Corrupción, impunidad sistémica y poder de la educación

“Llegará un día en que nuestros hijos, llenos de vergüenza, recordarán estos días extraños en los que la honestidad más simple era calificada de coraje.”

Yevgeny Yevtushenko.- Poeta y pensador.

Existe en gran parte de la sociedad española un profundo sentimiento de frustración derivado de la creencia, la sospecha y hasta la certeza, de que tras varios años de crisis generalizada nada se ha aprendido desde el PODER con mayúsculas y poco se ha hecho realmente para que comportamientos vergonzosos y poco éticos se dejen de producir (al menos) en nuestras instituciones públicas. Utilizo un término que creo representa la opinión de gran parte de la sociedad española: los causantes de la crisis del sistema gozarán a la larga de total IMPUNIDAD.

Que padecemos una situación de pérdida generalizada de confianza en el actual sistema no es nada novedoso, la crisis empezó siendo económica, para pasar a ser posteriormente de una dimensión social y terminar destapando las carencias éticas y la falta de MORALIDAD PÚBLICA, atributo este indispensable en una sociedad democrática que se precie de serlo. Cuando invoco el concepto de moralidad, no me refiero a una moralidad de índole religiosa, me refiero a una moral laica en la línea de las tesis de Emile Durkheim “Es esta moral la que permitirá el funcionamiento de las sociedades internamente diferenciadas, ya que a la particularidad de cada sujeto se le antepondrá siempre un objetivo social que dé sentido a la propia vida individual” La situación actual debe ser analizada con una amplia perspectiva histórica, ya que la vida democrática del país y el futuro de todos nosotros como ciudadanos, no está (sólo) en los juzgados, ni en las sentencias ejemplarizantes que el Estado de Derecho nos pueda aportar.

Los condenados, los imputados y las empresas, partidos políticos, sindicatos, diputaciones, ayuntamientos o cualquier otra organización que dan cobertura a alguno de los corruptos, no están haciendo nada para que el sistema institucional cambie las reglas del juego y aporte control y claridad. Realmente no creo que exista un reconocimiento de conducta deshonesta, ni siquiera de mala praxis profesional. Existe un reconocimiento formal de las sentencias y un repetido y rutinario respeto a las decisiones de los tribunales, que luego se matizan de tal manera que o bien terminan siendo manipuladas, o vaciadas de todos sentido ejemplarizante y reparador.

Sí el concepto de moral pública no se convierte en un valor en alza, sí la honestidad no se interioriza como parte de la escala de valores que nos debe representar a todos, repito, si esto no ocurre, vaticino que muchos de los implicados en casos de corrupción y que han realizado prácticas deshonestas como servidores públicos, o como responsables de empresas, aparecerán de nuevo integrados de una u otra manera en el “Sistema” y gestionando fondos públicos con total IMPUNIDAD. La mayoría de ellos no lamentan lo que hicieron, sólo lamentan que los “pillaran”. Así es difícil una regeneración democrática y ética como la que nuestro país necesita.

Por otra parte, no es cierto que España tenga en su estructura social connotaciones negativas que impidan “per se” que la democracia se desarrolle como en otros países de probada y dilatada experiencia democrática. No es una cuestión cuasi-genética o de talante lo que impide el desarrollo normalizado de un Estado de Derecho.

El problema de nuestro país tiene distintas vertientes a cuestionar; desde el modelo económico, hasta el papel que jugamos en la UE, pasando por la necesidad de analizar con la perspectiva que da el tiempo, una sobrevalorada TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA que a fuerza de buscar el consenso a toda costa, impidió cierta ruptura cultural con determinados vicios y carencias propios de la España franquista y autocrática. Uno de los déficits que más daño está haciendo a la verdadera modernización de nuestro país es la falta de una educación con sentido de Estado.

No ha existido en España  como tal, una educación integral que desarrollara al individuo como ciudadano y que diera la importancia que requiere a  la capacidad de reflexión, la disciplina, el trabajo bien hecho y el respeto por todo lo público y solidario. Esa carencia ha dado lugar a la formación de individuos sin un verdadero espíritu crítico, más preocupados muchos de ellos, como es normal, por instalarse en el mundo del trabajo, el consumo y los mercados y menos por entender el importante papel que juega cada persona como ciudadano de pleno derecho. Por tanto, parte de los problemas referentes a comportamientos poco éticos de nuestros dirigentes y la manera patrimonialista en que entienden el servicio a la comunidad, emana de una deficiencia estructural de índole educativa que no impide pero sí dificulta, socializarse en la buena praxis como servidor público y en cualquier faceta de nuestro desarrollo personal público o privado.

Insisto en que la educación es un elemento de máxima importancia en la conformación del carácter respetuoso de una nación por sus instituciones y viceversa. Países como Francia o Inglaterra (con sus deficiencias, por supuesto) son ejemplos clásicos que han definido un sistema característico de enseñanza que hace hincapié en el papel de la ciudadanía y donde los valores democráticos forman parte del itinerario curricular de sus jóvenes. Es cierto que se trata de países con sistemas democráticos muy experimentados y dinámicos, lo que es siempre una circunstancia a tener en cuenta en el tratamiento de cuestiones de Estado. Estas sociedades no son ni mejores ni peores que la española, pero mantienen la ventaja de haber comprendido la importancia estratégica de la educación y de haber dedicado tiempo y recursos a consolidar un sistema eficiente, estable y con sentido institucional. Puede que cuenten con la ¿ventaja? añadida de ser sociedades cultural e históricamente más homogéneas que la nuestra y aunque no deben ser idealizadas, (comparten, aunque en menor medida, corrupción y deficiencias de la actual crisis de representatividad del sistema político de la UE), son sociedades que nos superan en conciencia ciudadana debido ­a una amplia y consolidada base en cuestiones de ciudadanía y valoración del interés general.

El problema de corrupción es España no es coyuntural, es algo más serio, se centra en deficiencias estructurales que necesitan respuestas desde dentro del aparato del Estado. Para ello debemos decir claramente que (con ser grave), la dificultad no está en la imputación de tal o cual presidente de una caja de ahorros, del presidente de una comunidad autónoma, del presidente de una patronal, ni tampoco de un líder sindical con nombre y apellidos. El problema de la corrupción deviene de la descomposición y falta de control democrático que ejercen determinadas instituciones del Estado y que crean el contexto adecuado para que se respire IMPUNIDAD sistémica y para que dichas conductas individuales sean posibles.

En el diseño de la Constitución Española de 1976 se tomaron como punto de referencia para articular la vertebración del nuevo Estado de Derecho, la  Constitución Alemana de 1949, la Constitución Italiana de 1947 y la portuguesa de 1976. La estructura institucional o territorial de un Estado se puede emular, sus instituciones de control y desarrollo democrático se pueden imitar, (no somos tan distintos), pero no es tan fácil como “cortar y pegar”, hace falta que de dichas instituciones emanen los elementos éticos que garanticen su funcionamiento. Por el contrario, en España la falta de rigor y la estructura deficiente de algunos Organismos Públicos son la punta de lanza del nepotismo y de muchas de las ineficiencias y corruptelas. No existe en nuestra sociedad de manera generalizada un ETHOS MORAL que se interiorice y que suponga una pauta de conducta indispensable para cualquier ciudadano. Estas carencias y disfunciones penalizan el correcto trabajo de muchas Instituciones. A modo de ejemplo:

• Tribunal de Cuentas (TC): obsoleto, falto de medios y  sobrado de componentes partidistas.
• Banco de España (BE): inoperante como supervisor bancario, permisivo y politizado.
• Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV): ineficaz, lenta, subjetiva.
• Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC): permite oligopolios encubiertos.
• Sistema de Justicia (TS y TC) lentitud, falta de medios y contaminado por el poder político.
• Sistema Político: inoperante, contaminado por el poder económico y la desafección.
• Partidos Políticos: estructuras obsoletas, corrupción y alejamiento de la base social.
• Patronales y Sindicatos: burocratizados, faltos de representatividad, corruptelas.
• Ley de Bases de Régimen Local:(LBRL) inoperante, inconclusa, impide el rigor.

Añadiré también el cambio de rol de unos medios de comunicación victimas de procesos de fusión y luchas empresariales que han abandonado o malinterpretado (salvo honrosas excepciones) su papel como contrapoder, o al menos como elemento coadyuvante a la buena salud del sistema democrático.

Nada está perdido, debemos ponemos en marcha hoy, debemos modificar hábitos y retomar nuestra conciencia ciudadana. Exigir la honradez como un requisito irrenunciable en la vida pública y como patrimonio social de nuestras instituciones,  y por encima de todo, educar a las próximas cohortes de españoles en el respeto a la comunidad y en la gestión escrupulosa de los recursos públicos.

Columnista Guillermo Garoz Lópe