Municipalismo como democratización
Publicado por: Antonio Antón Morónhttp://ssociologos.com/2015/05/20/municipalismo-como-democratizacion
Municipalismo es la teoría política partidaria de ampliar la gestión de la administración local frente a la central. Su sentido es acercar la gestión de los problemas más inmediatos de la gente a instituciones locales, a sus gestores y representantes más directos, con la posibilidad de una mayor cercanía para conocer y articular las demandas populares y favorecer una mayor participación democrática en su gestión y una transformación más efectiva. Propiamente es descentralización (existen más de 8.000 ayuntamientos con unos 60.000 concejales) de competencias y gestión de algunos servicios. Esa mayor cercanía y amplitud de los representantes y gestores municipales puede permitir una mayor participación popular, aunque los aparatos partidistas suelen controlar la selección de sus componentes de acuerdo a la disciplina y lealtad hacia la dirección de sus partidos. Igualmente, en el plano institucional existe una dependencia muy fuerte ante las instituciones superiores (CC.AA y del Estado). Por tanto, existe una tensión entre las dinámicas descentralizadoras y las centralizadoras y, de fondo, entre las democratizadoras y la oligarquización política e institucional. Todo ello en el marco de una administración especializada y con el desafío de un desempeño efectivo en la atención a la ciudadanía.
Empiezo
formulando los siguientes interrogantes: ¿Hasta dónde puede llegar el
cambio por la vía político-institucional, en los distintos ámbitos
locales, autonómicos y estatales? ¿Hasta
dónde se puede avanzar parcialmente –conquista de posiciones
institucionales de forma asimétrica y/o compartida- sin ganar totalmente
–mayoría absoluta-? ¿Qué fuerzas y capacidades existen en la sociedad y
el tejido asociativo para articular un movimiento popular,
complementario y exigente respecto de la ocupación limitada de las
instituciones, vía electoral?. ¿Qué alcance puede tener el municipalismo
en España, con una experiencia limitada y desigual, dentro y fuera de
los ayuntamientos, en el horizonte de los próximos cuatro años?
Dos
grandes transformaciones se han realizado en España y la UE (y el
mundo) que han modificado los mecanismos de la soberanía popular de los
viejos Estados. Por una parte, el aval estatal y de las instituciones
internacionales al vaciamiento de las competencias de los Estados
(medianos y pequeños) para determinar las políticas económicas, sociales
y fiscales. El resultado es la desregulación y la mayor prepotencia de
los mercados financieros y sus instituciones internacionales (FMI, Banco
Mundial…) para eludir el control democrático de las propias
instituciones representativas de los Estados (y de la UE), aunque con un
peso todavía significativo de los grandes Estados (G-7, G-20) que
podrían intervenir pero no quieren al estar comprometidos con ese orden
financiero. En particular, las propias instituciones de la UE (CE, BCE…)
acumulan poder frente a las instituciones de abajo (estatales,
autonómicas o locales) pero se muestran remisas para regular los
mercados financieros europeos e internacionales. Es la oligarquía
mundial.
En
España, en estas décadas, se ha construido el Estado de Autonomías, con
una significativa descentralización de la gestión (sanidad, educación…)
a las Comunidades Autónomas, pendiente de su profundización en una
lógica federal. Así mismo, se han potenciado sus competencias, mientras
se han dejado a las instituciones locales constreñidas de recursos para
realizar sus actividades básicas para la población.
Por
otro lado, la presión democrática por abajo, después de la transición
política, la dependencia y debilitamiento de las asociaciones de
vecinos, con gran protagonismo en los años setenta, y
la constitución de gobiernos municipales, muchos de carácter
progresista, desactivó la voluntad ciudadana por una mayor participación
y/o la oposición social a los gobiernos municipales restrictivos,
confiando en la propia gestión de los representantes institucionales.
Todo
ello está cambiando al calor de las amplias movilizaciones populares
contra las políticas de austeridad, las graves consecuencias de la
crisis, las medias de ajuste y recortes sociales, la prepotencia
gubernamental y la extensión de la corrupción. El objeto de la protesta
social ha alcanzado diversos ámbitos: contra políticas regresivas de la
UE, el Gobierno y el mundo empresarial, así como su concreción en las
instituciones autonómicas y locales. Podemos decir que este amplio
movimiento democrático y participativo ha tenido dos componentes
principales: la democratización del sistema político e institucional, y
la defensa de los derechos sociales y económicos, el poner la economía
al servicio de la gente y definir un rescate ciudadano o plan de
emergencia para los sectores más vulnerables.
Ello
incluye la necesidad de un nuevo dinamismo de la participación por
abajo, local, y de carácter global (estatal, europeo) y la elaboración
de estrategias, organismos, liderazgos y discursos en esos planos para
posibilitar la democratización, la ampliación de la gestión popular, así
como el freno a los privilegios y el corporativismo de las élites
poderosas. Este cierre de los grandes aparatos partidistas se ha
agravado por la persistencia del bipartidismo con su hegemonía en el
control institucional, jurídico y de medios de comunicación y su
conexión con el poder económico y financiero. Ese entramado de intereses
de los poderosos es lo que se ha puesto en cuestión por el movimiento
cívico. Así, los dos partidos gobernantes han perdido la mitad de sus
electorados y tienen escasa legitimidad.
Se
ha generado una ciudadanía activa y luego un electorado indignado y se
han formado expectativas de cambio político e institucional. Es
inevitable, al menos hasta comprobar los resortes institucionales
conseguidos, la tendencia mayoritaria de depositar la confianza popular
del cambio en las inmediatas batallas electorales-institucionales. Esa
dinámica también es funcional para las élites representativas emergentes
que piden esa delegación de voto para legitimar su actividad política y
su compromiso transformador. La cuestión es no perder de vista el doble
componente de partido político (como aparato, legitimado por una base
social, pero para ganar elecciones y posiciones institucionales) y
movimiento popular (relativamente autónomo, diverso y fragmentado), para
estimular la más amplia participación popular y condicionar a las
propias instituciones.
El
nivel de conflicto social y popular, en los últimos años, ha sido muy
alto. Se han producido algunas grandes movilizaciones y procesos
participativos (como el movimiento 15-M, las mareas ciudadanas o las
propias huelgas generales y los conflictos laborales) que han aglutinado
a sectores relevantes de la población. Han posibilitado la expresión y
la visualización de la oposición cívica a los recortes sociales y la
corrupción política, y han generado el desgaste de la credibilidad del
poder y sus políticas regresivas.
No
obstante, es difícil que Podemos y el resto de fuerzas alternativas
consigan una hegemonía total, con una mayoría absoluta (o una mayoría
simple con una suficiente distancia ventajosa), en el grueso de las
grandes instituciones municipales, autonómicas y, particularmente, del
gobierno central. La realidad probable puede ser diversa, desde la
responsabilidad mayoritaria por la gestión institucional hasta el
trabajo de oposición, pasando por fórmulas intermedias de acuerdos
parciales con programas y gestión intermedios o mixtos. El vuelco
alternativo y progresista que se puede producir en algunas grandes
instituciones (por ejemplo, los Ayuntamientos de Madrid, Barcelona,
Valencia…) puede expresar la relevancia del cambio, aunque esa victoria
no sea generalizada en los pequeños y medianos municipios.
En
el plano de la democratización desde la articulación ciudadana fuera de
las instituciones y ante las dificultades y límites de la dinámica de
un cambio político sustantivo, cabe el repliegue y la adaptación a la
inercia institucional y/o el impulso participativo y la movilización
social. Las élites representativas, incluidas las emergentes, tienden a
legitimarse por la gestión de resultados concretos para la gente. Ante
los límites para mejorar las cosas de forma sustantiva, hay que
priorizar medidas de efectos inmediatos y contenido simbólico que
señalen bien el camino a recorrer. El riesgo es caer en el
embellecimiento de su gestión y sus logros limitados, para mantener la
inercia. La mejor opción es ser realista, compartir con la gente los
avances y los obstáculos y apostar por la activación popular.
Ahí
se produce una paradoja: la población elige a sus representantes y
confía en su gestión. Ello supone una relativa desmovilización
participativa. Pero dadas las características del necesario cambio
socioeconómico y político a conseguir y los límites del poder
institucional conseguido, va a ser imprescindible esa participación
popular intensa y masiva.
La
democracia o la democratización del sistema político y económico se
oponen a la oligarquía como gobierno de unos pocos. Pero la
democratización política no se puede separar de la profundización en el
cambio socioeconómico, de la mejora del bienestar de la gente.
Junto
con la democracia representativa, hay que estimular la participación
cívica, la democracia directa, con la deliberación y consulta vinculante
de asuntos importantes. Existen muchos instrumentos que empiezan por la
comunicación y transparencia y con métodos apropiados (consultas,
referéndum, asambleas), en los distintos ámbitos: activistas, electorado
propio, sectores significativos, vecinos o población en general.
En este mundo jerarquizado se produce una fuerte tendencia
a la oligarquización de los aparatos políticos y su apropiación o
control por de los grupos propietarios y gestores de los recursos
económicos e institucionales, llegando a la corrupción abierta
(rompiendo su relativa autonomía, como ejemplifican las ‘puertas
giratorias’ y el tráfico de influencias privadas en la contratación
pública). Por otro lado, existen múltiples especializaciones que
requieren la actividad de expertos, particularmente en las grandes
instituciones. Todo ello supone la selección rigurosa y el prestigio de
la función pública, de acuerdo con sus capacidades y sus códigos éticos
respecto del desempeño del interés general y no el beneficio privado. Es
un problema de cultura y ética en la selección y control de los
representantes y gestores públicos, pero con mecanismos institucionales y
jurídicos eficaces, una vigilancia pública y una vinculación intensa
con sus bases sociales.
La
tarea principal para promover la democratización es la
desburocratización, la dinámica anti-jerárquica, el debilitamiento de
las oligarquías de los aparatos políticos e instituciones, con una nueva
dinámica institucional y democrática, más transparente y participativa.
Pero hay que combinar los distintos planos de la participación
democrática y la gestión institucional. Supone la combinación de métodos
de participación y control directo con una relativa autonomía de la
actividad de los representantes e instituciones, con unos sistemas de
control sobre sus orientaciones y sus decisiones más relevantes.
Detrás
está la diferenciación realista de la deliberación, la decisión y la
ejecución de una medida en una realidad compleja y diversa. ¿Cómo se
articula el estímulo participativo más amplio, libre e
igual, con la desigualdad de disponibilidades y la eficacia en la
gestión concreta?. ¿Cómo se combina una orientación general y una
dinámica de conjunto con el respeto a la diversidad interna y el
exquisito respeto a esa pluralidad, sumando particularidades y llegando a
compromisos y acuerdos ante las discrepancias e intereses parcialmente
distintos? Es un camino a explorar y practicar, abriendo la brecha hacia
una democracia más social y participativa.
En
definitiva, en el ámbito municipal, más directo y concreto, es más
fácil avanzar en este proceso participativo, aunque siempre conscientes
de su imbricación con los procesos más generales y las desiguales
dinámicas organizativas y de liderazgo. Los condicionamientos
institucionales y presupuestarios son muchos y será necesario un cambio
legislativo, con una mayoría gubernamental de progreso, para fortalecer
la suficiencia fiscal de los ayuntamientos, incrementar sus competencias
e impulsar una mejora sustantiva en la prestación de servicios a la
ciudadanía. Constituye un desafío y también un aprendizaje no solo de
gestión, sino de empoderamiento cívico, articulación popular y
democratización.
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