Las razones de Argentina para no pagarles a los "fondos buitre"
Última actualización: Lunes, 30 de septiembre de 2013
La Corte Suprema de Estados Unidos comenzará a estudiar este lunes si acepta o no el caso de Argentina, que pidió al Tribunal revisar un fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que lo obliga a pagar casi US$1.500 millones a un grupo de acreedores internacionales.
Los beneficiados son inversores privados liderados por los fondos de inversión NML Capital y Aurelius Capital Management, que ya habían obtenido un fallo favorable en primera instancia del juez de Nueva York Thomas Griesa.
Los llamados "fondos buitre" –como los definen muchos, incluyendo a Argentina– forman parte de los holdouts, como se conoce a los bonistas que se rehusaron a ingresar a los dos canjes de deuda que realizó el país en 2005 y 2010.
A pesar de que, a primera vista, el dinero que se les debe no representa una suma importante para Argentina (que tiene cerca de US$35.000 millones en reservas), hasta ahora el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se ha rehusado tajantemente a pagarles.
En cambio, el gobierno argentino ha mantenido a rajatabla el pago de los vencimientos de deuda del 93% de acreedores que sí aceptaron reestructurar su deuda, un cumplimiento que ha demandado un enorme esfuerzo económico al país.
La decisión de no pagarle a los "fondos buitre" podría perjudicar fuertemente a Argentina si pierde su caso en los tribunales estadounidenses ya que, según muchos analistas, llevaría al país a un nuevo default por incumplimiento del pago de su deuda.
Este panorama representaría un gran retroceso para Argentina y echaría por tierra muchos de los esfuerzos que hizo el país desde que protagonizó el mayor cese de pagos de deuda soberana de la historia, en 2001.
¿Por qué entonces se ha rehusado el gobierno argentino a pagarle a los fondos?
Los reparos podrían dividirse en dos tipos: el moral y el económico.
"Víctima serial"
Argentina ha dejado en claro sus objeciones a pagarle a grupos que se benefician de la especulación financiera (a los que llama "caranchos"), que, según su visión, quisieron aprovecharse de la peor crisis económica en la historia de Argentina para enriquecerse a costa de los habitantes del país.
En un discurso la semana pasada ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, la presidenta argentina aseguró que su país es "una víctima serial de las leyes no escritas de los lobbystas, de las calificadoras (de riesgo) y de los fondos buitre".
La frase no fue casual: en su fallo adverso en agosto pasado la Cámara de Apelaciones de Nueva York había definido a Argentina como un "deudor recalcitrante".
"Más que un deudor recalcitrante el país es un pagador serial", respondió Fernández.
Según la mandataria, el país no puede ceder a las presiones de los fondos de inversiones, que representan apenas el 0,45% del total de sus acreedores.
"Según la ley de quiebra en nuestro país basta con que el 66% de los acreedores esté de acuerdo para que el juez apruebe la quiebra (…), una cifra similar a la que existe en los Estados Unidos”, dijo la jefa de Estado durante un discurso, para justificar su decisión de no atender el reclamo de los "fondos buitre" cuando el 93% de los bonistas ya acordó con el gobierno.
100%
Además, Argentina se opone a pagarle a estos fondos el 100% de lo que reclaman, bajo el argumento de que ellos compraron sus bonos a un precio muy reducido luego del default de 2001.
"Que alguien me explique la racionalidad de que el 0,45% de una masa de acreedores que compró bonos a US$40 millones en el 2008, cuando ya estaban defaulteados, quiera ahora, sobre el 93% de los que sí acordaron, cobrar US$1.300 o US$1.700 millones con una ganancia neta en dólares de más de 1.300%. La verdad que no resiste ningún análisis, no es ideología, es simplemente sentido común", se quejó Fernández ante la ONU.
Por este motivo, el gobierno argentino informó que sólo está dispuesto a pagarles a los fondos en las mismas condiciones que lo hizo con los tenedores de bonos que aceptaron canjear sus papeles en 2010, y para eso envió al Congreso un proyecto de ley que reabrió el canje por tercera vez.
Con los recambios de deuda de 2005 y 2010, Argentina logró renegociar el 93% de su deuda con una quita de más del 60% del capital adeudado, un logro muy festejado por el gobierno argentino.
Sentar precedente
Más allá de los reparos morales, los analistas coinciden en que la principal objeción de Argentina de aceptar la deuda total que exigen los "fondos buitre" es el precedente que sentaría para el resto de los holdouts.
Aparte de los grupos que iniciaron el litigio, hay un 6,5% de acreedores que aún no cerraron un acuerdo con el gobierno tras quedar fuera de los dos canjes de deuda.
Según un informe elaborado por el estudio jurídico argentino Cabanellas Etchebarne Kelly, si se suma lo total adeudado por Argentina a estos holdouts, la cifra asciende a US$20.000 millones.
Esto representa cerca de dos tercios de las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
"Si Argentina le paga a los fondos buitre, da lugar a que el resto de los holdouts exija el pago total de su deuda", afirmó a BBC Mundo Nicolás Bridger, analista financiero de la consultora Prefinex.
No sólo eso. De pagarle a los holdouts Argentina se expone a un riesgo aún mayor:
"Según las cláusulas del último canje de deuda, Argentina no puede ofrecer mejores condiciones de pago a quienes no ingresaron al canje, de modo que si acepta pagar el 100% a los fondos buitre se expone a demandas de quienes ingresaron al canje 2010", explicó Bridger.
Con este panorama muchos advierten que la situación de Argentina será muy complicada si recibe un fallo adverso de la Justicia estadounidense.
Por eso el país esperará con mucha ansiedad la decisión que pueda tomar a partir de este lunes la Corte Suprema de ese país.