inmigrantes y afectados que no hayan completado la
solicitud, o cuya solicitud haya sido denegada, serán deportados.
Un optimista podría esperar que lo que
comenzó como un experimento masivo de desnacionalización de un tribunal
dominicano pudiera terminar en un experimento masivo de naturalización
del gobierno dominicano. Pero inmediatamente las dificultades se
hicieron evidentes. Incluso el grupo de la suerte de 24,000 afectados
con certificados de nacimiento tuvo que obtener su documento de
identidad, las cédulas, de la Junta Central Electoral, el mismo órgano
que le había estado negando esos papeles durante años. El grupo de
protesta reconoci.do ha documentado al menos 150 casos en que a los
afectados de este grupo se les niega ilegalmente los documentos. El día
que conocí a Deguis, la habían rechazado, y le dijeron que tenía que
hacer la solicitud en una oficina diferente. Finalmente, Deguis
consiguió su cédula el 1 de agosto del año pasado. Por primera vez en
seis años podía trabajar legalmente. También recibió un pasaporte unas
semanas más tarde, pero todavía no está claro si ella podrá inscribir a
sus cuatro hijos como ciudadanos dominicanos.
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