Trampas de la casualidad
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La casualidad entrampa y provoca. A veces desuela. Expone legendarias deudas institucionales. De nuevo la comprobación y el cotejo, la estremecedora certeza de la reiteración. La fotógrafa Sandra Garip, en su afán tras la imagen, decidió transitar por los recovecos de La Victoria. Su lente, registra imágenes horrendas, huellas de la violenta resignación y de la resistencia. La libertad imposible trocada en iniciativa comercial. Negocios rentables, instalados entre mugre, barrotes, hacinamiento, abuso, extorsión, muerte. Compra y venta de todo, sin autorización pero con ese consentimiento implícito que iguala condenados y prebostes.
A la artista no le asombra el submundo carcelario, como tampoco espanta a las personas conocedoras del horror penal cotidiano, ese que la cárcel guarece pero tiene un antes en estrados, oficinas policiales y del Ministerio Público, con la audaz gestión de la abogacía. Garip hizo pasantía en un recinto, diseñado en el año 1952, para albergar a 1000 presos. Hoy, La Victoria amontona 8000 reclusos. La remodelación del 1998 no fue paliativo, quizás efímero placebo.
El comentario de la experiencia fotográfica, motivó la búsqueda de archivos, revisión de artículos y reportajes. Antes de concluir la pesquisa un testimonio avaló, de manera contundente, la ratificación de prácticas que las buenas intenciones no erradican. Lamentable jugarreta de la casualidad. Un caso ocurrido en 2007, propició una indagatoria similar para encontrar lo mismo. Década tras década, con y sin banqueros presos, con y sin Florián, con “la reina del éxtasis” burlando controles y las orgiásticas aventuras carcelarias de mansos y cimarrones, la situación persiste.
En el 2007 la crónica relataba las diligencias de un preso preventivo boricua en procura de un espacio en la cárcel de Najayo. Regateaba con los usufructuarios del suelo. El tormento comenzó cuando agentes de la DNCD encontraron en su habitación los dólares que su madre enviaba, cada mes, para pagar la Universidad, también descubrieron porciones de “una sustancia desconocida”. Un recurso de Hábeas Corpus no logró su libertad. La meta entonces: conseguir que el encierro fuera menos gravoso. Primer hallazgo: la inflación aumentaba precios. El espacio, para colocar un colchón, costaba RD$30,000. La denuncia hecha ahora, consigna que, en La Victoria, el lugar cuesta RD$ 90,000.
Para la redacción del artículo publicado en el año 2007 la remembranza fue obligada. Entonces advino aquel tiempo de cobertura judicial impecable.
Esa que madrugaba en los corredores de los Palacios de Justicia. Preguntaba, discutía, conversaba con jueces, fiscales, policías y también con los infractores y libreta y grabadora en mano evaluaba e informaba a directores y jefes de redacción, tan diligentes y cuidadosos como los reporteros. La memoria tropezó con un hombre que, luego de 1,825 días de olvido, rechazaba la notificación de la orden de libertad. Para sus familiares estaba muerto. Nunca indagaron. Un error judicial lo condenó, Reynoso Solís, inolvidable, reseñó su desgracia.
Pasado y presente compiten sin futuro. La realidad confirma. La sordidez carcelaria es rutina y rutina es su embate. La dificultad para aplicar la Ley 224-84 ha sido constante. Intentos y logros se suceden, pero una retranca aviesa detiene y pervierte el intento. Negar conquistas sería mentir. Confortan los acuerdos con el INFOTEP, la extensión del Plan Nacional de Alfabetización a distintos recintos carcelarios, actividades recreativas, académicas, las orquestas penitenciarias… Motiva el reconocimiento internacional a la Escuela Nacional Penitenciaria, el trabajo en los Centros de Corrección y Rehabilitación, empero, desanima que las autoridades reconozcan la existencia de sobornos, admitan el control que tiene el crimen de los recintos y luzcan más impotentes que activos.
De tiempo en tiempo, aflora el tema y se discute la necesidad de establecer el régimen penitenciario, establecido hace 32 años. Vuelve la preocupación por esa población infractora que el confinamiento envilece. El cautiverio, gracias a una poderosa red de complicidad, ha convertido las cárceles en centros de operaciones criminales, tan exitosas como peligrosas. Fotografía y testimonio conspiraron. La casualidad revivió miserias fuera de las agendas cívicas y políticas.
A la artista no le asombra el submundo carcelario, como tampoco espanta a las personas conocedoras del horror penal cotidiano, ese que la cárcel guarece pero tiene un antes en estrados, oficinas policiales y del Ministerio Público, con la audaz gestión de la abogacía. Garip hizo pasantía en un recinto, diseñado en el año 1952, para albergar a 1000 presos. Hoy, La Victoria amontona 8000 reclusos. La remodelación del 1998 no fue paliativo, quizás efímero placebo.
El comentario de la experiencia fotográfica, motivó la búsqueda de archivos, revisión de artículos y reportajes. Antes de concluir la pesquisa un testimonio avaló, de manera contundente, la ratificación de prácticas que las buenas intenciones no erradican. Lamentable jugarreta de la casualidad. Un caso ocurrido en 2007, propició una indagatoria similar para encontrar lo mismo. Década tras década, con y sin banqueros presos, con y sin Florián, con “la reina del éxtasis” burlando controles y las orgiásticas aventuras carcelarias de mansos y cimarrones, la situación persiste.
En el 2007 la crónica relataba las diligencias de un preso preventivo boricua en procura de un espacio en la cárcel de Najayo. Regateaba con los usufructuarios del suelo. El tormento comenzó cuando agentes de la DNCD encontraron en su habitación los dólares que su madre enviaba, cada mes, para pagar la Universidad, también descubrieron porciones de “una sustancia desconocida”. Un recurso de Hábeas Corpus no logró su libertad. La meta entonces: conseguir que el encierro fuera menos gravoso. Primer hallazgo: la inflación aumentaba precios. El espacio, para colocar un colchón, costaba RD$30,000. La denuncia hecha ahora, consigna que, en La Victoria, el lugar cuesta RD$ 90,000.
Para la redacción del artículo publicado en el año 2007 la remembranza fue obligada. Entonces advino aquel tiempo de cobertura judicial impecable.
Esa que madrugaba en los corredores de los Palacios de Justicia. Preguntaba, discutía, conversaba con jueces, fiscales, policías y también con los infractores y libreta y grabadora en mano evaluaba e informaba a directores y jefes de redacción, tan diligentes y cuidadosos como los reporteros. La memoria tropezó con un hombre que, luego de 1,825 días de olvido, rechazaba la notificación de la orden de libertad. Para sus familiares estaba muerto. Nunca indagaron. Un error judicial lo condenó, Reynoso Solís, inolvidable, reseñó su desgracia.
Pasado y presente compiten sin futuro. La realidad confirma. La sordidez carcelaria es rutina y rutina es su embate. La dificultad para aplicar la Ley 224-84 ha sido constante. Intentos y logros se suceden, pero una retranca aviesa detiene y pervierte el intento. Negar conquistas sería mentir. Confortan los acuerdos con el INFOTEP, la extensión del Plan Nacional de Alfabetización a distintos recintos carcelarios, actividades recreativas, académicas, las orquestas penitenciarias… Motiva el reconocimiento internacional a la Escuela Nacional Penitenciaria, el trabajo en los Centros de Corrección y Rehabilitación, empero, desanima que las autoridades reconozcan la existencia de sobornos, admitan el control que tiene el crimen de los recintos y luzcan más impotentes que activos.
De tiempo en tiempo, aflora el tema y se discute la necesidad de establecer el régimen penitenciario, establecido hace 32 años. Vuelve la preocupación por esa población infractora que el confinamiento envilece. El cautiverio, gracias a una poderosa red de complicidad, ha convertido las cárceles en centros de operaciones criminales, tan exitosas como peligrosas. Fotografía y testimonio conspiraron. La casualidad revivió miserias fuera de las agendas cívicas y políticas.
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