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hace 11 horas
INSURGENTE.ORG – Con 124 votos a favor, 11 en contra y 41 abstenciones, la Asamblea General de la ONU ha aprobado la ...
Industria minera en Centroamérica produce mitos y realidades trágicas
Asimismo, la incesante demanda de mineral de hierro para la
producción de acero crudo de parte de China, el mayor consumidor mundial
de este elemento, sumado a la aprobación de varias directrices en
países del norte, ante el agotamiento de materias primas y su obligación
a garantizar el abastecimiento de minerales industriales para sus
economías, profundizó aún más la expansión de la actividad minera en
América Central.
De acuerdo con el estudio de 2011 “Impactos de la minería metálica
en Centroamérica” del CEICOM (Centro de Investigación sobre Inversión y
Comercio), el 14% del total de territorio centroamericano está
concesionado a empresas mineras, sobre todo de capital canadiense. El
Resumen Ejecutivo del Informe presentado a la CIDH (Comisión
Interamericana de Derechos Humanos) sobre los impactos de la minería
canadiense, aclara que entre el 50% y el 70% de la actividad minera en
América Latina está a cargo de empresas canadienses.
Honduras, Nicaragua y Guatemala son los países con más kilómetros
cuadrados de territorio concesionados y con más concesiones mineras
otorgadas a empresas, tanto nacionales como transnacionales.
El país con mayor número de concesiones es Honduras. El
“Diagnóstico de la Situación Minera en Honduras 2007-2012”, realizado
por el ICEFI (Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales), evidencia
que actualmente hay 72 concesiones mineras metálicas ya otorgadas y 102
solicitudes presentadas. Sin embargo, el Cehprodec (Centro Hondureño de
Promoción para el Desarrollo Comunitario) asegura que existen 837
proyectos mineros potenciales -metálicos y no metálicos-, que en
términos territoriales significarían casi el 35% del territorio
nacional.
En otro diagnóstico presentado el año pasado, el ICEFI reveló que
en Guatemala hay 107 concesiones mineras metálicas ya otorgadas y 359
nuevas solicitudes. Si a esos datos sumamos los proyectos no metálicos,
el total llega a la cantidad abrumadora de 973 proyectos. Los
movimientos sociales y populares guatemaltecos alertan que el área total
concesionada a empresas mineras supera los 32 mil km², es decir casi el
30% del territorio guatemalteco.
Nicaragua enfrenta una situación muy parecida. En el informe
“Estado actual del sector minero y sus impactos socio-ambientales en
Nicaragua 2012-2013”, la organización ambientalista Centro Humboldt
reveló que la superficie total concesionada es de casi 18 mil km², es
decir el 13.5% del territorio nacional, con un total de 446 proyectos
mineros.
El Salvador y Costa Rica viven situaciones diferentes. En El
Salvador hay un total de 29 proyectos mineros metálicos -más 36 no
metálicos-, pero ninguno de ellos se encuentra en fase de explotación. A
partir de 2008, varias organizaciones de la sociedad civil salvadoreña
iniciaron un minucioso y profundo trabajo de contrainformación, para
incidir en la opinión pública sobre los efectos perversos de la minería
metálica.
De esta manera buscaban contrarrestar la campaña mediática pro
minería, promovida con fuerza por las empresas que estaban desarrollando
proyectos explorativos, con el apoyo de los grandes medios de
información corporativos y los partidos políticos de la derecha
salvadoreña. En este intento, las organizaciones sociales coincidieron
con el recién electo presidente Mauricio Funes (2009-2014), apoyado por
el partido FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional),
que condujo al establecimiento de una moratoria ‘de facto’ sobre la
minería a cielo abierto.
La decisión del nuevo gobierno y del partido izquierdista
salvadoreño en la Asamblea Legislativa de no otorgar ningún permiso de
explotación minera, permitió volver a introducir en la agenda
parlamentaria la discusión de un proyecto de ley integral, que
permitiese definir un marco legal específico para reglamentar cualquier
tipo de extracción.
“Lamentablemente, la visión extractivista de los otros partidos ha
atrasado lo que consideramos un paso urgente y necesario. Sin embargo,
el nuevo presidente Salvador Sánchez Cerén ya se declaró abiertamente
contra la minería metálica, dándonos la oportunidad de seguir
insistiendo en la urgencia de discutir ese tema”, dijo a Opera Mundi la
diputada del FMLN y secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio
Climático, Lourdes Palacios.
Mientras tanto, en 2010, tras una larga campaña de concientización y
movilización nacional, la Asamblea Legislativa de Costa Rica votó, por
unanimidad, la prohibición en su territorio de la minería a cielo
abierto, así como el uso de cianuro y mercurio en la actividad minera.
Falsos mitos
Recientemente, Managua fue sede del I Congreso Internacional de
Minería, donde delegaciones de gobiernos, empresas mineras, expertos de
la ingeniería y geología de más de 25 países de América Latina, Europa,
Estados Unidos y Canadá, debatieron sobre innovaciones, programas,
adelantos en materia técnica y geológica en la exploración y explotación
minera.
Paralelamente, organizaciones sociales y populares de toda América
Central realizaron un foro regional alternativo por la defensa de los
bienes comunes, donde denunciaron los falsos mitos que rigen la
industria minera, así como los graves impactos socio-ambientales que
esta actividad y el modelo extractivista en general dejan tras de sí.
Un primer mito es que la explotación minera genera bienestar y
desarrollo. “Se trata de un desarrollo artificial. Las empresas mineras
se instalan en un territorio por un tiempo determinado, dedicándose a la
extracción de un recurso no renovable. A medida que el recurso se
agota, la inversión y todo lo que se había generado desaparece, y lo que
queda son pueblos fantasmas, retroceso económico y devastación
ambiental”, dijo a Opera Mundi,Pedro Landa, miembro del Cehprodec.
Además, las empresas pagan una regalía muy baja por cantidad
extraída y su contribución al fisco es prácticamente insignificante. De
esta manera, dejan al país una cantidad mínima de recursos si se compara
con el valor de exportaciones generado.
En Nicaragua, por ejemplo, el oro se ha convertido en 2013 en el
principal rubro de exportación con más de 442 millones de dólares. Sin
embargo, la regalía del 3% del valor extraído resulta insignificante
frente a las enormes ganancias de las compañías mineras. “Dejan las
migajas y se llevan el grueso del dinero. Además, no les importa lo que
pasa después. Cuando el oro se acaba, abandonan las minas y los pocos
empleos que se han generado, dejando solamente desolación y daños
ambientales”, explicó Tania Sosa del Centro Humboldt.
En definitiva, la contribución de la actividad minera a la economía
nacional de los países centroamericanos sigue siendo marginal,
oscilando entre el 1.25% del PIB (Producto Interno Bruto) de Honduras y
el 2.5% de Nicaragua. “Si comparamos estos datos con la actividad
agrícola, que en Honduras representa casi el 40% del PIB, es evidente
que estamos ante una política errada que está destinada al fracaso”,
dijo Landa.
Un segundo mito de la minería es la generación masiva de empleo.
Estudios realizados por el Cehprodec demuestran que las empresas mineras
medianas, como las que operan en América Central, generan, en su
período de mayor explotación, entre 250 y 300 empleos directos y unos
1,200 indirectos.
En Honduras, por ejemplo, la participación de la minería en la
generación de empleo absorbió un promedio del 0.2 % de la PEA (Población
Económicamente Activa), es decir un poco más de 6,300 puesto de
trabajo. En Nicaragua y en Guatemala este porcentaje va un poco más allá
del 2%.
Además, se trata de empleos informales, no calificados, mal pagados
y esporádicos. “Las empresas operan un promedio de entre 10 y 15 años y
después se mudan, o comienzan a generar una serie de traspasos de
dueños para crear un ‘velo corporativo’, que no permita identificar
quien es el propietario. De esta manera, ocultan a los responsables de
los impactos ambientales que, paulatinamente, comienzan a aparecer”,
agregó el directivo del Cehprodec
“Minería verde”
La generación de una minería amigable con el ambiente, una “minería
verde”, representa la tercera gran mentira y el espejismo que el
capital transnacional pretende presentar como una realidad.
“Mundialmente es ampliamente conocido que la minería es una
industria desastrosamente contaminante, genera daños que probablemente
nunca puedan resarcirse. En un país tan pequeño y, a la vez, tan poblado
como El Salvador, la minería y el uso de grandes cantidades de agua y
de venenos tienen un fuerte impacto ambiental en cuanto a la destrucción
del ecosistema”, sostuvoRicardo Navarro, presidente del CESTA-Amigos de
la Tierra(Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada).
En efecto, las empresas mineras necesitan de mucha agua para
realizar sus labores. De acuerdo con la publicación del Centro Humboldt
“La minería o el poder del dinero”, estas empresas gastan en un día lo
que una familia campesina consumiría en 20 años.
Además, para realizar el proceso de lixiviación y separar el oro de
la roca en las minas a cielo abierto se usa el cianuro, un veneno
altamente tóxico cuyo uso en minería ya fue prohibido por la Unión
Europea a partir de 2010. Este modelo ocasiona también graves
contaminaciones con metales pesados como plomo, arsénico, mercurio, zinc
y aluminio.
Según el CEICOM, por cada onza de oro se remueven 20 toneladas de
roca, se usa un promedio de 4 kg de cianuro de sodio y se desperdician
28 mil litros de agua por segundo. Además, por cada gramo de oro se
requieren dos o tres de mercurio. El agua envenenada va a parar a grades
pilas, donde se queda temporalmente para después ser vertida en ríos y
quebradas.
“Las empresas mineras aseguran que con el uso de la nueva
tecnología se puede generar una minería amigable con el ambiente. Hasta
juran que, al final de la explotación minera, las zonas estarán en
mejores condiciones a la que estaban antes. La verdad es que este
proceso acelera la degradación y destrucción socio-ambiental de la
zona”, advirtió Pedro Landa.
El especialista en temas mineros relató que, en Honduras, existen
alrededor de ocho “pasivos ambientales”, es decir minas que nunca fueron
tratadas adecuadamente y que hoy están generando graves problemas de
salud. Asimismo, se registran otros impactos graves, como la
deforestación, la contaminación del aire por el polvo que se genera de
las explosiones, la pérdida de la capa fértil de los suelos.
“En la zona de Valle de Ángeles, una zona muy turística en las
afueras de Tegucigalpa, hay una mina que cerró hace más de 40 años y que
continúa generando una cantidad inimaginable de contaminación de aguas
acidas. Son montañas de desechos donde hay de todo: mercurio, plomo,
arsénico, cadmio, aluminio, hierro. Cuando llueve, de estos cerros sale
agua de color sangre por la cantidad de metales pesados que trae”,
resaltó Landa.
Daños a la salud
Para el doctor Juan Almendarez, director del CPTRT (Centro de
Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Victimas de la Tortura) y ex
rector de la UNAH (Universidad Nacional Autónoma de Honduras), uno de
los problemas más críticos es el de los impactos sobre la salud.
“Para determinar si hay o no contaminación no podemos seguir
pensando en la salud desde un enfoque capitalista y reduccionista,
basado únicamente en valores mínimos y máximos que decide la Agencia
Ambiental de Estados Unidos. Tenemos que ver la salud como una totalidad
de la vida y de los seres vivos. En este sentido, lo que la minería
altera gravemente y destruye es la totalidad de la vida de un lugar, de
una comunidad”, dijo Almendarez.
En los casos emblemáticos del Valle de Siria, en Honduras, y de San
Miguel Ixtahuacán, en Guatemala, lo que la explotación minera dejó
fueron graves problemas de la piel, partos prematuros, malformaciones
congénitas, abortos, pérdida de la vista y caída del pelo. “¿Quién va a
responder por todo estos atropellos a la salud humana?”, se preguntó el
exrector.
Criminalización de la protesta
En toda América Central, los procesos organizativos comunitarios y
la protesta contra la expansión minera han sido constantemente
criminalizados y judicializados. Eso ha generado decenas de conflictos
sociales que han dejado un saldo dramático de centenares de personas
perseguidas, reprimidas y encarceladas. También se registra el asesinato
de varios líderes comunitarios y activistas campesinos e indígenas
comprometidos con la lucha antiminera.
“Son estrategias que vulneran los intereses individuales y
colectivos, entre otros, el derecho a la integridad personal, a la
salud, a la alimentación, a la propia vida. Militarizan las zonas de
explotación minera, dividen las comunidades, les niegan una consulta
previa, libre e informada, criminalizan su protesta y la defensa de sus
derechos, profundizan las amenazas, el hostigamiento, la represión y la
violencia”, dijo Julio González deMadre Selva Guatemala.
Según él, las empresas fomentan, descaradamente, la compra de
conciencias y la criminalización de los líderes comunitarios. “El modelo
extractivista va en perjuicio de los pueblos, golpea la vida de las
comunidades, desarticula los procesos organizativos, violenta los
derechos del campesinado y de los pueblos originarios”, ahondó el doctor
Almendarez.
Para el reconocido defensor de derechos humanos, la sola respuesta
posible es más organización y articulación a nivel regional. En este
sentido, el Movimiento Mesoamericano contra el modelo extractivo Minero
(M4) es un ejemplo de articulación de organizaciones “que han tomado
como base el análisis del modelo extractivo minero del sistema
capitalista, para combatirlo y contrarrestar su avanzada”, agregó el
director del CPTRT.
Estados coludidos
Esta situación y los efectos que se están viendo en las sociedades
centroamericanas no serían posibles sin una corresponsabilidad de las
autoridades nacionales. Una de las estrategias usadas es la supeditación
de la legislación nacional a los intereses del capital minero, para así
contener y criminalizar la protesta social. En muchos casos, estas
leyes o reglamentos no solo rozan con la Constitución Políticas de los
países, sino que violentan repetidamente el Convenio 169 de la OIT
(Organización Internacional del Trabajo) sobre pueblos indígenas y
tribales en países independientes.
“Es de esperar que las autoridades estén al lado de los pueblos,
sin embargo el bien común no se garantiza apoyando a un modelo económico
que no asegura el bien para todos. Lo que hacen es poner una alfombra
legal para que las empresas puedan seguir operando, con más privilegios,
a costa de los derechos colectivos e individuales”, aseguró Julio
González.
Para Byron Garoz, del Colectivo de Estudios Rurales CER Ixim, en
Guatemala hay un endurecimiento de la situación político-institucional,
donde todos los poderes del Estado se juntan para perseguir a la
dirigencia indígena y campesina. “Su apuesta es desruralizar y
desagrarizar a Guatemala, convirtiéndola en un país de ciudades
intermedias donde se desarrolla el urbanismo y se destina el área rural
para las actividades extractivistas. Todo esto está generando más
conflictividad y represión”, dijo.
También en Honduras, la aprobación de una nueva Ley de Minería ha
generado problemas muy serios. “Desde que el año pasado entró en
vigencia la nueva legislación, ya contamos con 11 asesinatos
relacionados directamente con la minería. Más de 60 personas han sido
judicializadas por oponerse a la actividad minera”, reveló Landa.
En El Salvador, la resistencia contra la minería en Cabañas sufrió
una violenta represión en los años pasados, dejando un saldo trágico de 4
activistas asesinados. Asimismo, la UDEFEGUA(Unidad de Protección a
Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala) reveló que se
está asistiendo a un incremento sin precedentes de los ataques contra
defensores, incluyendo a varios casos de asesinato de líderes
comunitarios que encabezan movimientos contra la minería.
“El modelo extractivista o corporativo se está convirtiendo en una
profundización del modelo neoliberal, donde las corporaciones cooptan
los Estados, los desaparecen institucionalmente y asumen el control de
las políticas nacionales”, concluyó Pedro Landa.
conexihon.hn
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