La impunidad tiene sello político
“Que
la impunidad siga de fiesta”, escribió con amarga ironía la fiscal del
Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, como introducción a la noticia
de que un juez ordenó archivar el expediente contra el ex ministro de
Obras Públicas Víctor Díaz Rúa. Y en otro mensaje colocado en su cuenta
de twitter, añadió: “18 meses de investigación, cientos de evidencias,
pero está prohibido judicialmente perseguir la corrupción”.
No habrá olvidado la joven funcionaria
que en mayo del año pasado, con su decisión de archivar la querella
interpuesta contra Leonel Fernández, ella le colocó a la impunidad el
mismo traje. El Primer Juzgado de Instrucción (presidido por el juez
Ramón Hiciano Berroa) la dotó de mejores galas al rechazar el recurso de
oposición sometido por el querellante, el dirigente político y ex
fiscal del Distrito Guillermo Moreno.
El poder que ha acumulado Leonel
Fernández y la podredumbre de un sistema político que se sustenta en un
enorme flujo de dinero sucio, sostienen la fiesta.
A estas alturas, hay que señalar como
beneficiarios de la impunidad al presidente Danilo Medina y al
procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito.
Al cumplirse cien días de su gestión y
estando en auge la demanda de que sea procesado por corrupción Leonel
Fernández, Danilo Medina dijo descaradamente que no debemos “tirar
piedras hacia atrás”. Además, alentó desde el Estado la desarticulación
del movimiento utilizando la intimidación y otorgando nombramientos y
otros beneficios a varios de sus voceros. Actuó en su condición de
miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana.
Domínguez Brito, quien también es alto
dirigente del PLD, está al frente de un Ministerio Público esencialmente
corrupto y mantiene inoperantes los organismos de lucha contra la
corrupción.
Si no figura como beneficiaria (¿?),
indudablemente puede ser incluida entre las personas comprometidas con
la impunidad la fiscal Yeni Berenice Reynoso.
Su lamento es puramente personal. Intenta limpiar su imagen sin romper su compromiso con Leonel Fernández y con Danilo Medina.
Lamenta que, en este caso, tras varias
disputas con jueces y una ardua labor de investigación, haya sido tirado
al suelo su trabajo de 18 meses.
Pero en mayo del año pasado dijo sin
amargura que es imposible “perseguir penalmente a nadie por cometer
actos que riñan contra la ética o la moral, si el legislador no los ha
convertido en tipos penales sancionados”.
Las manos atadas
Los factores que le impidieron a Yeni
Berenice Reynoso percibir algo sancionable en la conducta de Leonel
Fernández y en el origen y desarrollo de la Fundación Global Democracia y
Desarrollo, le impidieron al juez Leomar Leonardo De La Cruz ver dolo
en las acciones de Víctor Díaz Rúa.
En octubre pasado, la Confederación de
Abogados, presidida por Yuniol Ramírez Ferreras, desistió de una
querella alegando que los documentos que presentó Díaz Rúa dejan claro
que no hubo dolo en las trece adendas colocadas a un contrato suscrito
para el transporte, almacenaje y manejo de materiales asfálticos (AC-30)
entre el Ministerio de Obras Públicas con la empresa Sargeant
Petroleum, LTD, representada por el ingeniero Mustafa Abu Naba’a.
¿Utilizó la CONA cristales del mismo
color que los de ciertos funcionarios? Otra querella presentada por
varios ingenieros, en diciembre pasado fue retirada. ¿Funcionó, acaso,
la misma receta? Quedaba en vigencia la presentada por la Fundación
Primero Justicia.
La mención de los nombres de los
ejecutivos de Sargeant Petroleum (Mustafa Abu Naba’a y Ala’a Al-Ali),
remite a escándalos por donaciones de sucio origen en las campañas de
Charlie Crist, John McCain, Rudolph Giulliani y Hillary Clinton, en
Estados Unidos. ¿Quién investiga sus vínculos aquí?
El hijo de Mustafá (Karim), ex novio de
la hija mayor de Leonel Fernández (Nicole), ha burlado en más de una
ocasión la Justicia (tras acusaciones de amenaza, estafa y otros
delitos) y ha mostrado armas y pertrechos militares cuya posesión por
civiles es ilegal.
La mención del nombre de Leonel
Fernández es inevitable. Y hay que mencionar también a Hipólito Mejía,
el otro expresidente que ha recibido favores políticos de Karim Abu,
señalado como uno de sus financiadores.
La podredumbre del sistema alimenta la impunidad y crece con ella.
Franklin Almeyda, Rafael Alburquerque y
Radhamés Jiménez Peña, entre otros colaboradores de Leonel Fernández, se
han pronunciado en defensa de Víctor Díaz Rúa.
¿Por qué no identifica Yeni Berenice a
quienes la presionan? ¿Por qué se niega a reconocer que el fracaso de la
lucha contra la corrupción radica en que la misma es consustancial al
sistema de privilegios?
Si la joven magistrada (no ha cumplido
aún los 32 años) renunciara en las próximas horas, quedaría la
interrogante de por qué no lo hizo antes de estampar su firma en la
decisión de archivar el expediente contra Leonel y por qué no pone
nombres y apellidos a quienes le impiden, de hecho, luchar contra la
corrupción.
¿Por qué no contribuye a hacer visible
el delito revelando los vínculos a través de los cuales el jordano Abu
Naba’a y su socio Al-Ali lograron posicionarse en el negocio del
petróleo y en el de asfalto en el país? ¿Qué sabe ella acerca de la
responsabilidad que tienen en esa situación Leonel Fernández, Hipólito
Mejía y Miguel Vargas Maldonado?
Está prohibido, como dice ella, hurgar en la corrupción, pero esa prohibición no es judicial, es política.
Procesar a Víctor Díaz Rúa, quien
gestiona las finanzas del PLD, es destapar el pago de favores políticos,
de activismo politiquero y de trabajo sucio, y descubrir la marca de
gobiernos corruptos entre los cuales hay que mencionar al que preside
Danilo Medina.
¿Enfrentará la fiscal a los sectores que
la han posicionado en el sistema de privilegios? ¿Se habrá dado cuenta
de que para limpiar su imagen tendrá que hacer lo necesario para desatar
sus manos? Ojalá…
Por Lilliam Oviedo
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