8 Abril 2012, 9:31 PM
El secuestro de la clase media
Gran parte de administración del Estado se entregó a sector privado
Ante la inoperancia en materia de servicios públicos, muchos dicen que el gobierno actual no tiene políticas trazadas. Grave error. La Administración encabezada por el doctor Leonel Fernández Reyna “SÍ” tiene una estrategia general.
Sólo que es malintencionada, pues ha desertado de sus responsabilidades constitucionales para entregar gran parte de la administración del Estado al sector privado empresarial. Fruto de esa política, malversadora por definición, los funcionarios públicos han ido adecuando sus actividades particulares en función de los cargos que desempeñan, convirtiéndose en empresarios que, en desleal competencia, trafican ventajosamente en el mercado de bienes y de servicios desde la administración pública, sin pagar impuestos y, algunas veces, sin siquiera pagar la energía eléctrica que consumen.
Esta forma de saqueo, salvaje y primitiva, puede denominarse: ¡Sálvese el que pueda! El concepto en que se basan los politiqueros en el poder es el de no prestar los servicios suficientes, ni en cantidad ni en calidad, para obligar al ciudadano a buscar, por su cuenta y riesgo, las soluciones mínimas para sobrevivir. Esa actitud evidencia una irresponsabilidad total que busca invertir lo menos posible en servicios aceptables por la ciudadanía para así poder malversar más recursos del erario. De esta manera es que ha podido producirse entre éstos la acumulación súbita y originaria de capital, sin sentido del límite y con la impunidad garantizada.
El que todavía dude que esa estrategia gubernamental esté basada en una perversidad extrema orientada a enriquecer a un sector politiquero y voraz, que saque la cuenta.
¿Por qué estamos obligados a gastar nuestros ahorros en inversores y plantas generadoras de electricidad a pesar de pagar la tarifa más alta del continente por el consumo de energía eléctrica?
¿Por qué nos fuerzan a construir y mantener cisternas o tinacos que garanticen la disponibilidad permanente de agua con calidad mínima?
Además, ¿Por qué se hace inevitable comprar a precios exorbitantes el agua potable, ya en botellones como en botellitas, para saciar nuestra sed?
¿Por qué nos vemos forzados a gastar enormes sumas de dinero en colocar rejas que cubran cada hueco de la vivienda, instalar alarmas contra robos y hasta pagar vigilantes que nos permitan descansar, con seguridad y relativa tranquilidad, en nuestros respectivos hogares?
¿Por qué cuando estamos en situación de peligro dudamos en pedir la colaboración de la Policía Nacional, aún cuando seamos víctimas de un caso que consideramos de peligro extremo? ¿Tememos, quizás, estar solicitando apoyo para quien nos ataca y nos quiere perjudicar?
¿Por qué nos resistimos hasta el máximo para inscribir a nuestros dependientes en las escuelas públicas y hasta en la Universidad Autónoma de Santo Domingo? ¿Nos habremos dejado convencer del actual gobernante de que no es necesario invertir en Educación, sino en obras faraónicas perpetuadoras de su obra de gobierno?
¿Por qué en caso de enfermedad, e incluso en emergencias por accidentes, no consideramos como opción el confiar nuestros familiares a la atención médica que pudieran recibir en los hospitales públicos?
¿Por qué endeudarnos hasta el tuétano para comprar un automóvil descricajado como única forma de garantizar la puntualidad en los centros laborales o de estudio? ¿Es tan baja la confianza en el sistema público de transporte que nos sometemos sumisamente a pagar el combustible al precio más caro del planeta Tierra?
¿Por qué hemos perdido el inalienable derecho a disfrutar de un techo propio y nos vemos obligados a alquilar una vivienda que sustrae la tercera parte de nuestros ingresos?
¿Por qué tenemos que pagar peajes y sobornos en las oficinas gubernamentales para realizar el más simple trámite de documentos que la ley establece como gratuitos?
Las respuestas a cada una de estas interrogantes se pueden fundir en una sola: los funcionarios gubernamentales se benefician más, en lo personal, si mantienen una administración ineficiente y en completo desorden que si cumplieran con las leyes y los reglamentos. ¿Lo duda? Cada una de esas carencias que sufre el pueblo dominicano son provocadas y mantenidas con la peor de las intenciones por aquellos a quienes les pagamos para que eviten esos problemas. De ahí que nos sintamos secuestrados por este grupo de malversadores y delincuentes disfrazados de funcionarios públicos.
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