China está cada vez menos abierta a las empresas occidentales
Una empelada entra en las oficinas centrales de la farmacéutica británica GlaxoSmithKline en Shanghai, julio de 2013. AFP/Getty Images
“Pekín se ha vuelto menos abierta a las empresas extranjeras, imponiéndoles cada vez más costosas multas, prohibiendo las fusiones empresariales, rechazando sus peticiones de licencia para operar y, últimamente, deteniendo y deportando a sus directivos”. Así define un reciente artículo en la revista Foreign Affairs el nuevo clima empresarial en China. Allí, según explica, está acusándose a las empresas de fijar precios, de abuso de poder a costa de los consumidores e incluso de sobornos. Según otros medios, la respuesta a estos ataques no se ha hecho esperar: la inversión extranjera en China está en declive y se sitúa al mínimo en cuatro años.
Sin embargo, también puede verse desde el otro lado de la barrera. Como comentaba recientemente Mario Mariniello del Bruegel Institute, “las empresas extranjeras están dándose cuenta gradualmente de que la China dispone de leyes de defensa de la competencia y que no teme utilizarlas”. El marco jurídico anti-monopolio chino no se instauró hasta 2008 y ha ido implementándose gradualmente. Por tanto, la pregunta es: todas estas acciones contra intereses empresariales, ¿son consecuencia de la puesta en marcha de las leyes de defensa de la competencia como en toda economía capitalista normal? ¿O bien se trata de un intento de las autoridades chinas de intervenir en la economía y proteger las empresas locales de la competencia occidental?
Fusiones, cárteles y abusos de mercado
La investigación de Mariniello, que se puede consultar aquí, aporta algunos datos interesantes. Pekín se muestran cada vez más activo, casi llegando a igualar a los europeos en nombre de actuaciones contra fusiones entre compañías, cárteles o abusos de dominio de mercado. Más importante, sólo en un 15% de las fusiones empresariales que han pasado por la evaluación de las autoridades chinas se trataba exclusivamente de fusiones entre empresas locales; los otros casos involucraban o bien una empresa china y una extranjera, o bien dos extranjeras. Pero, sobre todo, en el 100% de los casos en que el Gobierno ha actuado para anular la fusión o para poner condiciones especiales, había como mínimo una empresa extranjera involucrada. La investigación del Bruegel Institute se muestra clara al señalar un sesgo contra empresas no nacionales.
Sin embargo, cabe destacar que este estudio no se detenía a evaluar si las decisiones de las autoridades chinas estaban justificadas o no, es decir, si las empresas extranjeras se merecían tal intervención debido a que realmente suponía un perjuicio para el consumidor.
Marinielli también explicaba que las multas anti-monopolio eran sustancialmente bajas y sólo se habían penalizado hasta ese momento a empresas chinas. Pero empieza a intuirse recientemente un cambio de tendencia, tal como sugiere la multa de 200 millones de dólares a 12 fabricantes japoneses de piezas de automóvil por pactar precios. También, por la sonada multa de 489 millones de dólares a la farmacéutica británica GlaxoSmithKline por prácticas ilícitas. Son ejemplos destacados de una serie de casos que han ocupado las portadas de la prensa financiera por ser acciones agresivas contra intereses occidentales.
¿Qué se esconde detrás?
Los que argumentan que esta nueva actitud de China es una campaña contra intereses occidentales, como insinuaba el Secretario del Tesoro estadounidense en una carta abierta, lo justifican como un intento de Pekín de proteger deslealmente su industria doméstica de la competencia de fuera. Desde que forma parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el gigante asiático ya no puede aplicar políticas comerciales proteccionistas. Poner trabas a las operaciones de empresas extranjeras mediante una mayor regulación anti-monopolio es, por tanto, una alternativa proteccionista factible, ya que se basa en el marco jurídico local. China no buscaría defender el interés de los consumidores, sino el interés nacional.
Sin embargo, hay que considerar el tempo en que estas acciones están desarrollándose. China se encuentra actualmente en un nivel de desarrollo en el que ya no tiene tanta dependencia como antes de las empresas occidentales y de sus inversiones. El gigante asiático se beneficia cada vez más de haber accedido a la OMC, ya que las empresas locales pueden importar tecnología y maquinaria mucho más fácilmente y a bajo coste, aumentando así su productividad. Por ejemplo, en este artículo en VoxEu, investigadores de las universidades de Shanghai y Hong Kong demuestran empíricamente que, gracias a esta mayor facilidad para importar, las compañías chinas están ahora exportando productos de más calidad y más valor añadido. Antes, era la inversión extranjera la única forma en que China obtenía transferencia tecnológica gracias a cláusulas como la quid pro quo, que obligaba a las empresas extranjeras a transferir conocimiento y tecnología a algún socio local a cambio de obtener acceso al mercado chino.
Por otro lado, otro aspecto que contribuye a una menor dependencia extranjera es el sistema financiero y el mercado de capital, que se ha desarrollado de forma considerable en China en los últimos años. Este factor permite a las empresas locales obtener financiación y inversiones en casa en vez de tener que ir a buscar capital al exterior.
En definitiva, tras más de dos décadas experimentando con la economía de mercado, no ha sido hasta hace cinco años que China ha establecido una ley de defensa de la competencia. El sistema se ha montado en el momento idóneo para el país, ya que puede permitirse poner el mercado interno en orden sin que su economía sufra excesivamente si las empresas se marchan o disminuyen las inversiones extranjeras. Esto lleva a pensar que este incremento de casos contra intereses occidentales no debería de interpretarse como una persecución, sino como un mensaje de las autoridades de que ya no van a ser tan permisivas ante un dominio extranjero del mercado, algo que se permitía implícitamente al no tener ley anti-monopolio y al necesitar las inversiones. Al fin y al cabo, habría una justificación en muchos de los casos, como cuando GlaxoSmithKline admitió finalmente, el mes pasado, que sobornó a pacientes y cometió malas prácticas. Una década atrás, las autoridades chinas hubiesen mirado hacia otro lado, en nombre del interés nacional.
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