Cámara de Cuentas se guardó auditoría FFAA con irregularidades en uso de RD$1,500 millones

Por Julián Herrera. 

 5 de mayo de 2015 - 6:54 am -

 http://acento.com.do/2015/actualidad/8246165-camara-de-cuentas-se-guardo-auditoria-ffaa-con-irregularidades-en-uso-de-rd1500-millones/

 

El informe definitivo, aunque fue aprobado por el Pleno de la Cámara de Cuentas en abril de 2013, la auditoria no figura entre las 68 entregadas a la Procuraduría Especializada de Persecución Administrativa (PEPCA) entre el 2009 y 2013.

Santo Domingo, República Dominicana,- La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) no ha enviado a la Procuraduría Especializada de Persecución Administrativa (PEPCA) el informe de la auditoría practicada al Ministerio de las Fuerzas Armadas (hoy Ministerio de Defensa) en la que asegura irregularidades o malversación de fondos públicos por más de 1,500 millones de pesos.
El informe definitivo, aunque fue aprobado por el Pleno de la Cámara de Cuentas en abril de 2013, la auditoria no figura entre las 68 entregadas a la Procuraduría Especializada de Persecución Administrativa (PEPCA) entre el 2009 y 2013.
La fiscalización a las entidades militares del Ministerio comprende los periodos de ejecuciones presupuestarias de 2006 hasta diciembre de 2010.
Aunque el ente regulador detectó anomalías financieras (indicio de corrupción) que pudieran comprometer las administraciones de varios funcionarios militares, el Pleno de la Cámara mantiene archivado el informe, impidiendo, de esa manera, que la justicia conozca de sus resultados.
Conforme a este documento, el Ministerio de las Fuerzas Armadas violó varias leyes y disposiciones legales que regulan la institución y el gasto oficial, tales como la propia Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, la de Compras y Contrataciones del Estado, la Orgánica de Presupuesto del Sector Público; la ley General de Contabilidad Gubernamental y el Sistema de Administración Financiera del Estado.
Además, los resultados arrojaron que las autoridades del ministerio militar ignoraron el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contradiría General de la República en la ejecución de sus presupuestos.
Sin embargo, estas violaciones a leyes y normas fundamentales no fueron suficientes para que la Cámara de Cuentas remitiera los resultados del informe al Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especial de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
Hasta ahora, el órgano fiscalizador del Estado se ha limitado enviar a la justicia las auditorías realizadas a ayuntamientos y juntas distritales, principalmente, mientras archiva las practicadas a las grandes instituciones gubernamentales, como los ministerios y direcciones generales de gran peso.
El número de irregularidades y el monto involucrado en la fiscalización al Ministerio de las Fuerzas Armadas son superiores a los de otras auditorias levantadas a varias instituciones públicas que reposan en la PEPCA, algunas de las cuales ya fueron ventiladas en los tribuales o han dado lugar a sometimiento de funcionarios públicos.
Las anomalías financieras detectadas en el gasto de los fondos militares, pudieran comprometer a más de 20 generales y coroneles que administraron recursos del Ministerio de las Fuerzas Armadas en los gobiernos del expresidente Leonel Fernández, si sus resultados fueran entregados a la PEPCA.
El documento enfatiza que durante los años de 2006 al 2010, el Ministerio de Defensa obtuvo recursos extrapresupuestarios de varias fuentes por RD$ 959 millones. Estos dineros, según la investigación de los auditores, fueron consumidos ilegalmente y sin soportes que sustenten los desembolsos como ordenan las leyes.
El informe es categórico al señalar que los estados de ingresos y gastos preparados por el Ministerio de Defensa sobre los recursos extrapresupuestarios carecen de confiabilidad para un informe favorable de auditoría.
La investigación arrojó también que la ejecución de estos recursos no fue revisada por la dirección financiera de la institución, ni supervisada por los auditores internos, por lo cual las documentaciones presentadas a la CCRD no fueron concluyentes.