La Comisión tiene la intención de multiplicar los permisos para cultivar plantas genéticamente modificadas, dejando a los Estados la libertad de prohibir dicha práctica. Con esta medida pretende satisfacer a los países que desean desarrollar estos cultivos y al mismo tiempo permite evitarlos a los que son contrarios.
Hervé Morin | Philippe Ricard
¿Ha encontrado acaso la Comisión europea el medio de desbloquear por fin el espinoso asunto de los OGM? El Viejo Continente, reacio a las plantas genéticamente modificadas, sólo cultiva 100.000 hectáreas, contra los 134 millones que se cultivan en el resto del mundo. Y el presidente de la Comisión, José Manuel Barroso, nunca ha ocultado que desea poner fin a esta excepción. Bruselas examina la posibilidad de acordar una mayor flexibilidad legal para sus Estados miembros con el fin de prohibir los cultivos de semillas de OGM, aun cuando éstas estén autorizadas a nivel europeo. Como contrapartida, los países contrarios a las biotecnologías cesarían de bloquear la aprobación de nuevas variedades transgénicas. Se espera que se presente una propuesta más concreta el próximo mes de julio por parte del comisario a cargo de la salud, John Dalli, la cual deberá ser aprobada acto seguido por el Consejo y el Parlamento europeos. Sin embargo, Francia ha solicitado que el asunto sea abordado el próximo viernes 11 de junio, aprovechando la celebración de un consejo sobre medio ambiente en Luxemburgo.

Ocho Estados ya se han opuesto al cultivo de OGM en su territorio

Pero concretamente, ¿cuál es el dispositivo legal que se pretende alcanzar? Dalli pretende modificar la legislación actual con el fin de que los Estados puedan prohibir los OGM sin estar obligados a introducir una cláusula de salvaguardia. Esta cláusula derogatoria (“opt-out”) podría ser invocada por los gobiernos, sin justificación particular, para prohibir un determinado cultivo. El objetivo está claro: preservar el sistema europeo actual de permisos para los cultivos de OGM, concediendo a los Estados miembros más autonomía, en particular de carácter político. En esta fase, las cláusulas de salvaguardia deben estar en efecto motivadas por razones sanitarias o medioambientales. Cuando éstas no existan, la Unión Europea se expone a ser denunciada ante la Organización Mundial de Comercio (OMC).
En marzo, el Colegio de Comisarios europeos puso fin a un largo bloqueo, aprobando el cultivo de la patata Amflora, lo que constituye la segunda autorización en Europa tras la del maíz MON 810 de Monsanto, decisión criticada por los defensores del medio ambiente. En aquel momento, Dalli prometió precisar sus puntos de vista sobre el dispositivo europeo antes del verano. Los eurócratas constatan que el marco actual no ha impedido que ocho países, entre los cuales están Francia, Austria, Alemania y Hungría, se opongan al cultivo de los OGM en el territorio por medio de una cláusula de salvaguardia. En cuatro casos, la Comisión ha intentado que se levanten estas prohibiciones, cuya validez científica ha sido puesta en tela de juicio por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), pero los Estados han rechazado estas propuestas.

Sólo cultivos sin riesgo de contaminación

El nuevo enfoque pretende combinar la modificación del marco legislativo actual con una nueva recomendación en torno a la coexistencia de cultivos de OGM y sin OGM. Por otro lado, la Comisión intenta reducir el impacto de esta reforma sobre el mercado interior: la comercialización y los intercambios de productos OGM no pueden limitarse, el “opt-out” sólo concierne a los cultivos. “El libre intercambio de semillas de OGM autorizadas (...) debe permanecer sin trabas en el marco del mercado interior”, indican los documentos de la Comisión, la cual no prevé refundir la EFSA, cuyo funcionamiento ha sido objeto de vivas críticas. París se ocupa, por ejemplo, de que estas nuevas propuestas no obstaculicen la hoja de ruta adoptada por unanimidad por los Estados miembros bajo presidencia francesa de la Unión, a finales de 2008, con el objeto de revisar más a fondo el proceso de autorización y el funcionamiento de la EFSA.
El Ministerio de Agricultura francés se opone a la introducción del principio de subsidiaridad sobre el cultivo de OGM, el cual podría introducir distorsiones de competitividad, según se comenta. En cuanto a los asuntos ecológicos, se insiste en el objetivo perseguido a través de la cláusula de salvaguardia: asegurarse de que se puede cultivar sin riesgo de contaminación. Un miembro de Greenpeace Francia, Arnaud Apoteker, opina que detrás de su aspecto “seductor”, estas propuestas ocultan una trampa: “El texto deja claro que lo que se pretende es acelerar los permisos. Ahora bien, la evaluación de los OGM no se está llevando a cabo de manera satisfactoria actualmente.”
En cambio, para James Borel, vicepresidente ejecutivo del grupo agroquímico norteamericano DuPont, la proposición de Bruselas representa “un gran paso adelante”, aunque no sea “ideal”. Sobre la mesa del comisario Dalli se hallan ya tres solicitudes de autorización para el maíz BT 11 del grupo suizo Syngenta, el maíz BT 1507 del grupo norteamericano Pioneer (filial de DuPont) y el maíz MON 810, del también estadounidense Monsanto, para prorrogar su autorización