La Asociación de Jueces y Juezas de la República Dominicana (Asojurd) reaccionó este miércoles ante las declaraciones que emitió el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, quien consideró "desastrosa" y "vergonzante" la decisión del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional en declarar extinta la acción penal en el caso Bahía de Las Águilas.
"Si algo parece desastroso y vergonzante es que alguien en su posición haya podido utilizar tales epítetos frente a los jueces/as que han adoptado una decisión judicial en la que su institución tiene condición de parte", expresó la Asociación de Jueces a Domínguez Brito.
La entidad dijo no preocuparle la crítica a la decisión de los jueces, sino el uso "pernicioso" de una posición pública para "desmeritar" a la Justicia.
A continuación el texto íntegro de la misiva enviada por la Asociación de Jueces al procurador general de la República:
Asociación de Jueces y Juezas de la República Dominicana.
Santo Domingo Distrito Nacional.
5 de junio de 2013
Carta abierta al Doctor Francisco Domínguez Brito, Procurador General de la República.
Honorable Magistrado,
Hemos leído con sorpresa y profunda preocupación en esta misma fecha, justo en la página 12-B del diario Hoy, unos juicios que se atribuyen a usted en su calidad de Procurador General de la República, con relación a una sentencia librada por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en la que se informa que ese Tribunal de Justicia declaró ayer la “extinción de la acción penal” en relación a un proceso seguido frente a los hermanos Jaime y Rafael Antonio Rodríguez Guzmán y a la esposa del primero, Reyna Margarita Martínez, por alegada apropiación ilegal de terrenos del Parque Nacional Jaragua, donde se encuentra Bahía de Las Águilas, según publica el citado periódico.
En la reseña periodística, se le atribuye al Procurador General Francisco Domínguez Brito, haber calificado de “desastrosa y vergonzante” la decisión emitida por los jueces del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que declara extinta la acción penal en el caso de Bahía de Las Águilas y, además, que sobre la base de afirmar que se trata de uno de los casos de corrupción más grandes que ha vivido el país y en el cual se ha pretendido despojar de uno de los mayores patrimonios que tiene la República Dominicana, también habría dicho que: “Estamos hablando de miles de millones de pesos que se le pretende robar al pueblo y que un sistema de justicia no puede apoyar con la impunidad este tipo de acciones”, y haber valorado al respecto, además, que: “decisiones como estas, son las que generan la desconfianza de la ciudadanía, en quienes administramos la justicia”.
Ante esta publicación de esas valoraciones, la Asociación de Jueces y Juezas de la República Dominicana, le expresa su protesta en nombre todos los jueces y juezas que aglutina nuestra organización y, estima en contrario, que si algo parece desastroso y vergonzante, es que alguien en su posición haya podido utilizar tales epítetos frente a los jueces/as que han adoptado una decisión judicial en la que su institución tiene condición de parte.
Estimamos que no es la decisión judicial la que puede generar desconfianza en la ciudadanía como se le atribuye haber dicho, sino, que alguien en su posición, emita tales juicios frente a unos jueces que, por lo que hemos conocido, han dado una decisión explicando los fundamentos de lo decidido. Nos parece, que en tales circunstancias, lo más honorable y saludable para el derecho de los ciudadanos, es que las críticas se centren en lo correcto o incorrecto de lo decidido a partir de sus fundamentos y no, exponer a los jueces a la desconsideración pública, tanto personal, como de la institución a la que prestan servicio, cuya buena imagen estamos llamados a proteger, como entidad creada para defender los intereses de los jueces y juezas y el Estado de Derecho como uno de los valores permanentes de nuestra organización social, jurídica y política.
No nos preocupa la crítica a la decisión de los jueces; nos preocupa el uso pernicioso de una posición pública para desmeritar a la Justicia, eludiendo el problema real que debe ser discutido; a saber, si los jueces han podido dar o no la decisión en el sentido en que la han dado, en la situación concreta, a partir de los estándares del Derecho vigente y la realidad de los hechos.
No estimamos deseable la declaración de extinción de la acción pública en caso alguno, a menos que en derecho sea lo necesario y lo correcto conforme a los principios y a los valores que la Constitución ampara. Pero sabemos, como damos por hecho que usted sabe, que este es un deber legal y moral que razones de orden público imponen a los jueces en determinados supuestos previstos por la Ley, como se observa en los artículos 69 de la Constitución y, 8, 148 y 149 del Código que rige el proceso penal; con tal grado de exigencia, que pueden y deben examinar esta cuestión, aún oficiosamente en los casos que la Ley contempla.
Por tanto, consideramos que se contribuye a crear ciudadanía y a fortalecer la imagen del Poder Judicial y el Estado de Derecho, cuando las críticas a las decisiones judiciales se orientan al cuestionamiento de sus fundamentos, partiendo de las razones de hecho y de derecho que puedan haber sido adoptadas por los jueces para justificar lo decidido. Sólo éstas pueden poner a la opinión pública como destinataria del mensaje de la crítica, en situación de saber, al margen de toda pretensión de conveniencia política o de interés particular, si lo decidido responde en Derecho a lo justo y lo correcto.
Acudir a los ataques, insinuados o frontales, a la moral de los jueces que adoptan una decisión jurisdiccional, sólo se justifica, en un plano razonable, por alguien en vuestra posición, mediante una acción penal o disciplinaria, contra aquel o aquella de quien hubiere, al menos, sospecha fundada de haber incurrido en alguna falta moral o ética, de lo que, en este caso, no conocemos razones para hacerlo y, por tanto, si la hubiere, le invitamos a proceder. De lo contrario, los epítetos, desesperanza y desconsideraciones que se le atribuyen haber externado contra los jueces del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en el caso de referencia, quedarían en el terreno de la real malicia y el interés pernicioso de una parte, lo que nos consta, no ha sido característico en vuestro proceder.
Le dejamos esta comunicación, a título de protesta y a modo de carta abierta, en razón de la divulgación pública de los juicios que se le atribuyen, con la esperanza de que, de ser tal su contenido, como se ha publicado, tenga usted la oportunidad de rectificar una posición, que en vuestra proverbial buena intención y compromiso institucional, nos resulta extraña y sorprendente.
Por la Asociación de Jueces y Juezas Independientes de la República Dominicana. (ASOJURD)
Firma,
Yudelka Villanueva
Presidenta
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