Justicia pervertida: libera al delincuente y condena al inocente
4 de abril de 2015 - 12:10 amFranklin Pimentel Torres
En el texto bíblico del evangelio según Marcos se dice que en el acto de prendimiento de Jesús estaba presente, “Un buen grupo de gente con espadas y palos, enviados por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la Ley, y los jefes judíos” (Mc 14,43). En el “juicio” amañado que se le hizo al profeta de Nazaret hubo una componenda del poder económico, religioso y político de su tiempo para condenarlo a muerte; aun cuando quienes le acusaban estaban conscientes de que era un inocente y que lo del juicio era un puro teatro, del cual se conocía de antemano el resultado de la sentencia.
Los cargos que se le imputaban a Jesús estaban relacionados con el miedo de los poderes fácticos de perder cuotas de poder ante la popularidad, la palabra profética indignada, y las acciones solidarias y de inclusión social delos sectores más excluidos. Fue acusado de decir que quería ser rey de los judíos, lo cual significaba un acto de rebeldía y subversión contra el emperador romano. Se le acusaba, además, de decir ser “hijo de Dios”, lo cual era equivalente a decir que quería ser rey, puesto que desde la antigüedad en la zona del Oriente Medio se consideraba que el rey era hijo de la divinidad principal. En el caso de Egipto, por ejemplo, el faraón tenía carácter divino. De hecho hubo un faraón, hacia la mitad del siglo 13 a.e.c. que se llamada Ramsés, que literalmente quiere decir en el egipcio antiguo, “hijo de Ra”, el dios sol.
A Jesús lo llevaron, en primer lugar ante el Sumo Sacerdote, jefe del Sanedrín, equivalente a lo que hoy sería la suprema corte de justicia. El texto señala explícitamente: “Los jefes de los sacerdotes y todo el Consejo Supremo buscaban algún testimonio que permitiera condenar a muerte a Jesús, pero no lo encontraban” (Mc 14,55). La acusación ante el Sumo Sacerdote es que Jesús decía ser “Hijo de Dios”.
Esa corporación gobernante utiliza la estrategia de impedir ni siquiera que los expedientes en contra de sus miembros sean conocidos o que vayan a juicio de fondo. Y es que la magnitud del robo de los recursos públicos no resiste ningún juicio ponderadoDespués de comparecer ante el Sumo Sacerdote, presidente del Sanedrín, fue llevado ante Pilato, el gobernador romano, ante quien se le acusó de decir que quería ser rey de los judíos. Pilato, sin embargo, no encontró motivos suficiente para condenar a Jesús. Por eso les propuso liberar a Jesús, siguiendo la tradición de que durante los días de la celebración principal judía, la fiesta de la Pascua, que recordaba la salida de un grupo de los antepasados de la esclavitud de Egipto, se solía soltar un preso. El texto señala que los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidiera la libertad de Barrabás, un reconocido delincuente y que al mismo tiempo exigiera la muerte de Jesús (Mc 15,11).
Lo acontecido con Jesús y el juicio cómplice con los sectores de poder económico, partidario y religioso lo podemos comparar con lo sucedido en el país a raíz de la sentencia emitida por el juez Alejandro Moscoso Segarra, por la que intenta liberar a su colega Félix Bautista y compartes de los cargos de corrupción que se les imputan y lo que es más importante aún, de devolver al pueblo dominicano el dinero robado y malgastado. Lo mismo ha sucedido recientemente con Félix Rodríguez, el alcalde de San Francisco de Macorís. Pero antes sucedió con Víctor Díaz Rúa y con Leonel Fernández.
La corporación gobernante no está en disposición de hacer justicia al pueblo que ha dejado de percibir mejores servicios en educación, salud, alimentación, seguridad social… con el dinero que se tragado la corrupción impune. De hecho dicha corporación solo suelta migajas en los planes sociales como Progresando con Solidaridad, en tiempo de campañay en los proyectos que supuestamente buscan disminuir la miseria, pero a base de crear relaciones clientelares y de dependencia.
Esa corporación gobernante utiliza la estrategia de impedir ni siquiera que los expedientes en contra de sus miembros sean conocidos o que vayan a juicio de fondo. Y es que la magnitud del robo de los recursos públicos no resiste ningún juicio ponderado. Por eso sus representantes en la justicia –quienes son pagados con dinero público y que supuestamente debieran defender a la población- son muy buenos actores del teatro. Así se entiende que el procurador general de la República y la fiscal del Distrito archivaran el expediente contra Leonel Fernández en el caso Funglode y prepararan un expediente supuestamente contra Félix Bautista, con la certeza de que ninguno de los dos serán sancionados por unas altas cortes dependientes del poder económico-partidario de la corporación gobernante.
Aunque en el juicio contra Jesús se liberó al delincuente y se condenó a muerte al inocente sus discípulos y discípulas articularon un movimiento que asumió la palabra y la práctica del maestro y formaron comunidades fraternas, sororales, solidarias, donde se compartía todo lo que se tenía y se repartían los bienes, a partir de las necesidades de cada persona (Hch 2,44-45).Por eso fueron perseguidos por el imperio romano y muchos de ellos y ellas fueron asesinados, igual que su maestro. Esa comunidad no aceptaba las reglas de juego del imperio romano, en donde unos pocos se apropiaban de los bienes y el pueblo era continuamente despojado.
La decisión tomada de liberar al delincuente, al pervertido,al ladrón y lo que es peor, poner la justicia al servicio de esos intereses, se convierte en un gran desafío para los sectores sociales conscientes de la sociedad dominicana. Es necesario cambiar las reglas de juego en una sociedad que va irremediablemente hacia la auto-destrucción. No es tiempo de lamentarse, ni desanimarse; es tiempo de abonar la esperanza, de fortalecer la conciencia popular; es tiempo para que los actores comprometidos con la vida digna del pueblo dominicano unifiquen criterios, voluntades y prácticas políticas, para luchar sin descanso contra la corrupción impune y para construir un proyecto-país justo, equitativo, inclusivo y como condición, impedir que la corporación gobernante y sus cómplices sigan condenando a muerte al inocente y liberando al delincuente.
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