Deportaciones internacionales: fenómeno en aumento
04 de junio de 2014
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ARABIA SAUDÍ
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Fayez Nureldine/AFP/Getty Images
Inmigrantes ilegales esperan con sus
pertenencias a ser transportados por la policía a un centro de
internamiento en Riad (noviembre 2013).
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Cifras: en enero de 2014 las autoridades comunicaron
que en torno a 250.000 inmigrantes en situación de irregularidad habían
sido expulsados del país durante los tres meses previos. La campaña de
deportaciones, afirmaron, continuaría. Esos deportados se sumaban a los
cientos de miles de extranjeros -entre 800.000 y 1 millón- que habrían abandonado "voluntariamente" el país en los meses precedentes tras la amenaza de ser deportados por la fuerza.
Contexto: el gran desarrollo de las
infraestructuras y los servicios en Arabia Saudí en las últimas décadas
ha sido posible gracias al trabajo de millones de migrantes, unos 9
millones en la actualidad, muchos de ellos sin papeles. Esos migrantes
irregulares -como ocurre en otros países- han tenido que soportar, en
muchos casos, condiciones de trabajo abusivas. Provenientes de países cercanos como Egipto, Yemen, Etiopía,
Somalia o Eritrea, y también de países como la India, Pakistán,
Bangladesh o Indonesia, los inmigrantes ilegales en el retrógrado reino
saudí han visto como desde 2012 se ha venido implementando una campaña
de redadas, detenciones y deportaciones periódicas. Según algunos
análisis, las autoridades saudíes tendrían en mente conseguir que muchos
de los puestos de trabajo ocupados por inmigrantes pasasen a estar
ocupados por trabajadores nacionales. Entorno a dos tercios de la
población saudí es menor de 30 años y la tasa de desempleo se sitúa en
un 12%. Está por ver cuáles son las consecuencias económicas y sociales de esta medida.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado el trato recibido por algunos
de esos inmigrantes ilegales antes de ser deportados. Merece una
mención destacada la deportación de somalíes. Solo en el primer mes y
medio de 2014, habrían sido deportados a Somalia unos 12.000 somalíes, hombres, mujeres y niños que regresan a un país en guerra. Arabia Saudí no ha ratificado la Convención de Ginebra de 1951 que garantiza
un sistema de asilo y refugio. En los últimos meses se han producido
manifestaciones de trabajadores inmigrantes que protestaban contra las
deportaciones masivas, reprimidas con dureza por la policía saudí.
Cifras: unos 368.000 deportados entre septiembre de 2012 y septiembre de 2013.
Contexto: desde 2009, año en el que comenzó la gestión de la Administración Obama, casi 2 millones de personas han sido deportadas del país. Una cifra sin precedentes históricos en administraciones anteriores. En 2012 se alcanzó la mayor cifra en la historia de Estados Unidos: casi 410.000 personas fueron deportadas, sobre todo a México, El Salvador, Guatemala y Honduras. En cuanto a los menores, el número de deportados está aumentando.
La Administración Obama ha anunciado que en su segunda y última
legislatura tiene previsto aprobar la esperada reforma migratoria, una
de sus promesas electorales estrella junto con la reforma sanitaria.
Organizaciones que defienden los derechos de los migrantes -que están
llevando a cabo manifestaciones en las que se están sufriendo algunos arrestos- acusan al actual Gobierno de EE UU de haber criminalizado
a estas personas. Según fuentes gubernamentales, el principal objetivo
de las deportaciones es expulsar del país a todos aquellos migrantes
irregulares que hayan cometido un delito. Las cifras desde 2009 no
sostienen ese discurso: solo un 20% de los deportados desde 2009 había
cometido un delito mayor. Si durante la Administración de George W.
Bush, los casos de deportados cuyo delito más grave era haber cometido
una infracción de tráfico era ya elevado, durante los “años Obama” esa
cifra se ha cuadriplicado, alcanzando los 193.000. La maquinaria de las
deportaciones no se detiene en la frontera sur de Estados Unidos y se
traslada a México: entre enero y noviembre de 2013, este país deportó
casi 75.000 centroamericanos, más que en el 2012.
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Yiannis Kourtoglou/AFP/Getty Images
En la imagen, el mayor centro de detención chipriota, en la ciudad de Menoyia, al sur de la isla.
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Cifras: en 2013, según Eurostat,
entre los 28 países de la Unión Europea -no todos son miembros del
Espacio Schengen- se habrían deportado unas 171.000 personas fuera de la
Unión. Para ese periodo, no se disponen aún de las cifras de Alemania y Grecia.
Contexto: considerando que en 2012
Grecia deportó a más de 16.500 inmigrantes y Alemania a casi 14.000, las
cifras al respecto en la UE durante el pasado año habrían sido muy
similares a las de 2012, cuando las deportaciones ascendieron a 206.000.
En estos números se incluyen las deportaciones de personas que
recibieron previamente una orden de expulsión -incluidos los vuelos de Frontex
con deportados de varios países europeos- quedando fuera, por tanto,
las devoluciones llamadas “en caliente” llevadas a cabo por las fuerzas
del orden en fronteras europeas como la de Melilla. Conviene recordar
que dichas expulsiones son ilegales: según los tratados internacionales,
los estados receptores de inmigrantes tienen la obligación de
comprobar, entre otras cosas, si los que llegan son potenciales
solicitantes de asilo.
Los países que más deportaciones llevaron a cabo en 2013 fueron Reino
Unido, con algo más de 55.000; Francia, unas 20.000; España, algo más
de 17.000; Suecia, alrededor de 14.000; y Polonia, sobrepasando
ligeramente las 8.000. A falta de que la Unión Europea decida implementar una política migratoria que responda tanto a los principios europeos como a la realidad demográfica del continente, se han firmado diversos acuerdos con terceros países para delegar el control de las fronteras; con Marruecos y Túnez, por ejemplo, para el control de su frontera sur o con Turquía para el control de su frontera oriental. A cambio de ayudas económicas, la UE consigue así de facto desplazar sus fronteras al sur y al este. Muchas ONG han denunciado que en países como Marruecos -que disminuye o aumenta el control sobre los migrantes en función de sus intereses- el trato que reciben los migrantes no responde a unos estándares de derechos humanos mínimos.
En el proceso legal que finaliza en una deportación, juegan un papel destacado los Centros de Internamiento de Extranjeros, los CIE. Existen en todos los países de la Unión y las organizaciones de derechos humanos han denunciado en repetidas ocasiones que están superpoblados y que en ellos no siempre se respetan los derechos de los internos.
Cifras: los datos oficiales
arrojan que 80.000 ciudadanos de la República Democrática del Congo han
sido expulsados en las últimas semanas -entre los meses de abril y
mayo- de la República del Congo, también conocida como Congo-Brazzavill.
Contexto: según las autoridades de
Congo-Brazzaville se ha tomado la decisión de deportar a unos 80.000
congoleños sin papeles para luchar contra el aumento del crimen en el
país. A falta de estadísticas que apoyen esa afirmación, lo cierto es
que la expulsión de ciudadanos de la RDC - también estarían en la lista
de futuros deportados migrantes cameruneses y chadianos, según las
autoridades de Brazzaville- resulta sorprendente: ambos países comparten
fuertes relaciones históricas y comerciales. Cada día, numerosas
embarcaciones cruzan el Río Congo que separa las capitales de ambos
países, Brazzaville y Kinshasa. El transporte de los deportados por vía
fluvial a través de este río ha sido, precisamente, el método empleado
por las autoridades de la República del Congo.
Las autoridades de la RDC se han quejado de algunos métodos empleados
por las autoridades del país vecino para llevar a cabo las expulsiones
de inmigrantes sin papeles. Además, según algunos testimonios recogidos por la agencia Reuters, no todos los expulsados por Brazzaville carecerían de documentación.
SUDÁFRICA Y BOTSUANA
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Desmond Kwande/AFP/Getty Images
Zimbauenses esperan a ser deportados de Botsuana.
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Cifras: 23.000 zimbabuenses fueron expulsados
de Sudáfrica solo entre enero y abril de 2013. Botsuana habría
deportado a unos 62.000 inmigrantes sin papeles de Zimbabue desde 2011.
Entre junio y octubre de 2013 Botsuana habría llevado a cabo más de
22.500 deportaciones de zimbabuenses.
Contexto: desde hace años, Botsuana y
Sudáfrica han estado recibiendo miles de ciudadanos de Zimbabue que
escapan de la pobreza y la falta de libertades en su país. Aunque resulta difícil saber cuántos migrantes de Zimbabue viven en Sudáfrica, las estimaciones moderadas establecen una cifra que podría estar entre 1 y 2 millones. En 2009 se comenzó a implementar un proceso de regularización
de migrantes, una medida insuficiente según algunas organizaciones. A
pesar de las dificultades que encuentran los zimbabuenses deportados
cuando regresan a su país (y de la complicada vida que tienen que afrontar en Botsuana y Sudáfrica) el éxodo
de estos ciudadanos, según algunas informaciones publicadas en medios
africanos, no ha hecho sino aumentar desde el pasado junio, cuando el
régimen de Robert Mugabe revalidó su dictadura mediante unas elecciones
calificadas de fraudulentas por observadores y oposición. Botsuana ha
llegado a construir vallas electrificadas en su frontera con Zimbabue,
en teoría para evitar la expansión de enfermedades contagiosas entre los
rebaños de ganado.
Cifras: 22.000 deportados a diversos países durante el verano de 2013.
Contexto: el conflicto abierto entre
las autoridades de Abuja y grupos insurgentes, como Boko Haram, al
norte del país, motivó que se decretase un estado de excepción en el
verano de 2013. En este marco de luchas “contra el terrorismo”, tuvo
lugar la deportación masiva de 22.000 inmigrantes procedentes sobre todo de Camerún, Chad y Níger.
En 2012, tras una serie de atentados atribuidos a ese grupo
terrorista, las autoridades nigerianas habían procedido ya a un campaña
de deportaciones
que tuvo como resultado la expulsión de unos 7.000 extranjeros. Las
deportaciones masivas han sido, hasta la fecha, una más de las
insuficientes medidas contra insurgentes del Gobierno nigeriano para
mantener el control de su territorio. Nigeria no es el único país
africano que aduce razones antiterroristas para deportar a inmigrantes:
alegando motivos de seguridad en relación con su lucha contras las
milicias de Al Shabaab, las autoridades keniatas han llevado a cabo una
operación de arrestos y detenciones de inmigrantes, sobre todo somalíes.
Según Human Rights Watch, decenas de inmigrantes habrían sido deportados en las últimas semanas. A estas expulsiones de nacionales de otros países, se sumarían en Nigeria algunas deportaciones internas de nigerianos musulmanes que se habrían practicado en el país durante los últimos meses.
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Los casos de Malasia e Israel
En los últimos meses, las deportaciones se han
situado en los puestos más prominentes de la agenda política y mediática
de Malasia e Israel.
A finales del verano de 2013, las autoridades
malayas comenzaron una serie de operaciones en todo el país para detener
a inmigrantes ilegales con la intención de deportarlos de forma
inmediata. Las primeras redadas y arrestos se produjeron en septiembre.
Unos 2.500 migrantes ilegales fueron arrestados paso previo a su deportación. Desde el anuncio oficial de la nueva “lucha contra la inmigración ilegal”, se extendieron los rumores
de que cientos de miles de migrantes corrían el riesgo de ser
expulsados. El crecimiento económico de Malasia en los últimos años ha
atraído a personas de Indonesia, Filipinas, Bangladesh, Myanmar o
Tailandia. Según las cifras disponibles, los detenidos y deportados
hasta la fecha ascenderían “tan solo” a unos pocos miles de inmigrantes.
Las operaciones para detener y deportar personas en situación irregular
han continuado, al menos, hasta comienzos de 2014, recibiendo una buena cobertura informativa en los medios de comunicación del país.
En Israel, el asunto de las deportaciones comenzó a ocupar portadas de periódicos en junio de 2013, a partir de una noticia
sobre los planes del Gobierno Netanyahu para expulsar del país a buena
parte de los inmigrantes africanos ilegales que residen en el país
-entre 50 y 60 mil, la mayoría procedentes de Sudán y Eritrea-. La
filtración de un documento oficial a un medio de comunicación permitió
conocer que el Gobierno israelí había firmado un acuerdo con un gobierno
africano -Uganda,
según se supo después- para que aceptase a miles de esas personas en su
territorio. A cambio, recibiría tanto ayuda económica como técnica. Las
autoridades israelíes afirmarían más tarde que dichas deportaciones no
serían forzosas pero que su intención
era, efectivamente, reducir la población de personas en situación
irregular procedentes de países africanos. Israel ya ha construido
centros de internamiento para su custodia, incluido uno en mitad del
desierto. La aprobación de la ley fue contestada en las calles por
manifestaciones multitudinarias de inmigrantes. Israel es uno de los
países del mundo que menos concesiones de asilo ha aprobado en las
últimas décadas.
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