Régimen de consecuencias
CES: Irresponsabilidad y corrupción gubernamental son causa déficit fiscal
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Dice que desde el año 2008 se tomaron medidas que tenían por finalidad preservar la popularidad del gobierno de Fernández
Los déficits acumulados desde 2008 a 2012 suman 400 mil millones de pesos.
Desde el año 2008, República Dominicana inició una carrera de déficits fiscales que culminó en este 2012 con el mayor en toda la historia desde que se llevan registros sobre economía. En estos cuatro años, los déficits suman 401,105 millones de pesos, lo que evidencia un manejo “absolutamente irresponsable de las finanzas públicas” por parte de la administración Fernández.
Así lo establece la Comisión Técnica designada por el Consejo Económico Social en su informe preliminar sobre el “Déficit fiscal en el año 2012: monto, causas y evaluación con respecto al ordenamiento jurídico”, en el que destaca que lo ocurrido a partir de 2008, y sobre todo en este 2012, “debe ser examinado con toda crudeza en el pleno del Consejo Económico Social, con el objetivo de recomendar, durante las reuniones que deberán celebrarse para alcanzar un pacto fiscal, mecanismos que eviten su repetición, incluyendo la aprobación de un régimen de consecuencias más efectivo y disuasivo que el existente”.
El pleno del CES, en su sesión del 10 de octubre de este año, creó una comisión técnica con el objetivo de identificar las causas y acciones que dieron lugar al déficit y estudiar si las mismas son o no compatibles con la ley.
En ese sentido, el sector laboral designó a Joaquín Luciano y Felipe Santos Reyes; el social a Alfonso Abreu Collado y José Rijo, en tanto que la parte empresarial, a pesar de haber designado a Biviana Riveiro y Pilar Haché en fecha 14 de noviembre, no se incorporó a la comisión, razón por la que el informe preliminar ha sido redactado por cinco de los siete miembros.
Hasta el día de hoy el informe no ha sido sometido al pleno del CES, no obstante haber sido entregado al presidente del organismo, monseñor Agripino Núñez Collado, el 22 de noviembre, tal y como consta en la carta enviada por el presidente de la referida comisión Francisco Álvarez Valdez. Según supo 7dias.com.do, en la última reunión del CES del miércoles 28 de noviembre, Núñez Collado aseguró que apenas tenía media hora de haber recibido el informe preliminar cuando, según consta en la comunicación de Álvarez, llevaba ya siete días con el documento en sus manos.
El documento es claro en la recomendación de que el déficit de 2012 se revise desde una óptica más amplia en el tiempo, ya que sus antecedentes aparecen con mucha claridad en el año 2008 “y no se trata de una coincidencia que ambos, 2008 y 2012, hayan sido años electorales”.
Amplía que “desde el año 2008 se tomaron medidas que tenían por finalidad preservar la popularidad del gobierno a cualquier costo, y esa es la razón principal, aunque no exclusiva, del por qué se generó un déficit acumulado desde ese año hasta el 2011, de 214,105 millones de pesos, antesala del enorme déficit de este año 2012 por alrededor de 187,000 millones de pesos”.
“En cinco años, 2008-2012, el déficit acumulado asciende a 401,105 millones de pesos, lo que evidencia un manejo absolutamente irresponsable de las finanzas públicas, que en adición no contribuyó a una reducción proporcional de la pobreza”, concluye el informe.
El documento señala como principales causas del déficit del año 2012 “las claras violaciones legales, al no transparentar en el presupuesto el monto correcto del subsidio eléctrico, cumpliendo con la Ley General de Electricidad, 125-01 del 26 de julio de 2001, lo que era perfectamente estimable, o no ajustar los precios de los combustibles debido al alza del petróleo, aplicando incorrectamente el Decreto 307-01, en vez de fijar los precios partiendo del precio de paridad de importación del petróleo en el mercado internacional, más la tasa de cambio, como lo dispone el artículo 8 de la ley”..
Explica el informe que “la principal razón del déficit del año 2012 ha sido admitida oficialmente y se encuentra incluso contenida en una ley: el presidente decidió terminar las obras que había comenzado a pesar de que dicha terminación no estaba contemplada en la Ley de Presupuesto General del Estado del año 2012. Esto permite explicar porqué el gasto fue mucho mayor después de las elecciones del 20 de mayo, hasta la toma de posesión el 16 de agosto, que de enero a mayo”.
Destaca que a pesar del avance en la aplicación de leyes modernas que regulen el régimen económico y financiero, “hemos podido detectar muy poco respeto por las disposiciones constitucionales y legales adoptadas en esta materia, que prohíben aumentar el gasto público sin la existencia de una ley que lo autorice, o que establezca criterios de economía, planificación, eficiencia, prioridad y sobre todo, transparencia para la asignación del gasto público, y que no fueron respetadas”.
Como también se violó la Ley de Presupuesto que señala que las apropiaciones aprobadas por el Congreso constituyen el límite máximo de gasto, sujeto a la disponibilidad efectiva de los ingresos estimados, lo que en lenguaje sencillo significa “que no se puede gastar lo que no ha ingresado y constituye una barrera legal para impedir la generación de cualquier déficit que no haya sido previamente planificado e incluido en la Ley de Presupuesto General del Estado”.
“El déficit de 2012 ha dejado al descubierto nuevamente que nuestro principal problema no es aprobar nuevas disposiciones legales, sino cumplir las que tenemos, pero en esta ocasión, por la magnitud del déficit, el precio será apurar un trago muy amargo, tal como lo describió el presidente Medina”, dice el informe..
La comisión técnica del CES expresa que el déficit puede ser una herramienta eficiente y a veces necesaria para el manejo de la economía, “pero nos referimos al déficit planificado, presupuestado y no al que surge al margen de las leyes. El concepto de déficit no es sinónimo de corrupción, pero no cabe duda de que no se puede descartar la posibilidad de que la generación de un déficit pueda ocurrir por causas corruptas, incluyendo las violaciones de las leyes destinadas a impedir déficits no planificados”.
Agrega que, “bajo los gobiernos de los tres partidos políticos que nos han gobernado desde 1966, las leyes relacionadas al régimen económico y financiero se hayan violado constantemente, sobre todo en años electorales. Nadie ha tenido que responder por tales violaciones, que raramente son denunciadas, y esta es la causa por la que tales violaciones siguen ocurriendo periódicamente, con consecuencias cada vez mayores para el país y sus habitantes”.
Destaca que hasta el momento no existe una sola sentencia condenatoria por violaciones a estas leyes debido a la complicidad entre los partidos políticos, “que muchas veces imponen la política del borrón y cuenta nueva, lo que impide que este tipo de violaciones llegue a los tribunales o se conozcan tales procesos hasta el final”.
En ese sentido, el documento plantea que los distintos sectores de la sociedad, incluyendo los representados en el CES, deben abrir sus conciencias a la realidad de que no habrá cambios sobre la forma en que se manejan los recursos públicos sin la participación activa y valiente de la ciudadanía a través de los mecanismos de control social y el ejercicio eficaz del derecho al acceso a la información pública.
Sugiere además, que “estos temas deben formar parte esencial de las discusiones que deberán llevarse a cabo en el seno del CES para la concertación de un pacto fiscal integral tal como lo ordena la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, incluyendo la aprobación de un régimen de consecuencias más efectivo y disuasivo que el existente”.
Así lo establece la Comisión Técnica designada por el Consejo Económico Social en su informe preliminar sobre el “Déficit fiscal en el año 2012: monto, causas y evaluación con respecto al ordenamiento jurídico”, en el que destaca que lo ocurrido a partir de 2008, y sobre todo en este 2012, “debe ser examinado con toda crudeza en el pleno del Consejo Económico Social, con el objetivo de recomendar, durante las reuniones que deberán celebrarse para alcanzar un pacto fiscal, mecanismos que eviten su repetición, incluyendo la aprobación de un régimen de consecuencias más efectivo y disuasivo que el existente”.
El pleno del CES, en su sesión del 10 de octubre de este año, creó una comisión técnica con el objetivo de identificar las causas y acciones que dieron lugar al déficit y estudiar si las mismas son o no compatibles con la ley.
En ese sentido, el sector laboral designó a Joaquín Luciano y Felipe Santos Reyes; el social a Alfonso Abreu Collado y José Rijo, en tanto que la parte empresarial, a pesar de haber designado a Biviana Riveiro y Pilar Haché en fecha 14 de noviembre, no se incorporó a la comisión, razón por la que el informe preliminar ha sido redactado por cinco de los siete miembros.
Hasta el día de hoy el informe no ha sido sometido al pleno del CES, no obstante haber sido entregado al presidente del organismo, monseñor Agripino Núñez Collado, el 22 de noviembre, tal y como consta en la carta enviada por el presidente de la referida comisión Francisco Álvarez Valdez. Según supo 7dias.com.do, en la última reunión del CES del miércoles 28 de noviembre, Núñez Collado aseguró que apenas tenía media hora de haber recibido el informe preliminar cuando, según consta en la comunicación de Álvarez, llevaba ya siete días con el documento en sus manos.
El documento es claro en la recomendación de que el déficit de 2012 se revise desde una óptica más amplia en el tiempo, ya que sus antecedentes aparecen con mucha claridad en el año 2008 “y no se trata de una coincidencia que ambos, 2008 y 2012, hayan sido años electorales”.
Amplía que “desde el año 2008 se tomaron medidas que tenían por finalidad preservar la popularidad del gobierno a cualquier costo, y esa es la razón principal, aunque no exclusiva, del por qué se generó un déficit acumulado desde ese año hasta el 2011, de 214,105 millones de pesos, antesala del enorme déficit de este año 2012 por alrededor de 187,000 millones de pesos”.
“En cinco años, 2008-2012, el déficit acumulado asciende a 401,105 millones de pesos, lo que evidencia un manejo absolutamente irresponsable de las finanzas públicas, que en adición no contribuyó a una reducción proporcional de la pobreza”, concluye el informe.
El documento señala como principales causas del déficit del año 2012 “las claras violaciones legales, al no transparentar en el presupuesto el monto correcto del subsidio eléctrico, cumpliendo con la Ley General de Electricidad, 125-01 del 26 de julio de 2001, lo que era perfectamente estimable, o no ajustar los precios de los combustibles debido al alza del petróleo, aplicando incorrectamente el Decreto 307-01, en vez de fijar los precios partiendo del precio de paridad de importación del petróleo en el mercado internacional, más la tasa de cambio, como lo dispone el artículo 8 de la ley”..
Explica el informe que “la principal razón del déficit del año 2012 ha sido admitida oficialmente y se encuentra incluso contenida en una ley: el presidente decidió terminar las obras que había comenzado a pesar de que dicha terminación no estaba contemplada en la Ley de Presupuesto General del Estado del año 2012. Esto permite explicar porqué el gasto fue mucho mayor después de las elecciones del 20 de mayo, hasta la toma de posesión el 16 de agosto, que de enero a mayo”.
Destaca que a pesar del avance en la aplicación de leyes modernas que regulen el régimen económico y financiero, “hemos podido detectar muy poco respeto por las disposiciones constitucionales y legales adoptadas en esta materia, que prohíben aumentar el gasto público sin la existencia de una ley que lo autorice, o que establezca criterios de economía, planificación, eficiencia, prioridad y sobre todo, transparencia para la asignación del gasto público, y que no fueron respetadas”.
Como también se violó la Ley de Presupuesto que señala que las apropiaciones aprobadas por el Congreso constituyen el límite máximo de gasto, sujeto a la disponibilidad efectiva de los ingresos estimados, lo que en lenguaje sencillo significa “que no se puede gastar lo que no ha ingresado y constituye una barrera legal para impedir la generación de cualquier déficit que no haya sido previamente planificado e incluido en la Ley de Presupuesto General del Estado”.
“El déficit de 2012 ha dejado al descubierto nuevamente que nuestro principal problema no es aprobar nuevas disposiciones legales, sino cumplir las que tenemos, pero en esta ocasión, por la magnitud del déficit, el precio será apurar un trago muy amargo, tal como lo describió el presidente Medina”, dice el informe..
La comisión técnica del CES expresa que el déficit puede ser una herramienta eficiente y a veces necesaria para el manejo de la economía, “pero nos referimos al déficit planificado, presupuestado y no al que surge al margen de las leyes. El concepto de déficit no es sinónimo de corrupción, pero no cabe duda de que no se puede descartar la posibilidad de que la generación de un déficit pueda ocurrir por causas corruptas, incluyendo las violaciones de las leyes destinadas a impedir déficits no planificados”.
Agrega que, “bajo los gobiernos de los tres partidos políticos que nos han gobernado desde 1966, las leyes relacionadas al régimen económico y financiero se hayan violado constantemente, sobre todo en años electorales. Nadie ha tenido que responder por tales violaciones, que raramente son denunciadas, y esta es la causa por la que tales violaciones siguen ocurriendo periódicamente, con consecuencias cada vez mayores para el país y sus habitantes”.
Destaca que hasta el momento no existe una sola sentencia condenatoria por violaciones a estas leyes debido a la complicidad entre los partidos políticos, “que muchas veces imponen la política del borrón y cuenta nueva, lo que impide que este tipo de violaciones llegue a los tribunales o se conozcan tales procesos hasta el final”.
En ese sentido, el documento plantea que los distintos sectores de la sociedad, incluyendo los representados en el CES, deben abrir sus conciencias a la realidad de que no habrá cambios sobre la forma en que se manejan los recursos públicos sin la participación activa y valiente de la ciudadanía a través de los mecanismos de control social y el ejercicio eficaz del derecho al acceso a la información pública.
Sugiere además, que “estos temas deben formar parte esencial de las discusiones que deberán llevarse a cabo en el seno del CES para la concertación de un pacto fiscal integral tal como lo ordena la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, incluyendo la aprobación de un régimen de consecuencias más efectivo y disuasivo que el existente”.
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