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De las
irregularidades detectadas en una auditoría ordenada por la Ministra de
Salud, Altagracia Guzmán Marcelino, a la nómina de las regionales 4 y 8
de esa cartera, sobresalen las 50 personas fallecidas que todavía cobran
sus salarios. El dato, como era de esperarse, despertó el interés de
quienes participamos esta semana en el Almuerzo del Grupo de
Comunicaciones Corripio, donde también nos enteramos de que otras 25
personas cobran todos los meses a pesar de que residen en España y
Estados Unidos. Y si eso es tan solo en dos regionales, nos preguntamos,
¿cuántos de los 73 mil empleados de Salud Pública (muertos incluidos)
cobran sin trabajar? Para obtener esa información la ministra dispuso
que en enero el pago se haga de manera presencial, cara a cara, para
poder establecer qué hace cada quien y donde. Pero los muertos que
cobran y los residentes en España y Estados Unidos que reciben sus
salarios aunque estén muy lejos del Ministerio de Salud son, como quien
dice, un simple episodio anecdótico. Sobre todo cuando se comparan con
“el barril sin fondo” en el que se ha convertido el Programa Protegido,
diseñado para dar cobertura de medicamentos a pacientes con enfermedades
de alto costo, que la funcionaria mandó a suspender temporalmente
debido a una serie de irregularidades en su aplicación, como la entrega
de medicamentos por un monto de tres millones de pesos a una persona ya
fallecida. ¿Cuántos “macos” más habrá en un programa que tiene un
presupuesto de más de mil millones de pesos? Eso tal vez no lo sepamos
nunca, pues se considera de mal gusto que entre compañeros de partido se
aireen los trapos sucios, mucho menos si también huelen mal. Pero una
cosa sí quedó clara tras la visita de la doctora Guzmán Marcelino: no es
necesario estar vivo para beneficiarse de un clientelismo que los
peledeístas, definitivamente, han llevado a dimensiones hasta ahora
desconocidas.
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