Red de Centros Sociales Jesuitas demanda la sustitución de los jueces políticos
SANTO DOMINGO
(R.Dominicana).- La Red de Centros Sociales Jesuitas se unió este
viernes a la demanda de que los jueces provenientes de los partidos
políticos sean sustituidos por jueces de carrera capaces de asumir de
manera efectiva la gobernanza del sistema de justicia dominicano.
En un comunicado en que fijan su posición frente al no ha lugar que favorece al senador y dirigente del oficialista partido de la Liberación Dominicana, Félix Bautista, acusado de corrupción, el Centro Bonó, Cefasa y Solidaridad Fronteriza, afirman que la ciudadanía tiene algo más que la mera impresión de que la justicia está secuestrada.
“Más de la mitad de los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura ha estado controlado por una tendencia dentro del PLD que se cree predestinada a dirigir el país, y cuyos actos pueden afectar la gobernanza y la gobernabilidad del país. No habrá justicia sin el nombramiento de jueces imparciales por lo que se hace imperativa la renovación de la justicia”, afirman las organizaciones jesuitas.
Llaman la atención sobre el hecho de que la corrupción atenta directamente contra el uso eficiente y justo de recursos para superar la pobreza y la desigualdad social en la que viven miles de dominicanos y dominicanas.
“La apropiación indebida de fondos públicos para uso clientelar y enriquecimiento personal sencillamente borra cualquier otro esfuerzo de construir políticas sociales inclusivas. Con actos de impunidad perpetrados por los máximos dirigentes del partido en el poder todo acto estatal queda contaminado de clientelismo”, apuntan. “Desde la perspectiva evangélica, robar es un acto inmoral grave, gravedad que se hace más profunda, injusta y dañina cuando los fondos usurpados deberían estar orientados a la protección social de la población más pobre y vulnerable, sin distinción de credo ni de simpatía partidaria”.
Al Centro Bonó, Cefasa y Solidaridad Fronteriza les preocupa también la tendencia de los actores políticos dominantes “a trastocar los mecanismos de control y las normas de contraloría y fiscalización así como la administración de justicia con el propósito de asegurarse impunidad y protección”.
Las consecuencias de esta conducta, que sustrae del castigo ejemplar los actos de corrupción, no son otros que el socavamiento de la democracia, la libertad y los derechos fundamentales de los ciudadanos, lo que abre paso a la tiranía.
Citan en apoyo de esta última advertencia, la Carta Pastoral con motivo del pasado 27 de febrero, donde los obispos afirman que: Más que institucionalización para el bien común, el Estado se convierte entonces en fuente de inequidad a través de la corrupción, que se utiliza no sólo para el enriquecimiento personal, sino como una plataforma de financiamiento de la actividad política. De no castigarse ejemplarmente los casos de corrupción en el Estado, no se podrá esperar de la mayoría de la población un uso honesto de los bienes públicos ni una actitud de colaboración en beneficio de la convivencia ciudadana”.
Consecuencia de los graves males denunciados, las organizaciones de la Red Jesuita concluye en que por lo que resta del año el movimiento social ciudadano está abocado a unir sus esfuerzos para demandar el adecentamiento del sistema de justicia, especialmente la reestructuración de las Altas Cortes.
“En estos momentos este es el reclamo que mejor velará por el bien común; las llamadas hipócritas al perdón cuando no se quiere cambiar y echar la culpa a los demás no tienen consistencia teológica ni moral”, concluyen las organizaciones.
En un comunicado en que fijan su posición frente al no ha lugar que favorece al senador y dirigente del oficialista partido de la Liberación Dominicana, Félix Bautista, acusado de corrupción, el Centro Bonó, Cefasa y Solidaridad Fronteriza, afirman que la ciudadanía tiene algo más que la mera impresión de que la justicia está secuestrada.
“Más de la mitad de los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura ha estado controlado por una tendencia dentro del PLD que se cree predestinada a dirigir el país, y cuyos actos pueden afectar la gobernanza y la gobernabilidad del país. No habrá justicia sin el nombramiento de jueces imparciales por lo que se hace imperativa la renovación de la justicia”, afirman las organizaciones jesuitas.
Llaman la atención sobre el hecho de que la corrupción atenta directamente contra el uso eficiente y justo de recursos para superar la pobreza y la desigualdad social en la que viven miles de dominicanos y dominicanas.
“La apropiación indebida de fondos públicos para uso clientelar y enriquecimiento personal sencillamente borra cualquier otro esfuerzo de construir políticas sociales inclusivas. Con actos de impunidad perpetrados por los máximos dirigentes del partido en el poder todo acto estatal queda contaminado de clientelismo”, apuntan. “Desde la perspectiva evangélica, robar es un acto inmoral grave, gravedad que se hace más profunda, injusta y dañina cuando los fondos usurpados deberían estar orientados a la protección social de la población más pobre y vulnerable, sin distinción de credo ni de simpatía partidaria”.
Al Centro Bonó, Cefasa y Solidaridad Fronteriza les preocupa también la tendencia de los actores políticos dominantes “a trastocar los mecanismos de control y las normas de contraloría y fiscalización así como la administración de justicia con el propósito de asegurarse impunidad y protección”.
Las consecuencias de esta conducta, que sustrae del castigo ejemplar los actos de corrupción, no son otros que el socavamiento de la democracia, la libertad y los derechos fundamentales de los ciudadanos, lo que abre paso a la tiranía.
Citan en apoyo de esta última advertencia, la Carta Pastoral con motivo del pasado 27 de febrero, donde los obispos afirman que: Más que institucionalización para el bien común, el Estado se convierte entonces en fuente de inequidad a través de la corrupción, que se utiliza no sólo para el enriquecimiento personal, sino como una plataforma de financiamiento de la actividad política. De no castigarse ejemplarmente los casos de corrupción en el Estado, no se podrá esperar de la mayoría de la población un uso honesto de los bienes públicos ni una actitud de colaboración en beneficio de la convivencia ciudadana”.
Consecuencia de los graves males denunciados, las organizaciones de la Red Jesuita concluye en que por lo que resta del año el movimiento social ciudadano está abocado a unir sus esfuerzos para demandar el adecentamiento del sistema de justicia, especialmente la reestructuración de las Altas Cortes.
“En estos momentos este es el reclamo que mejor velará por el bien común; las llamadas hipócritas al perdón cuando no se quiere cambiar y echar la culpa a los demás no tienen consistencia teológica ni moral”, concluyen las organizaciones.
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