Riqueza, pobreza y desigualdad social: ¿Cómo se cuantifican
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Uno
de cada cinco españoles vive oficialmente debajo del umbral de la
pobreza y la desigualdad social en el país ha aumentado de manera
alarmante. La crisis ha puesto en primer plano unos conceptos que antes
no tenían este protagonismo en el debate público. ¿Pero qué significa
ser pobre en un país europeo y como se determina la desigualdad social?
¿Cómo medir estos fenómenos para obtener así una visión real y detallada
de la situación socioeconómica y de su evolución como base para las
decisiones políticas y la evaluación de las mismas? Está claro que para
ello no basta con los clásicos indicadores omnipresentes en las noticias
económicas como el producto interior bruto (PIB), su tasa de crecimiento, la renta per cápita
(el PIB dividido entre la población, que como media aritmética nada nos
dice sobre el reparto de la renta) y la tasa de paro (más aún cuando se
extiende el empleo precario de modo que un trabajo ya no supone
necesariamente unos ingresos dignos). Una elevada renta per cápita y una
reducida tasa de paro no son sinónimo de menos pobreza y desigualdad,
como muestra muy bien el caso de Estados Unidos. Pero estos conceptos se
emplean demasiadas veces sin rigor y de manera confusa, como
ilustraremos con algunos ejemplos, a la vez que intentaremos aclarar los
más relevantes, empezando con la renta per cápita para pasar después a
los indicadores específicos de pobreza y desigualdad.
La renta per cápita como indicador de riqueza y sus limitaciones
Empezando por lo más básico, son frecuentes las referencias de los medios de comunicación al G-7
como “los siete países más ricos (o industrializados) del mundo” o a
Alemania como “el país más rico de Europa”, lo cual no tiene base
alguna. Sucede que los siete países integrantes del G-7 eran en su
momento (antes del ascenso de grandes países emergentes que llevó a la
creación del G-20)
las mayores economías nacionales del mundo, al igual que Alemania es la
mayor de la Unión Europea (UE), en términos de PIB (que mide el valor
monetario de la producción de un territorio en un periodo de referencia,
normalmente un año). Pero sin ponerlo en relación con el tamaño
poblacional, nada nos dice este indicador sobre la riqueza (hay países
más ricos aunque debido a su menor población su PIB sea menor), lo cual
debería ser obvio y nos lleva a la ya mencionada renta per cápita. Para
usarla como indicador del nivel de vida hay que ponerla también en
relación con el nivel de precios. Para tener en cuenta su variación con
el tiempo, normalmente al alza (inflación), se divide el PIB o la renta
per cápita nominal entre el llamado deflactor que
indica el nivel de precios relativo al de un año de referencia (“año
base”), para obtener así la evolución real, descontando
el efecto de la inflación. Y para tener en cuenta las diferencias de
precios entre diferentes países, se emplea el concepto de la paridad del poder adquisitivo(PPA):
La renta per cápita de un país se divide entre su índice de nivel de
precios, que indica el nivel de precios del país relativo a un nivel de
referencia (en las estadísticas de la UE la media de la Unión), lo que
ajusta la renta per cápita a la baja en los países más caros y al alza
en los países con un coste de vida menor (como España, con un nivel de
precios del 94,8% sobre la media de la UE en 2013) de modo que se pueden
comparar los niveles de vida en términos de poder adquisitivo.
Sin
embargo, este ajuste se suele llevar a cabo solamente a nivel de país, a
pesar de que los precios también pueden variar mucho dentro de un país, un aspecto a tener en cuenta al comparar rentas per cápita regionales: Si la de Londres Interior, la mayor de la UE, triplica la media nacional británica (que
en términos de PPA equivale aproximadamente a la de la UE), no se puede
deducir lo mismo para el nivel de vida en la zona capitalina, dado que
no se tiene en cuenta su mucho mayor coste de vida frente al resto del
país al usar un mismo índice de nivel de precios para toda Gran Bretaña.
Otra diferencia llamativa en la renta per cápita que tampoco se
corresponde con el nivel de vida es la de Luxemburgo frente a sus países
vecinos, a pesar de que aquí sí se ajusta por precios. Pero el PIB mide
la producción llevada a cabo en un país, independientemente de la
residencia de quien la genera, a diferencia del producto nacional bruto
(PNB) de un país que incluye los productos y servicios generados por sus
residentes. En la mayoría de los países la diferencia entre ambos
indicadores no es demasiado importante, pero sí en un país pequeño como
Luxemburgo, donde casi la mitad de los trabajadores reside en los países
vecinos, contribuyendo al PNB de los mismos pero al PIB luxemburgués.
De este modo inflan la renta per cápita luxemburguesa al entrar en el
cálculo en el numerador (PIB) pero no en denominador (población
residente), o dicho de otro modo, todo el PIB del ducado, inclusive la
parte que pertenece a los residentes extranjeros, es repartido en las
estadísticas oficiales solo entre la población residente, que por tanto
aparece como más rica de lo que realmente es.
Medir la
producción de una economía no es tarea fácil y el PIB (y con él la renta
per cápita) no es un indicador perfecto que además se encuentra en constante evolución.
Entre sus lagunas cabe mencionar la economía sumergida cuyo tamaño solo
puede estimarse y el trabajo no remunerado que queda excluido: Si un
viudo se casa con la empleada doméstica interna que le lleva las tareas
del hogar inclusive el cuidado de sus hijos, dejando de pagarla con un
salario a partir de entonces, el trabajo de ella ya no entra en el PIB
aunque siga haciendo lo mismo que antes y tenga ahora un mayor nivel de
vida. Por otro lado, muchos servicios públicos se financian a través de
los impuestos sin que el ciudadano pague al usarlos o solo paga una
pequeña tasa que no cubre de lejos su coste, por lo que no hay precios
de mercado con los que valorar la contribución de estos servicios al
PIB. Se valoran simplemente con su coste, con la consecuencia perversa
de que el PIB aumenta con un incremento del gasto en estos servicios no
solo si se traduce también en mejores prestaciones para los ciudadanos
sino también si solo se debe a la ineficacia y el despilfarro.
Pero sobre todo hay que recordar que la renta per cápita es una media que no proporciona información sobre el reparto de la riqueza. Una pequeña minoría muy rica puede subirla considerablemente y como ya vimos en otro artículo reciente,
en este tipo de distribuciones asimétricas, con una larga cola hacia la
derecha (ya que los ingresos no están acotados hacia arriba) la mayoría
de la población se sitúa debajo de la media. Y una monarquía petrolera
de Oriente Próximo con amplias élites inmensamente ricas y gran parte de
la población viviendo en circunstancias de lo más modestas puede tener
una renta per cápita parecida a la de un país igualitario del centro o
norte de Europa, ya que los extremos se compensan de cara a la media.
Las enormes diferencias socioeconómicas entre ambas sociedades no quedan
reflejadas en la renta per cápita. Para medirlas se requieren
indicadores de desigualdad.
Cuantificando la desigualdad social
“No hay en este momento unos indicadores precisos ni en España ni en Europa sobre los datos de desigualdad” [Enlace retirado] en
2013 el presidente del gobierno español Mariano Rajoy, cuando en 2011,
aún como líder de la oposición y candidato a la presidencia, el mismo
usó uno de ellos para reprochar a su contrincante Alfredo Pérez
Rubalcaba en el debate televisado ante
las elecciones generales del 2011 el aumento de la desigualdad en
España durante el gobierno socialista al que perteneció Rubalcaba: “La
diferencia entre el 20% que tiene más ingresos y el 20% que tiene menos
es del 6,9 y la media europea del 4,9. Nosotros [el gobierno anterior
del que formaba parte Rajoy] lo dejamos en el 5.” Sin duda una temática
muy apta para poner en aprietos a un candidato socialista, pero resulta
que dicho así la afirmación carece de sentido, cosa que por lo visto
pasó inadvertida a los medios (y a Rubalcaba). ¿A qué “diferencia” se
refería Rajoy? ¿Una diferencia de ingresos de 6,9 Euros anuales per
cápita? ¿O del 6,9% sobre los ingresos de uno de los dos grupos? En
ambos casos España sería el país más igualitario del mundo. Pero lo que
realmente indican estos números no es ninguna diferencia sino el ratio
entre los ingresos de ambos cuantiles, o dicho de manera más clara, que
la quinta parte más rica del país en términos de ingresos ha obtenido
en el año de referencia casi 7 veces más ingresos que la quinta parte
más pobre. Este intuitivo indicador se conoce como el ratio S80/S20,
que para los países más igualitarios del centro y norte de Europa tiene
valores de entre 3 y 4. A él se refirió algo más de un año después
también Cáritas, cuando denunció que
los ingresos medios de las personas más ricas de España eran siete
veces superior al nivel medio de ingresos de quienes tienen menos
rentas, un mensaje llamativo que fue ampliamente reproducido en los
medios de comunicación, que por lo visto no se dieron cuenta que está
hueco de contenido: Al no especificar a qué se refiere con los “más
ricos” y los que “tienen menos rentas”, ajustando la definición de ambos
grupos la frase sería válida para cualquier país: En un país mucho más
igualitario como los escandinavos podría ser el 5% más rico que tiene 7
veces más ingresos que el 5% más pobre.
Otro indicador muy extendido es el coeficiente de Gini,
que mide la desigualdad de los ingresos en una escala de 0 (todos
tienen los mismos ingresos) a 100 (todos los ingresos son para una sola
persona) y que en la práctica se sitúa entre 20 y 80 para los países del
mundo. Los más desarrollados suelen ser más igualitarios, situándose
con la excepción de EE.UU. por debajo del 40. España con 34 tiene uno de
los valores más elevados de Europa. El siguiente gráfico proporciona
los detalles de su cálculo.
La
curva de Lorenz (en rojo) indica para cada X (coordenada horizontal) el
porcentaje de los ingresos totales de un país que corresponde al X% más
pobre (coordenado vertical). Une los puntos (0;0) y (100;100)
transcurriendo dentro del triángulo. El coeficiente de Gini
es el área entre la diagonal y la curva, expresado como porcentaje del
área del triángulo entero. Si todos tienen los mismos ingresos la curva
equivale a la diagonal y el área desaparece y si una persona tiene todos
los ingresos la curva sigue los otros dos lados del triángulo de modo
que el área ocupa todo el triángulo.
La pobreza y las paradojas de su definición en la Unión Europea
La proporción de los españoles que se encuentra en riesgo de pobreza ha bajado oficialmente del 20,8% en 2012 al 20,4% en 2013,
es decir que 1 de cada 50 pobres ha dejado de serlo. Suena a una
mejora, por muy modesta que sea, pero se trata de un espejismo. La
oficina estadística de la UE Eurostat define el 60% de la mediana
nacional de los ingresos como umbral debajo del cual uno está
considerado en riesgo de pobreza. (Recordemos
que la mediana de los ingresos, inferior a la media, es el importe que
divide la población por la mitad, de modo que la mitad tiene unos
ingresos por encima de la mediana y la otra mitad por debajo.) Por lo
tanto, no se trata de una definición de pobreza en términos absolutos, sino exclusivamente relativos,
que más que la pobreza mide la desigualdad: Si todos los habitantes de
un país duplicaran sus ingresos en términos reales, también la mediana y
con ella el umbral de pobreza se duplicarían, por lo que la proporción
oficialmente en riesgo de pobreza no se reduciría lo más mínimo, a pesar
del más que notable aumento del nivel de vida. Y de la misma forma,
conforme España se ha empobrecido con la crisis, con la correspondiente
reducción de la mediana de los ingresos, el umbral oficial de riesgo de
pobreza ha bajado en la misma proporción, de 8.877 € en 2009 a 8.114 €
en 2013 para un hogar unipersonal (datos siempre referidos al año
anterior). Por tanto, la ligera reducción de la tasa de riesgo de
pobreza en 2013 no se debe necesariamente a personas desfavorecidas que
han mejorado sus condiciones de vida: Una persona que vive sola y que en
2008 ingresó 8.850 € (lo que supone ser considerado en riesgo de
pobreza en 2009) y cuatro años después solo 8.150 €, lo que supone
(teniendo en cuenta que entre tanto el índice de precios creció un 7,3%)
una dolorosa pérdida de poder adquisitivo en un 13%, habría salido no
obstante milagrosamente del riesgo de pobreza, simplemente porque el
país se ha empobrecido más que ella.
Además, la definición, más que unificar criterios en la UE, hace que las tasas de riesgo de pobreza de los diferentes estados miembro no
sean comparables. El umbral de riesgo de pobreza de Luxemburgo superó
en 2013 al de Rumanía en un factor de casi 16 en términos nominales y de
más de 7 en términos de PPAs. Si un rumano con unos ingresos justo por
encima del umbral de pobreza en su país, donde por tanto no está
considerado en riesgo de pobreza, emigra a Luxemburgo donde encuentra un
trabajo que multiplica sus ingresos por 15, se da la ridícula
circunstancia de que a pesar de haber aumentado su poder adquisitivo en
un factor de 7, Eurostat empieza a considerarle en riesgo de pobreza al
situarse justo debajo del elevado umbral de Luxemburgo. Las diferencias
entre los umbrales produce también datos tan absurdos como una menor
tasa de riesgo de pobreza en Hungría (14,3% en 2013) que en Luxemburgo
(15,9%) o Suecia (14,8%), cuando los umbrales de pobreza de Suecia y
Luxemburgo, incluso ajustados al nivel de precios de Hungría, lo que
implica reducirlos a menos de la mitad en término nominales, superan con
creces hasta la mediana de los ingresos en Hungría (en el caso de
Luxemburgo en un factor de más de 2), de modo que con los criterios
suecos o luxemburgueses en términos de PPAs, la gran mayoría de los
húngaros estaría en riesgo de pobreza.
En defensa
de Eurostat hay que alegar que, al igual que el Instituto Nacional de
Estadística español (INE), explica el indicador en su página web y
aclara que no mide la pobreza absoluta, pero eso no justifica su nombre
tan desafortunado, en el que la expresión “pobreza” al menos debería de
ir acompañada por la palabra “relativa”, para indicar inequívocamente
que la cuantifica solo en relación al nivel de vida general del país. Y
es cierto que la pobreza, sobre todo la que trata más bien de unas
condiciones de vida dignas sin llegar a una cuestión pura y dura de
supervivencia, que es la que más nos encontramos en Europa, tiene una
importante componente relativa, es decir más allá del poder adquisitivo
en términos absolutos, importa también como se sitúa en relación con los
demás. Por ejemplo verse obligado a vestir ropa intacta pero
visiblemente vieja, desgastada y desteñida al no poder permitirse una
renovación frecuente del vestuario, no tiene por qué mermar mucho la
calidad de vida en una sociedad en la que eso es algo habitual, pero en
un país rico donde la gente suele vestirse mejor, puede convertirse en
un motivo de exclusión social y hasta laboral, al suponer un estigma de
“pobre”. Lo mismo aplica para un niño que por falta de recursos de sus
padres no dispone de una bicicleta: No tiene mayor importancia si los
demás niños de su entorno están igual, pero si todos los demás tienen
bicicleta no tenerla puede convertirse en un motivo de exclusión para el
niño. Y existen evidencias de
que en los países ricos la cuestión de cómo de ricos y pobres somos en
relación con los demás es hasta más importante para el bienestar de la
sociedad que la riqueza absoluta, es decir la renta per cápita. Pero eso
no quita la necesidad de unos indicadores que complementariamente midan
la pobreza en términos absolutos, con unos umbrales fijos en términos
reales (PPAs), es decir que varían en proporción con el nivel de
precios, como lo hace el Banco Mundial.
Otros conceptos relacionados con la pobreza
Obviamente no es lo mismo situarse justo por debajo del umbral que no tener ingreso alguno. En la UE se mide la intensidad de la pobreza
a través de la brecha entre el umbral de pobreza y la mediana de los
ingresos de las personas debajo del mismo, expresado como porcentaje del
umbral. Es España fue del 30,9% en 2013, lo que quiere decir que la
mitad de las personas en riesgo de pobreza, un 10,2% de la población,
tenía en 2012 unos ingresos inferiores a 5.607€ (un 30,9% menos que el
umbral de 8.114€) y la otra mitad entre 5.607€ y 8.114€.
La UE considera en riesgo de pobreza persistente
a los que llevan cuatro años consecutivos debajo del umbral de la
pobreza y que en España son más de la mitad del total de las personas en
riesgo de pobreza. Es una diferencia importante, ya que una mera
reducción transitoria de los ingresos, por ejemplo estando un año en
paro hasta volver a encontrar un empleo o arrancando un negocio, aunque
suponga estar oficialmente en riesgo de pobreza, no supone
necesariamente un drástico empeoramiento de las condiciones de vida,
sobre todo disponiendo de ahorros de los que tirar una temporada y que
no se están teniendo en cuenta en esta definición de la pobreza basada
en los ingresos.
Nota: Es importante no mezclar los ingresos, que al igual que el PIB son un flujo monetario medido en Euros/año, con los ahorros y demás componentes del patrimonio, que son una variable de stock monitario, medida en Euros sin más, como por ejemplo también el valor bursátil de una empresa. Por ello es engañoso equiparar las 100 mayores fortunas de España con el 15,6% del PIB español
o con el PIB de Portugal (telediario de TVE), como si sumaran el 15,6%
del total de la riqueza nacional o como si su riqueza acumulada
equivaldría a la de todo Portugal. La interpretación correcta sería que
las 100 mayores fortunas equivalen a lo que la economía portuguesa
genera en un año (o al 15,6% de lo que genera la economía española en un año). De la misma manera no tiene sentido comparar las 20 mayores fortunas con los ingresos del 20% de la población más pobre.
Una variable alternativa a los ingresos para medir la pobreza son los gastos:
Una persona, aunque haya visto mermados sus ingresos, no se considera
pobre si gracias a sus ahorros puede mantener cierto nivel de gastos,
sino solo si la ausencia de ahorros, o la consumición de los mismos
debido a la prolongación de la falta de ingresos, también le obligan a
unos gastos muy reducidos, una definición más acorde con las condiciones
reales de vida. Sin embrago, el inconveniente de este enfoque es que
los gastos dependen también de los costumbres, no solo de los recursos
disponibles: Una persona austera puede tener unos gastos “pobres” sin
necesidad sino por decisión propia. La UE no usa el gasto como medida
oficial de pobreza y desigualdad.
Todo ello
son formas objetivas de medir la pobreza. Existen también formas
subjetivas, que tampoco se usan en la UE, pero que el INE detalla en
este documento metodológico que
en general proporciona una buena introducción de los diferentes
conceptos de la pobreza. Otro problema ya comentado es que el coste de
vida puede variar mucho dentro de un país, lo que dificulta el uso del
dinero como indicador de las condiciones de vida. La UE también mide la
pobreza de manera no monetaria, a través de la privación material,
basada en una lista de nueve conceptos materiales. Quien carece de al
menos tres de ellos se considera en situación de carencia material y si
carece de al menos cuatro, de carencia material severa.
Esta última proporción ha aumentado en España del 5,8% en 2012 al 6,2%
en 2013, lo cual, unido al hecho que también ha aumentado la proporción
de la población que llega al fin de mes con muchas dificultades del
13,5% al 16,9% parece confirmar que la ligera reducción del riesgo de
pobreza efectivamente no se debe a una mejora de las condiciones de vida
de las capas menos favorecidas de la población. Otro concepto empleado
con frecuencia en la UE, dentro de su Estratégica 2020, es estar en riesgo de pobreza o exclusión social
(AROPE), que afecta al 27,3% de la población española (2013) y se
refiere a las personas que se encuentran en al menos una de las
siguientes tres situaciones: en riesgo de pobreza; con carencia material
severa; vivir en un hogar cuyos miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% del total de su potencial de trabajo durante el año de referencia.
La procedencia de los datos y su fiabilidad
Para medir
la desigualdad social, la UE se basa fundamentalmente en los datos del
marco de estadísticas europeas sobre ingresos y condiciones de vida EU-SILC que se recogen anualmente, en el caso de España a través de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) a los hogares. Su metodología se resume muy brevemente en una nota al final de este artículo.
Tratándose
de una encuesta, la cuestión de fondo es cómo de verídicos son las
respuestas de los encuestados acerca de datos tan confidenciales como
sus ingresos económicos, y más aún en casos en los que parte de los
mismos son “en negro”. Esta problemática queda patente explorando los
microdatos de la ECV para estimar a partir de ellos la renta per cápita
disponible de España (los ingresos medios disponibles de los residentes
en España para el consumo y el ahorro, inferior a la renta per cápita),
que arroja un resultado muy inferior al que indica la contabilidad nacional, en nada menos que un 37% en el caso de la ECV del año 2010 según un estudio de
la Universidad de Alcalá de Henares, con importantes diferencias en la
magnitud de la infradeclaración de ingresos en la ECV entre distintos
colectivos. Resulta sorprendente lo desapercibido que pasan estas
enormes incoherencias, teniendo en cuenta que la ECV es la principal
fuente de datos para las investigaciones socioeconómicas, cuyos
resultados podrían estar por tanto distorsionados por diferentes sesgos.
Es muy posible que las capas más pobres de la población tengan unos
ingresos mayores de lo que indica la ECV, en buena parte por salarios
recibidos en negro no declarados en la misma, pero sobre todo parece que
la ECV no recoge bien los ingresos más altos, presumiblemente en buena
parte por una elevadísima infradeclaración dentro del colectivo de
empresarios y profesionales libres, de modo que el coeficiente de Gini
de España (y con él la desigualdad social que mide) podría ser mayor aún
de lo que indican las estadísticas oficiales.
Desde la
ECV del año 2013, en línea con la práctica adoptada también en otros
países europeos y muy posiblemente con el fin de reducir las mencionadas
discrepancias, el INE combina la información facilitada por los
entrevistados con los ficheros administrativos de organismos como la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Seguridad Social para
obtener unos datos de ingresos más fiables, que de hecho incrementan la
renta disponible según la ECV aproximadamente en un 15%, lo cual, aunque
lejos de eliminarlas, reduce las incoherencias. Debido a este cambio de
metodología no se pueden comparar los datos de la ECV del 2013 con los
de las publicaciones anteriores, si bien el INE ha estimado
retroactivamente hasta el año 2009 los principales indicadores
resultantes de la nueva metodología (que son los valores que hemos
utilizado aquí).
Al tratarse de una encuesta dirigida a los hogares deja fuera a las personas sin hogar.
Según los datos oficiales del 2012 hay 23 mil en España, aunque este
número solo contempla los mayores de edad que acuden a los centros
asistenciales de alojamiento y/o restauración en municipios de más de 20
mil habitantes. [Enlace retirado] el número total en 40 mil.
¿Son los españoles más ricos que los alemanes?
Para
terminar vamos a fijarnos ahora en el patrimonio en vez de los ingresos.
El año pasado un polémico y posiblemente interesado estudio del
banco central alemán concluyó que los españoles (entre otros europeos)
tenían un patrimonio neto bastante más elevado que los alemanes, lo cual
causó no poca sorpresa en ambos países y aumentó el resquemor en
Alemania en contra de los rescates europeos de países cuyos ciudadanos
eran supuestamente más ricos que ellos. Según este estudio los hogares
españoles tenían un patrimonio medio de unos 286.000 € frente a los
195.000 € de los hogares alemanes. Más revuelo aún causó la comparación
de las medianas, donde la diferencia es más chocante: 178.000 € para
España frente a 51.000 € de Alemania.
Otra vez
más las medianas son inferiores a las medias debido a la asimetría de la
distribución del patrimonio, que suele caracterizarse por una mayor
desigualdad que los ingresos. Y al contrario de lo que sucede con los
ingresos, la concentración del patrimonio en manos de los más ricos es
más pronunciada en Alemania que en España, como muestra la relación
entre media y mediana. Por tanto, si la mediana española supera a la
alemana en un factor de más de tres, se debe en buena parte a la gran
desigualdad patrimonial en Alemania. Para comparar la riqueza
patrimonial de ambos países, el parámetro indicado es la media, donde la
diferencia es mucho menor, aunque sigue siendo considerable. Pero se
trata de medias por hogar y resulta que el tamaño medio de hogar en
España era de 2,7 personas frente a 2,0 personas en Alemania, de modo
que si calculamos el patrimonio medio per cápita, la diferencia se
reduce drásticamente. Además, los datos de España provienen de la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España del 2008,
referida a datos del 2007, es decir con los inmuebles – que dada la
alto proporción de españoles que ocupan una vivienda en propiedad (82%)
suponen una parte muy importante del patrimonio privado – valorados con
los precios inflados de la burbuja inmobiliaria al punto de estallar. La
considerable reducción del patrimonio de los españoles por el desplome
de los precios a partir de entonces, y que posiblemente lo situaría
ahora mismo por debajo del patrimonio per cápita alemán, no quedó
reflejada en el estudio.
Y
finalmente hay que tener en cuenta que en los países desarrollados no
toda la riqueza se acumula en el patrimonio privado, sino también en los
derechos a prestaciones públicas, fundamentalmente de jubilación, que
se van adquiriendo a través de las cotizaciones a la Seguridad Social y
que en el caso de muchos hogares humildes son la principal riqueza.
Estas cotizaciones son superiores en Alemania, de modo que reducen en
mayor medida la capacidad de ahorro (y por tanto de acumulación de
patrimonio privado) de los alemanes, pero en cambio los alemanes tienen
derecho a unas pensiones de jubilación superiores, una riqueza que queda
fuera del alcance de este estudio.
Este tipo
de noticias sorprendentes, contrarios a nuestra intuición y que luego no
se sostienen, tienen la nefasta consecuencia de mermar la confianza de
los ciudadanos en las estadísticas oficiales, cuando éstas son
imprescindibles para una descripción objetiva de nuestra realidad
socioeconómica, demográfica, etc., precisamente para no tener que
fiarnos solo de nuestra intuición con todas sus limitaciones y sesgos.
Nota metodológica acerca de la Encuesta de Condiciones de Vida
Una de las principales variables de la ECV es el ingreso neto del hogar,
que comprende los ingresos del trabajo por cuenta ajena, beneficios /
pérdidas del trabajo por cuenta propia, prestaciones sociales, rentas
procedentes de esquemas privados de pensiones, del capital y de la
propiedad, transferencias entre hogares, ingresos percibidos por menores
y el resultado de la declaración por el IRPF, de todos los miembros del
hogar en el año anterior a la entrevista.
Para
poder comparar los ingresos de hogares de diferentes tamaños y teniendo
en cuenta la economía de escala, se emplea el concepto de la unidad de consumo
(u.c.): Acorde con la escala de la OCDE modificada, el primer adulto de
un hogar cuenta como 1 u.c. y a cada miembro adicional se le asignan
0,5 u.c., o 0,3 si tiene menos de 14 años, de modo que por ejemplo un
hogar unipersonal estaría formado por 1 u.c., uno compuesto por una
pareja sin hijos por 1,5 u.c. y uno compuesto por una pareja con dos
hijos pequeños por 2,1 u.c.. Dividiendo los ingresos del hogar entre el
número de u.c., se obtienen los ingresos por unidad de consumo, que se adjudican a todos los miembros del hogar. Son estos ingresos por u.c. de las personas, también llamados ingresos equivalentes,
que se usan para determinar el coeficiente de Gini, el ratio S80/S20,
la mediana de los ingresos y con ella el (mal llamado) umbral del riesgo
de pobreza, así como la proporción de personas viviendo debajo del
mismo.
Los
ingresos no incluyen las componentes no monetarias, salvo el coche de
empresa, si bien existe un enfoque alternativo que para poder comparar
mejor los hogares que pagan un alquiler completo con los que no lo hacen
(por ocupar una vivienda en propiedad o a un alquiler por debajo del
mercado o gratuitamente), imputa a estos últimos el correspondiente
alquiler de mercado, descontando cualquier alquiler realmente abonado o
los intereses de un préstamo para la compra de la vivienda. Los valores
de los mencionados indicadores de desigualdad se ven modificados si se
calculan a partir de los ingresos con alquiler imputado (en cuyo caso se suele indicar expresamente que se trata de valores con alquiler imputado)
.
Acerca de Ansgar Seyfferth
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