Sabor a impunidad
Era de esperarse, en su condición de máximo representante del Ministerio Público, que el doctor Francisco Domínguez Brito diera garantías al país de que los involucrados en actos de corrupción en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) serán sancionados drásticamente, pero esas declaraciones, aunque oportunas, ni convencen ni tranquilizan. Y la razón hay que buscarla en el pobre average, para decirlo en términos deportivos, del Procurador General de la República frente a la corrupción de gran calado, la que involucra a los peces gordos, la que está desangrando las arcas nacionales. Por eso puede decirse que la garantía de “sanciones drásticas” a los responsables de la “mafia” en la OISOE ha sido recibida con escepticismo y desconfianza por los ciudadanos, a los que la experiencia ha enseñado que en materia de corrupción la impunidad es la regla. ¿Será diferente esta vez? Hasta ahora los funcionarios que han sido señalados y acusados por el Ministerio Público, a los que un juez acaba de enviar a La Victoria en lo que que continúan las investigaciones y se arma (o de desarma) el expediente, son simples intermediarios, muchachos de mandado que seguían las directrices de gente que todavía se mantiene a la sombra, libre de culpas. ¿Quién va a creer que esos intermediarios son los únicos responsables si ayer los fiscales que investigan el caso revelaron que se utilizaban hasta helicópteros para ir a las obras y presionar a los ingenieros? El país observa atento, pero sin esperanza, este nuevo capítulo de la interminable historia de saqueos y latrocinios de los que ha sido víctima el Estado dominicano, por lo que a nadie sorprenderá si el desenlace resulta otro gran fiasco aderezado con el amargo sabor de la impunidad.
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