Tras histórico acuerdo sobre justicia transicional con las Farc, Santos le pone seis meses de plazo al fin del conflicto
El gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Farc llegaron este miércoles en La Habana (Cuba) a un acuerdo histórico para imponer penas restrictivas de la libertad a los principales líderes de esa organización que dejen las armas y al mismo tiempo fijar un límite de máximo seis meses para firmar el fin del conflicto, el cual ya supera las cinco décadas.
El acuerdo fue firmado por el mandatario y el máximo líder de las Farc, ‘Timochenko’, quienes arribaron a la capital cubana en la mañana de este miércoles para –de manera expresa– firmar el primer documento sobre la paz en el que aparecen sus rúbricas, y para verse personalmente por primera vez.
Aunque queda mucho tramo de las negociaciones por recorrer, algunos creen que el encuentro personal de Santos y ‘Timochenko’, y la firma del acuerdo con todos sus alcances, le aseguran al proceso de paz un punto de no retorno.
Los dos puntos que constituyen la esencia del acuerdo de la víspera (la fórmula de justicia transicional y la fecha para firmar el fin del conflicto) habían llenado de escepticismo a los colombianos sobre la suerte final del proceso de paz.
La imposición de penas “restrictivas de la libertad” hasta por ocho años para los principales líderes de las Farc responsables de delitos graves se había convertido en el tema más discutido de la agenda, al punto de que les tomó más de un año a los negociadores de las partes llegar a la fórmula anunciada.
El concepto de pena “restrictiva de la libertad” será desarrollado por una ley y aplicado por un tribunal especial, que también será creado para juzgar tanto a los excombatientes de la guerrilla como a los miembros de la Fuerza Pública y a otros actores responsables de delitos cometidos a propósito del conflicto armado.
Los principales críticos del proceso con las Farc han tenido este (el tema de la justicia transicional) como uno de sus principales argumentos para oponerse a él.
El fin del conflicto
Líderes como el expresidente Álvaro Uribe, quien encarna la posición más crítica a las negociaciones con las Farc, se niegan a aceptar que los responsables de los peores crímenes durante las últimas cinco décadas no vayan efectivamente a la cárcel.
No obstante ser hasta ahora el más significativo acuerdo en las negociaciones de La Habana, que cuenta con el respaldo de destacados líderes de la comunidad internacional como el papa Francisco y el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama; de la Unión Europea y de la mayoría de los partidos políticos en Colombia, el debate interno sobre este tema no ha terminado.
Serán los ciudadanos quienes finalmente determinen en las urnas si refrendan o no esa fórmula de justicia transicional.
El otro punto acordado, el de fecha para la firma del fin del conflicto, también se había convertido en una amenaza para el éxito de las negociaciones en La Habana.
Cuando el presidente Santos, a mediados del 2012, hizo público que iniciaría un proceso de paz con las Farc, dijo que este sería de meses –no de años–, pero ya lleva más de tres años.
La incertidumbre sobre la fecha para la firma del fin del conflicto y los ataques que hasta hace unos meses hacía esa guerrilla contra la población civil, con un alto costo de vidas humanas, pusieron en riesgo el proceso en varias oportunidades. Y, no obstante el anhelo de la paz de los colombianos, de manera sistemática el proceso era castigado por la opinión pública a través de las encuestas.
Por eso, la afirmación de Santos de que a más tardar dentro de seis meses (el 23 de marzo del próximo año) tendrá que firmarse el fin del conflicto resulta ser la otra noticia importante de la jornada, de gran respiro para los colombianos.
“El jefe del secretariado de las Farc y yo hemos acordado que a más tardar en seis meses deben concluir las negociaciones. Es decir que a más tardar el 23 de marzo de 2016 debe estar firmado el acuerdo final”, dijo el mandatario en su intervención desde La Habana.
Para algunos entendidos en el tema, este compromiso público de las partes ante la comunidad internacional le pone un carácter de irreversibilidad al proceso.
Dejación de las armas
El encuentro de La Habana dejó otra certeza: la dejación de las armas de las Farc, lo que ocurrirá 60 días después de la firma del fin del conflicto.
Este punto, que forma parte tanto de la declaración conjunta como del discurso de Santos, aparece con fecha fija, pero también como prerrequisito indispensable para ser beneficiario de la justicia transicional.
“Las Farc comenzarán a dejar las armas a más tardar a los 60 días de la firma del acuerdo final”, dijo Santos. Eso será a finales de mayo del próximo año.
Este era otro punto que había llenado de escepticismo a algunos críticos del proceso, para quienes las Farc iban a hacer política con el apoyo de sus armas.
Como lo destacó Santos en la intervención por televisión luego de firmado el acuerdo, este se suma a los tres anteriores de la agenda: “Desarrollo agrario integral”, “solución al problema de las drogas ilícitas” y “participación política”, lo que ponen un punto muy avanzado al proceso.
El máximo líder de las Farc, ‘Timochenko’, quien fue visto desde las primeras horas de ayer en la capital cubana en traje informal (sudadera y cachucha Adidas), se presentó luego a la sesión solemne vestido de blanco, para asegurar que su organización está dispuesta a asumir responsabilidades, “por nuestras acciones a lo largo de la resistencia”, precisó.
Las frases durante el anuncio del acuerdo
Juan Manuel Santos
“Es la primera vez que un gobierno y un grupo armado ilegal –en un acuerdo de paz y no como resultado de posteriores imposiciones– crean un sistema de rendición de cuentas ante un tribunal nacional por la comisión de crímenes internacionales y otros delitos graves”.
“Desde la orilla de las instituciones, quiero valorar el paso que hoy han dado las Farc. Somos adversarios, estamos en orillas diferentes, pero avanzamos en una misma dirección, que es la de la paz”.
“La condición fundamental de este proceso es que tenemos que romper de una vez y para siempre cualquier vínculo entre política y armas. Por eso, el proceso de dejación de armas debe culminar a la mayor brevedad”.
“Hoy damos un paso enorme hacia esa nueva Colombia, y los invito a que la construyamos juntos. Porque este horizonte positivo nos llama a construir, no a destruir; nos convoca a unirnos, no a dividirnos”.
Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’
“El actual proceso de paz es el único en el mundo que ha acordado un sistema integral que reúne y relaciona todos los elementos que el derecho internacional señala: los de verdad, justicia, reparación y la no repetición”.
“Creemos imprescindible que el resto de los actores del conflicto, tanto los que han combatido como los que han instigado la guerra desde lujosas oficinas, asuman con valentía su responsabilidad y así lo manifiesten ante el pueblo colombiano sin escatimar un ápice de verdad”.
“Estamos dispuestos a asumir responsabilidades por nuestras acciones a lo largo de la resistencia, pero nunca por lo que interesadamente nos imputan nuestros adversarios sin ningún fundamento ni fórmula de juicio”.
“Hoy anunciamos al país que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para lograr en poco meses el acuerdo final de paz, y exhortamos a nuestra contraparte en la mesa a hacer lo mismo. Levantamos la voz del nunca más”.
El sobrio estrechón de manos
Santos y ‘Timochenko’ protagonizaron un episodio que llamó la atención de las miles de personas que seguían la transmisión por televisión desde La Habana: al terminar la ceremonia en la que se firmó el acuerdo, el presidente cubano, Raúl Castro, se puso en medio de los dos, los abrazó simultáneamente y con un gesto sugirió que estrecharan su mano. Santos, un poco rígido y mirando al piso, parecía rehusar el guiño.
Entonces Castro tomó la iniciativa, hizo un ademán de saludar al jefe de las Farc, pero a medio camino quitó su mano y logró que el brazo extendido de ‘Timochenko’ se dirigiera a Santos hasta estrechar su mano casi de manera sorpresiva. Castro, con sus dos manos, apretó las de los dos rivales y la sala estalló en un aplauso.
No vamos a fracasar, llegó la hora de la paz: Santos
El presidente Juan Manuel Santos, anunció este miércoles que el Gobierno y las Farc han acordado que la firma del acuerdo final de paz se producirá “a más tardar” en seis meses, plazo en el que terminarán las negociaciones en La Habana.
Santos participó junto con el máximo líder de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverri, alias ‘Timochenko’, en un acto en el que los equipos de paz al completo anunciaron un importante acuerdo sobre justicia transicional.
A continuación el texto completo de la declaración que hizo el presidente Juan Manuel Santos:
En este mismo salón, el año pasado, los delegados de mi Gobierno y de las Farc recibieron a 60 víctimas del conflicto armado que expresaron, aquí, todo su dolor, y también sus anhelos de paz.
Hoy he venido a La Habana en primer lugar para anunciarles a los colombianos, pero en especial a las víctimas, que hemos logrado un acuerdo sobre las bases de un sistema de justicia que me permite decir con convicción que vamos a lograr el máximo de justicia posible para las víctimas, la máxima satisfacción posible de sus derechos.
Hemos acordado -como acaban de oir-, crear una Jurisdicción Especial para la Paz que nos va a garantizar que los crímenes cometidos con ocasión del conflicto, en especial los más graves y representativos, no quedarán en la impunidad.
La Jurisdicción constará de un Tribunal y unas Salas de justicia que investigarán, juzgarán e impondrán sanciones por estos delitos.
Éste es un logro mayor.
Éste es un logro mayor.
Ya habíamos acordado la creación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y estamos muy avanzados en los acuerdos en materia de reparación. El Tribunal cierra entonces el círculo de un sistema de rendición de cuentas que no es impuesto con posterioridad, sino que surge de un acuerdo, como tal vez no se haya hecho en ninguna negociación de paz.
Esto demuestra la madurez que ha alcanzado este proceso. Desde la orilla de las instituciones, quiero valorar el paso que hoy han dado las Farc. Somos adversarios, estamos en orillas diferentes, pero hoy avanzamos en una misma dirección que es la de la paz.
He venido a La Habana también para hablar con Timoleón Jiménez, Jefe del Secretariado de las Farc. Tan importante como satisfacer los derechos de las víctimas es asegurar que no haya nuevas víctimas: que se acabe definitivamente el conflicto armado en Colombia.
El Jefe del Secretariado de las Farc y yo hemos acordado que a más tardar en 6 meses deben concluir las negociaciones. Es decir, que a más tardar el 23 de marzo de 2016 debe estar firmado el Acuerdo Final.
No va a ser una tarea fácil, porque aún faltan puntos difíciles por acordar. Pero esa es la instrucción que le hemos dado a nuestras delegaciones: que terminen el acuerdo.
Un acuerdo que no es cualquier acuerdo, es el fin de una guerra de 50 años, la más larga de nuestro continente.
Un acuerdo que no es cualquier acuerdo, es el fin de una guerra de 50 años, la más larga de nuestro continente.
Un acuerdo que debe sentar las bases de una paz que verdaderamente sea estable y duradera, que cierre definitivamente los ciclos históricos de violencia, y que responda a las expectativas de los colombianos de una paz con justicia.
Un acuerdo que todos los colombianos tendrán la oportunidad de refrendar. De decir “sí” o “no”.
Y también acordamos, como se acaba de anunciar, que las Farc comenzarán a dejar las armas a más tardar a los 60 días de la firma del Acuerdo Final.
La condición fundamental de este proceso es que tenemos que romper de una vez y para siempre cualquier vínculo entre política y armas. Por eso el proceso de dejación de armas debe culminar a la mayor brevedad.
La condición fundamental de este proceso es que tenemos que romper de una vez y para siempre cualquier vínculo entre política y armas. Por eso el proceso de dejación de armas debe culminar a la mayor brevedad.
Y a nosotros como Gobierno nos corresponde dar todas las garantías de seguridad a las Farc y emplearnos a fondo en la implementación de los acuerdos, para poner en marcha las transformaciones que hemos pactado: la reforma rural integral, la nueva apertura democrática, la solución al problema de las drogas ilícitas, y ahora los acuerdos sobre víctimas. Esto nos debe llevar a garantizar más participación, más bienestar y más equidad.
Porque de eso se trata este proceso: de poner fin al largo conflicto armado que ha vivido Colombia, y de hacer las transformaciones necesarias para que nunca más, NUNCA MÁS, se vuelva a repetir.
Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer en primer lugar al Presidente Raúl Castro y al Gobierno de Cuba por la extraordinaria hospitalidad, y sobretodo por su incansable compromiso con la paz de Colombia.
Agradezco igualmente al Gobierno de Noruega, que como país garante no se ha quedado atrás. Su apoyo ha sido fundamental.
Y agradezco a Chile y a Venezuela como países acompañantes. Y al enviado especial de Estados Unidos al proceso, Bernie Aronson, por toda su ayuda.
Agradezco también al grupo de juristas que ha trabajado arduamente en este acuerdo para la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Finalmente le agradezco a los miembros de la Delegación del Gobierno -a los plenipotenciarios y al excelente equipo técnico- por todo el trabajo que han hecho durante estos últimos 3 años.
Si podemos hoy anunciar que en 6 meses concluirá el proceso, es por los avances que con tanto sacrificio han logrado.
Quisiera para terminar retomar las palabras y las oraciones del papa Francisco que nos deben inspirar en este camino.
Él dijo hace muy pocos días –aquí en La Habana– que hacía votos por que se sostuvieran todos los esfuerzos que se están haciendo en esta bella isla para una definitiva reconciliación.
Y dijo también: “No podemos permitirnos otro fracaso más en este camino de paz y reconciliación”.
¡No vamos a fracasar! ¡Esta es la oportunidad de la paz!
Lea aquí la declaración de ‘Timochenko’ sobre el acuerdo de justicia en el proceso de paz
El máximo líder de las Farc, Rodrigo León Echeverri, alias Timochenko, afirmó que la jurisdicción especial de paz anunciada en el acuerdo sobre justicia está diseñada para todos los actores del conflicto armado.
“No será solo para una de la partes, está diseñada desde una perpectiva restaurativa con bases en la restauración y no repetición que satisfaga los derechos de las víctimas”, afirmó.
Además, aseguró que existe una gran satisfacción sobre la firma del acuerdo de justicia en el proceso de paz, lo cual contribuirá para una paz definitiva.
“Sin duda generará ambiente propicio para avanzar en convenios sobre las restantes temáticas de la agenda del proceso de paz”, señaló ‘Timochenko’ durante su intervención.
‘Timochenko’ dijo que la jurisdicción establece un modelo respetuoso con la ley de Colombia y los cánones internacionales.
Y aseguró que este modelo de Justicia Transicional “debe ser tenido en cuenta en otros procesos de paz”.
“Corresponde a las partes ahora llegar a consensos para que lleguemos a un cese al fuego bilateral y llegando a condiciones específicas como el desmonte del paramilitarismo”, afirmó el jefe de las Farc.
Las dudas que resuelve el acuerdo de La Habana de justicia transicional
El comunicado sobre lo acordado sobre justicia transicional que acaban de anunciar en la Habana el presidente Juan Manuel Santos y el jefe guerrillero Timochenko indica que se resolvió uno de los mayores nudos gordianos del proceso de paz con las Farc. Aunque por el lenguaje del comunicado es claro que todavía siguen construyendo el acuerdo sobre este punto, lo que ya se avanzó sirve para destrabar la negociación y de alguna manera hace irreversible el proceso de paz. De hecho, Santos dijo que había acordado con el jefe de las Farc que en seis meses debían firmar el Acuerdo Final (vea nuestro cubrimiento especial de los acuerdos)
Éstas son, según el comunicado que leyeron los delegados de Cuba y Noruega como países garantes, las respuestas a las 10 principales que estaban abiertas y podía responder el anuncio de hoy:
1- ¿Que tanta privación de la libertad van a tener los guerrilleros?
Aunque ya se sabía que no iban a terminar en cárceles ordinarias, parece que tampoco serán cárceles especiales. En el comunicado solo se habló de “privación de las libertades”, por lo que no es claro qué tan amplia sería esa libertad.
Sí es claro que habrá alguna restricción de la libertad y que ésta no sería igual para todos. Los que hayan cometido delitos atroces y de lesa humanidad y reconozcan sus acciones, durarán entre 5 y 8 años sujetos a esas privaciones de la libertad, y además se comprometen a resocializarse con trabajo, capacitación o estudio.
Para los demás sí habrá cárcel. Si aceptan tardíamente su responsabilidad (el comunicado no dice después de qué momento, pero posiblemente una vez la justicia transicional les formule cargos) podrán ser condenados a penas de prisión de entre 5 y 8 años; los que no lo acepten y sean derrotados en juicio, tendrán hasta 20 años de cárcel.
2- ¿Qué tanta impunidad habrá?
La justicia que acordaron es la restaurativa, que más que un castigo lo que busca es ‘restaurar’ la relación entre las víctimas y los victimarios. Bajo esta lógica, en el acuerdo quedó que los condenados y las víctimas podrán acordar la forma en que se cumplirá la sentencia, por ejemplo a través del desarrollo de obras.
Aunque no se dijo que solo los “máximos responsables” serán los procesados, como lo establece hoy la Constitución a través del Marco para la Paz, quedó que se investigarán los “responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado, particularmente los más graves y representativos, garantizando la no repetición.” Esto garantizará que por lo menos los más graves no quedarán impunes.
En lo que habrá impunidad es en que el Estado tramitará la “amnistía más amplia posible” sobre el delito político y sus conexos a través de una ley que se debatirá en el Congreso. Este punto es clave porque si el Congreso aprueba la “reforma constitucional para la paz”, esa ley saldría a través de un procedimiento exprés en el Congreso.
Aquí la pregunta es cuáles delitos se considerarán “conexos”. Ya el presidente de la Corte Suprema dijo que el narcotráfico es conexo con la rebelión. Tocará ver hasta dónde lo estiran.
En todo caso, los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra no serán amnistiables y serán juzgados por el sistema de justicia transicional. Esto sí mantiene los límites del Marco Jurídico para la Paz, que ya pasó el filtro de la Corte Constitucional en dos ocasiones, lo que le da solidez jurídica a este punto del acuerdo.
3- ¿Va a haber un proceso judicial que lleva a una condena?
Sí. Este es quizá el mayor logro de los negociadores del Gobierno, pues se acordó que el proceso contra los que cometieron delitos atroces sí va a ser judicial y no un mecanismo extrajudicial vinculado a la Comisión de la Verdad como querían las Farc.
Las Farc se negaban a que hubiera un juicio que condujera a una condena porque ellos sienten que son unos rebeldes y no unos delincuentes. Una condena tiene el peso simbólico de precisamente ‘condenar’ lo que hicieron.
Además, para quienes no acepten su responsabilidad y terminen condenados por la sala de enjuiciamiento, la condena será de cárcel.
4- ¿Las penas quedan condicionadas?
Sí, quedan condicionadas a que reparen a las víctimas, cuenten la verdad plena, y a no repetir los delitos. Además, para acceder a estas penas alternativas tendrían que haber dejado antes las armas, un proceso que deberá empezar máximo a los 60 días después de la firma del Acuerdo Final.
Eso pone una presión sobre los procesados por la justicia transicional, pues podrían terminar excluidos si no cuentan la verdad, siguen delinquiendo o no reparan a sus víctimas, como ha ocurrido con varios jefes paramilitares en Justicia y Paz. Pero quizás lo más importante es que supedita todo esto a la dejación de las armas, que era el siguiente punto difícil de negociar.
5- ¿Quién va a juzgar a los guerrilleros?
Será una Jurisdicción Especial para la Paz, que contará con Salas de Justicia y con un Tribunal para la Paz, ad hoc, de cuya conformación se sabe que la mayoría de sus jueces y magistrados serán colombianos pero que también podrá haber unos extranjeros.
Habrá dos tipos de procesos. Para aquellos en los que el involucrado acepte su responsabilidad y contribuya con la verdad, su confesión se contrastará con investigaciones de la Fiscalía, sentencias existentes, información de organizaciones de víctimas y de Derechos Humanos. Con esos insumos, se definirá la sentencia de entre 5 y 8 años de “restricción efectiva de la libertad”.
El otro proceso será para quienes no acepten su responsabilidad a tiempo o no lo hagan nunca. En ese caso sí habrá un proceso judicial más largo, con contradicción entre la defensa y la acusación, y terminará también en una sentencia, pero en este caso de cárcel y por un máximo de 20 años.
6- ¿Podrán participar en política?
El comunicado dice que las dos partes tienen como objetivo que las Farc se conviertan en un movimiento político , pero no establece cuáles de sus miembros podrán participar en política y, sobre todo el punto clave de si los miembros de su cúpula que estén condenados en condiciones especiales, podrán hacerlo.
7- ¿Qué van a entregar las Farc para resarcir a sus víctimas?
No se sabe, pero las sentencias deberán incluir la mayor reparación y restauración posible para las víctimas.
8- ¿Se define la fórmula de justicia transicional para los militares?
El comunicado deja claro que, al igual que otras personas, estarán incluídos en el esquema de justicia transicional, como querían ellos mismos. Eso podría terminar con los militares responsables de falsos positivos, posiblemente hasta los ya condenados (por el principio de favorabilidad penal), por fuera de la cárcel y cumpliendo penas de máximo 8 años de restricción de la libertad. Pero todo esto sujeto a que acepten su responsabilidad y cuenten la verdad.
9- ¿Cuáles serían los máximos responsables del Establecimiento?
No es claro, pero el comunicado dice que la Jurisdicción Especial incluirá a “todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno, incluyendo a las FARC-EP y a los agentes del Estado”, lo que quiere decir que no solo serán funcionarios y guerrilleros.
10- ¿Desde cuándo se pagarían las penas?
Santos dijo que había acordado con el jefe guerrillero Timochenko que en un plazo de seis meses (es decir, a más tardar el 23 de marzo de 2016) deberían firmar el Acuerdo Final. Y que a los 60 días de la firma deberían haber dejado las armas para beneficiarse de esta jurisdicción de justicia transicional.
Vea acá los puntos del acuerdo de justicia transicional
Comunicado conjunto # 60 sobre el Acuerdo de creación de una Jurisdicción Especial para la Paz La Habana, Cuba, 23 de septiembre de 2015 1. Gobierno de la República de Colombia y las FARC-EP reafirman su compromiso con los acuerdos logrados hasta la fecha: “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral”, “Participación política: Apertura democrática para construir la paz” y “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”.
2. A la vez, reafirman su compromiso con una fórmula de justicia que satisfaga los derechos de las víctimas y contribuya a la construcción de una paz estable y duradera. Con ese propósito estamos construyendo un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. En ese marco hemos acordado que se creará una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y hemos logrado acuerdos importantes en materia de reparación de las víctimas.
3. En cuanto al componente de justicia, hemos acordado crear una Jurisdicción Especial para la Paz, que contará con Salas de Justicia y con un Tribunal para la Paz. Las Salas y el Tribunal estarán integrados principalmente por magistrados colombianos, y contarán con una participación minoritaria de extranjeros que cumplan los más altos requisitos. La función esencial de las Salas y del Tribunal para la Paz es acabar con la impunidad, obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado, particularmente los más graves y representativos, garantizando la no repetición.
4. El componente de justicia prevé que a la terminación de las hostilidades, de acuerdo con el DIH, el Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos. Una ley de amnistía precisará el alcance de la conexidad. En todo caso no serán objeto de amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación nacional que se correspondan con los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra, entre otros delitos graves como la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual. Estos delitos serán objeto de investigación y juzgamiento por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz.
5. La Jurisdicción Especial para la Paz tendrá competencia respecto de todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno, incluyendo a las FARC-EP y a los agentes del Estado, por los delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto, en especial respecto de los casos más graves y representativos.
6. La Jurisdicción Especial para la Paz contempla dos tipos de procedimientos: uno para quienes reconocen verdad y responsabilidad, y otro para quienes no lo hacen o lo hacen tardíamente. A los primeros se les impondrá una sentencia, fundada en las conductas reconocidas después de haber sido contrastadas las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, las sanciones impuestas por otros órganos del Estado, las sentencias judiciales existentes, así como la información que provean las organizaciones de víctimas y de derechos humanos. Los segundos enfrentarán un juicio contradictorio ante el Tribunal.
7. Las sanciones que imponga el Tribunal tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz y deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado. Para todos aquellos que reconozcan responsabilidades por los delitos competencia del Sistema, la sanción tendrá un componente de restricción de libertades y derechos que garantice el cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras de las mismas mediante la realización de trabajos, obras y actividades y en general la satisfacción de los derechos de las víctimas. Las sanciones para quienes reconozcan delitos muy graves tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de 5 años y un máximo de 8 de restricción efectiva de la libertad, en condiciones especiales. Las personas que hagan dicho reconocimiento de manera tardía ante el Tribunal serán sancionadas con pena de prisión de 5 a 8 años, en condiciones ordinarias. Para tener derecho a la pena alternativa, se requerirá que el beneficiario se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de la libertad. Las personas que se nieguen a reconocer su responsabilidad por tales delitos y resulten culpables serán condenadas a pena de prisión hasta de 20 años, en condiciones ordinarias.
8. Para acceder a cualquier tratamiento especial dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición.
9. En el caso de las FARC-EP, la participación en el sistema integral estará sujeta a la dejación de armas, que deberá comenzar a más tardar a los 60 días luego de la firma del Acuerdo Final.
10. La transformación de las FARC-EP en un movimiento político legal es un objetivo compartido, que contará con todo el apoyo del Gobierno en los términos que se acuerden.
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