Los ‘negocios’ del Estado Islámico
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Miembros del Estado Islámico en la ciudad siria de Raqqa, septiembre 2014. STR/AFP/Getty Images
Resulta llamativo que una organización cuyo ideario es la creación de un califato, de acuerdo a los usos y costumbres del siglo VII, sea capaz de utilizar de forma provechosa las oportunidades que brinda el siglo XXI. Y sin embargo, uno de los aspectos más alarmantes del vertiginoso ascenso del Estado Islámico (EI) reside en su capacidad de autofinanciarse utilizando todos los mecanismos comerciales y financieros que ofrece el mercado mundial.
En la actualidad, el grupo que dirige Abu Bakr al Bagdadí dispondría de hasta 500 millones de dólares en metálico –algunas fuentes reducen esa cantidad hasta los 200 millones y otras la ascienden hasta los 5.000– y su férreo control sobre el territorio conquistado en Siria e Irak y de sus aproximadamente ocho millones de habitantes le estaría reportando importantes recursos económicos adicionales. Así, se estima que el EI se ha convertido en la organización yihadista mejor financiada del mundo, desbancando incluso a la propia Al Qaeda. El grupo está utilizando ese dinero para pagar a sus combatientes –mucho mejor que otras organizaciones de similar ideología–, comprar armamento, crear campos de entrenamiento y sobornar a los líderes tribales suníes iraquíes que apoyan, ya sea abierta o tácitamente, su ofensiva contra el régimen chií de Bagdad.
En los últimos años, el EI, al igual que otras organizaciones yihadistas, se ha financiado con donaciones que provendrían de Turquía, Kuwait, Catar y otros países del Golfo Pérsico –estos países han rechazado vehemente esa acusación–, por medio de ciertas organizaciones benéficas suníes. No obstante, desde meses atrás, esta fuente de financiación se ha reducido radicalmente por un doble motivo. En primer lugar, los gobiernos árabes han empezado a reconocer la gravedad que la amenaza de los islamistas radicales supone para la región y están imponiendo controles más severos a los movimientos monetarios, además de llevar a cabo algunas detenciones relacionadas con este hecho.
Por otro lado, se está acentuando la presión occidental sobre individuos y empresas sospechosas de colaborar con los yihadistas. Últimamente, el Departamento del Tesoro de EE UU ha sancionado a ciudadanos cataríes y kuwaitíes, así como a ciertas organizaciones no gubernamentales por su papel en el suministro de dinero en efectivo y armas para el EI. Precisamente, el pasado mes de mayo el gobierno de Kuwait depuso a su Ministro de Justicia después de que Estados Unidos mostrase su preocupación por su presunto papel en la recaudación de fondos para grupos yihadistas.
Sin embargo, aun siendo importantes, las donaciones del extranjero ya no suponen para Al Bagdadí la fuente primaria de financiación. Hoy, sus ingresos provienen fundamentalmente de la venta de hidrocarburos en el mercado negro. Tras sus victorias en el campo de batalla, los yihadistas controlan casi una docena de campos de petróleo y gas en las provincias sirias de Raqqa y Deir Ezzour, así como algunas refinerías en Siria e Irak y el principal oleoducto que une Irak con Turquía. En Siria, los islamistas radicales dominan el 60% de las instalaciones petrolíferas del país de donde estarían extrayendo unos 50.000 barriles de crudo al día; además, se calcula que en Irak estarían obteniendo otros 25.000 barriles diarios.
El Estado Islámico vende tanto el petróleo como el combustible diésel a través de una sofisticada red de contrabando –la zona ha sido históricamente un refugio para este tipo de actividades–. Aunque, el crudo se vende a un precio reducido – de 25 a 60 dólares por barril cuando su precio regular es de casi 100–, los yihadistas estarían ingresando por este concepto entre dos y tres millones de dólares diarios. Como una simple muestra de la importancia de este tráfico ilícito, desde el comienzo del conflicto en Siria en 2011 las incautaciones de petróleo ilegal en la frontera entre Turquía y Siria han aumentado en un 300%.
Según fuentes de inteligencia estadounidenses, los compradores serían empresarios y comerciantes turcos, kurdos, libaneses e iraquíes, que a su vez revenderían la mercancía en otros lugares, incluyendo la Siria del régimen de Bashar al Assad. Igualmente, como denunció a principios del mes de septiembre la embajadora de la Unión Europea en Irak, Jana Hybaskova, esta venta ilegal de hidrocarburos llegaría hasta la propia Europa, por lo que se estarían financiando indirectamente a los mismos yihadistas a los que se pretende combatir militarmente.
En cualquier caso, con el fin de cerrar este flujo, desde el comienzo de la campaña aérea llevada a cabo por EE UU y sus aliados contra posiciones del Estado Islámico, las instalaciones petrolíferas y gasísticas controladas por los yihadistas han sido un objetivo recurrente –hasta el momento se habrían atacado más de 50 objetivos de este tipo–.
Al mismo tiempo, en las zonas bajo su dominio, los yihadistas han instaurado un sistema que combina una forma islámica de tributación con actividades propias del crimen organizado como robos, extorsiones, saqueos y contrabando de todo tipo de mercancías. Tras la conquista de cualquier ciudad o pueblo, miembros del Estado Islámico proceden a desvalijar meticulosamente las cajas fuertes de los bancos, como sucedió en Mosul donde se cree que se apropiaron de casi 400 millones de dólares.
De igual forma, mediante la intimidación, el grupo ha implantado un ordenado sistema de extorsión a empresas y granjas agrícolas, grava por sus actividades profesionales a médicos y farmacéuticos, impone tarifas al transporte público y privado y, al más puro estilo mafioso, obliga a los cristianos y miembros de otras minorías religiosas, que optan por permanecer en sus hogares y no huir de los islamistas radicales, a pagar por su protección. Según el Council on Foreign Relations, solamente la extorsión que realiza sobre los negocios de la ciudad de Mosul reportaría a las arcas yihadistas unos ocho millones de dólares al mes.
El grupo, de la misma manera, habría ganado decenas de millones de dólares con el contrabando de antigüedades procedentes de museos y vestigios arqueológicos iraquíes, y varios millones más con el infame tráfico de mujeres y niños vendidos como esclavos, muy probablemente para su explotación sexual.
Otra sustanciosa fuente de negocio proviene del pago de rescates por personas secuestradas. Días atrás, el Primer Ministro del Reino Unido, David Cameron, afirmó ante el Parlamento británico que, sin duda, decenas de millones de libras esterlinas de los pagos efectuados para la liberación de rehenes llegaban a manos del Estado Islámico. Durante la cumbre de la OTAN celebrada en Gales a primeros de septiembre, el propio premier británico solicitó a los países aliados que no pagaran rescate por los rehenes ya que esa práctica era “completamente contraproducente”. Aunque, una resolución del Consejo de Seguridad de enero de este 2014 prohíbe esa praxis, la prensa internacional ha informado de varios casos en que gobiernos europeos habrían pagado importantes sumas de dinero a los yihadistas por la liberación de sus nacionales secuestrados.
¿Cómo cortar el flujo de dinero?
Más allá de los bombardeos contra objetivos de alto valor, es un hecho que la coalición internacional afronta importantes retos para imponer medidas contra la maquinaria financiera del EI.
En primer lugar, Estados Unidos y el resto de los países coaligados tendrán que tener en cuenta la situación humanitaria de los civiles que sufren el dominio tiránico del Estado Islámico. Si bien, el ataque a ciertas instalaciones e infraestructuras debilitaría la posición militar de los yihadistas, es bien seguro que no se procederá a su destrucción si con ello empeoran las condiciones de vida de la población civil –esta circunstancia será aprovechada con toda certeza por los islamistas que buscarán refugio en las ciudades de los ataques aéreos de la coalición internacional–.
Por otro lado, resulta complejo desarticular la red clandestina internacional que apoya las actividades del EI y que se sirve de la opacidad de las transacciones de los sistemas bancarios y comerciales de Oriente Medio. Para luchar eficazmente contra esa red es preciso contar con una actuación mucho más severa por parte de los gobiernos de la región. El secretario de Estado norteamericano, John Kerry, ha reconocido que “las naciones árabes juegan un papel crítico en la coalición [internacional], realmente el papel protagonista en todas las líneas de esfuerzo: apoyo militar, ayuda humanitaria y para detener el flujo de fondos ilegales”. Hasta el momento nueve países árabes se han unido a la Coalición liderada por EE UU contra el EI –Egipto, Líbano, Jordania y seis Estados del Golfo incluyendo a Arabia Saudí y Catar–.
Pero, esta cooperación puede chocar con las rivalidades geopolíticas de los distintos Estados, como demuestra la pugna actual entre saudíes y cataríes. Otra cuestión difícil de solventar reside en la dificultad de golpear al EI sin que ello suponga fortalecer al régimen sirio –enemigo tanto de las monarquías árabes como de Occidente–.
Por estas razones, la Administración estadounidense está tratando de implementar una estrategia híbrida que combine instrumentos militares, diplomáticos y económicos, que al mismo tiempo que eviten el acceso del EI al sistema financiero internacional, restrinjan su capacidad para exportar materias primas. A corto plazo, es probable que esta estrategia logre frenar significativamente la capacidad del Estado Islámico de generar ingresos por medio de las exportaciones de petróleo y de donaciones provenientes del Golfo Pérsico; aunque, para compensar esas pérdidas, es plausible también que los yihadistas aumenten otras actividades como la extorsión o el secuestro.
“El dinero es el nervio de la guerra” decía Cicerón. Teniendo en cuenta los recursos financieros ya obtenidos, y la captura de importantes arsenales de armas y municiones tras la desbandada del Ejército iraquí del pasado verano, de hacer caso a la famosa máxima, al Estado Islámico le quedaría suficiente nervio para los próximos meses.
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