A 15 años de la promulgación de la Ley General de Juventud 49-00, ¿Dónde estamos?

Por José Luis Morillo
30 enero, 2015 11:13 am 

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José Luis Morillo.

De los 9.3 millones de habitantes que tiene la República Dominicana  2.7 millones son personas jóvenes con edades  entre los 14 y 35 años. Esta cifra coloca al país como uno de los que tiene  mayor número de habitantes en ese segmento poblacional, según datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), en el 2010.
En más de una década de vigencia, la Ley General de Juventud 49-00 no ha podido ser puesta en práctica por quienes han estado al frente del tren gubernamental.
Durante sus 15 años de creación, esta ley ha visto pasar cuatro gobiernos, los cuales no han mostrado el más mínimo interés por responder a las problemáticas que enfrenta la juventud dominicana, violentando todos los acuerdos, tratados y recomendaciones subscritas por el país, a nivel nacional como internacional.
El clientelismo político ha llegado hasta las puertas de la juventud dominicana, transfiriendo prácticas nocivas, que violentan las buenas costumbres y los principios éticos-morales que una sociedad debe asumir si desea apuntalar hacia el desarrollo de sus recursos humanos. Lo que se traduce en un uso incorrecto de la administración pública, tomando el Ministerio de la Juventud como un espacio para pagar favores políticos con aquellos que apoyaron la campaña electoral.
Esta visión corporativa de la política, ha contribuido a reducir la capacidad de intervención del Ministerio de la Juventud, llevándolo a quedar en simples acciones asistencialistas, cuando su rol fundamental es ser un motor de las políticas públicas dirigidas a los jóvenes.
El resultado de estas prácticas clientelares, se ha reflejado de forma negativa en los indicadores de desarrollo de nuestra juventud, basta con dar una mirada a los informes que señalan los organismos internacionales. Un dato sorprende es que la indigencia subió en el país entre el 2012 y 2013, según el documento “Panorama Social de América Latina 2014”, presentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Este dato es reforzado por el Análisis de la Situación de la Infancia y la Adolescencia en la República Dominicana 2012 (UNICEF),  el cual establece que la pobreza infantil total es de 49.3% y la pobreza extrema en 7.7%.
Esto revela en las condiciones en que viven los jóvenes, llevándolos a un acorralamiento social, que los lleva a entrar en conflictos con la ley, a otros a tener que dejar los estudios y hacer familia a temprana edad.
Un dato revelador es el Informe del Estado Mundial de la Población 2013, muestra que el 24.8 % de las mujeres menores de 18 años en la República Dominicana han estado embarazadas, siendo el tercer país de América Latina con esta situación. FPNU 2013.
Si a esto les sumamos que el desempleo juvenil  se sitúa en un 31 por ciento,  cifra que duplica  el desempleo global que es de un 14.7%, lo que indica  que por cada dos  adultos sin empleo uno  tiene menos de 24 años. OIT 2013.
La participación juvenil que es un elemento fundamental para poder medir una correcta aplicación de la Ley de Juventud y ni decir para poder hablar de un verdadero Estado de Derecho, encontramos que los mecanismos democráticos de participación han sido secuestrados y limitados al uso exclusivo de los partidos políticos, restringiendo el derecho de las grandes mayorías a decidir por figuras que no gozan de credibilidad moral, pues no es fácil poder competir en una sociedad adultocentrica, donde la lucha electoral se constituye en un escenario cargado de manipulación, imposición, chantajes, sobornos y avasallamiento a través del poder del Estado.
Toda la situación anteriormente descrita, nos  hace entender, que el reto es grande y que amerita de mayor compromiso, entrega y formación, para no desmayar en el intento de seguir avanzando en la construcción de una sociedad democrática.
De ahí que el país requiere de serios esfuerzos, para ir mejorando los derechos de este sector poblacional, que sigue siendo el más vulnerable. Para ello se precisan políticas públicas más efectivas, una participación más activa de la ciudadanía y seguir generando un cambio de la cultura de exclusión. El mismo se lograra avanzando en la formación política, para preparar esta generación en principios y valores éticos, apostar a la articulación de la juventud con responsabilidad y que se puedan movilizar en favor de generar los cambios que requiere esta sociedad.