EEUU impuso el actual “pacto de dominación” en armisticio de la Guerra de Abril y II
19 de abril de 2015 - 12:10 am -
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Ramón Arturo Guerrero
Agrónomo y periodista.Sin embargo, para los EE.UU fue demasiado. El estallido de abril ha sido apreciado, en términos geopolíticos, como un breve momento de iniciativa de las clases subalternas dominicanas combinado con un breve momento de retroceso de las clases dominantes.
Suficiente para sonar la alarma en Washington ya que, a diferenciade Cuba donde los expedicionarios encabezados por Fidel Castro se tomaron dos años y un mes (del 2 de diciembre de 1956 al 1º de enero de 1959) para derrotar el aparato militar de la dictadura de Fulgencio Batista, los constitucionalistas colocaron al borde del colapso las instituciones armadas dominicanas (militares y policía) en menos de una semana.
Al poder extranjero no le quedó otra opción que, ejerciendo de manera directa su hegemonía sobre los factores de poder locales, articular un nuevo pacto de dominación. Como si se tratara de un adulto que impone orden a un grupo de niños que juegan, grupo tal vez compuesto de sus hijos junto a primitos y amiguitos.
Este pacto político, al que algunos sectores se sumaron a regañadientes, una vez alcanzadas todas sus fases cumpliría los siguientes puntos centrales:
• La integración efectiva de todas las fracciones del capital. Promoción de contingentes de las clases medias para ampliar las bases sociales de legitimidad, coherencia y sustentación del acuerdo de ejercicio del poder.
• La instauración del Estado como árbitro de los intereses empresariales en pugna. Para este fin se le otorgaría al ejecutivo del pacto una amplia autonomía. Para la etapa de transición (3 septiembre de 1965-1º de julio 1966) se escogió, en acuerdo con el PRD, a HéctorGarcía Godoy y para la etapa definitiva los estadounidenses eligieron unilateralmente a un antiguo funcionario de la burocracia trujillista que siempre había estado en sus cartas: Joaquín Balaguer. Juan Bosch estaba descartado paraejercer este cargo desde hacía años pues sectores del aparato estadounidense no confiaban en él, y no por discrepancias ideológicas, pues en aquel momento Bosch era un probado socialdemócrata.
• Reestructuración del aparato burocrático estatal a fin de adecuarlo a la aplicación eficaz de nuevas políticas sociales y económicas.
Algunas de las nuevas leyes fueron aprobadas apresuradamente por el gobierno provisional mientras otras, como la Constitución, vendrían ya en el gobierno de Balaguer. La Ley #8 , que reorganizaba el ministerio de Agricultura, fue redactada por extranjeros; fuentes de la época aseguran que el texto original estaba en inglés. Sin entrar en detalles, los cambios estructurales abarcarían finanzas, agroindustria, construcción, urbanización, comunicaciones.
• Potenciación de los órganos coercitivos del Estado: ejército, policía, cuerpos de espionaje y escuadrones paramilitares, en preparación para aplicar una dura política represiva y contrainsurgente.
• Neutralización del movimiento popular mediante el terror directo contra la población, el exterminio, corrupción o exilio de miles de dirigentes y militantes políticos opositores y excombatientes. El saldo, como recoge la prensa de la época, fue de miles de personas asesinadas, desaparecidas, encarceladas y exiliadas, justo hasta el mismo año 1978 cuando concluyó el régimen semi-dictatorial. Los últimos meses de 1965 y los años 1967, 1969 y 1970 fueron particularmente sangrientos.
• Creación de un ambiente súper favorable a los negocios con, entre otras medidas, la congelación de salarios por varios años, supresión de la libertad sindical y coacción de los derechos individuales; amplias facilidades a la inversión extranjera directa, especialmente de EEUU, incluyendo la creación de las zonas francas. Las leyes y reglamentos promulgados al efecto llenarían volúmenes enteros.
Cercados, aislados y/o exiliados los jefes militares constitucionalistas, con el coronel Caamaño a la cabeza, lo mismo que numerosos excombatientes, principalmente de izquierda, estaban dadas las condiciones (la llamada “pacificación” del país) para la instalación de Joaquín Balaguer como Presidente tras su victoria en las amañadas elecciones del 1º de junio de 1966.
Balaguer asumió el 1º de julio y su primera medida fue la ley de austeridad que ocultaba, bajo el supuesto de buscar la recuperación del país, imponer duras condiciones para los trabajadores.
Una de ellas fue la de implantar un salario mínimo que rondaba la mera subsistencia (equivalente en la época a entre 1.5 y 2 dólares diarios), el cual estuvo vigente hasta su derogación por el presidente Antonio Guzmán a comienzos de 1979.
En su condición de ejecutivo del pacto Balaguer disfrutó siempre de la total confianza de todos los integrantes del mismo. En su momento tuvo que afectar levemente a algunos sectores, pero siempre dejó claro que trabajaba para la estabilidad del conjunto del sistema a largo plazo.
Desde finales de los 50 Balaguer había forjado su visión del papel del Estado y ahora tenía la oportunidad de aplicarla desde arriba, no ya en posiciones subalternas como estuvo bajo Trujillo.
Al respecto, José Israel Cuello recuerda que cuando vio el nombramiento de Carlos Rafael Goico Morales cayó en cuenta de que Balaguer venía cultivando su propio aparato partidario dentro del régimen trujillista desde finales de los 50.
En respuesta a preguntas de un periodista de The New York Times en julio o agosto de 1966, -la referencia exacta no la tengo ahora pero tengo la certeza-, Balaguer le dijo algo así como que “esa era la única gente disponible”; el reportero estadounidense le había preguntado por qué, a cinco años de caída la dictadura, él gobernaba con casi toda la misma gente de Trujillo.
Balaguer fue el perfecto ejecutivo del pacto, hasta que su grupo, tras más de una década en el poder, se transformó en “juez y parte”haciéndose empresarios, algo intolerable para estos.
Un ejemplo notable fue el del general Neit Rafael NivarSeijas, la segunda figura más poderosa del régimen, quien pasó de poseer activos por 125 mil pesos en enero de 1965 (con el rango de teniente coronel), de acuerdo a fuentes de la época, a detentar una de las fortunas más sólidas del país, en agosto de 1978.
Es por esto que, tras las experiencias con el Triunvirato y del final de Los 12 Años, los empresarios dominicanos han renunciado rotundamente a administrar directamente el Estado.
Lo hacen por delegación, lo que no impide que uno u otro empresario incursione en política y viceversa. Hay casos exitosos como los de José Antonio Najri, Antonio Isa Conde, Jose Brea Peña, Antonio Martínez Francisco, pero ninguno intentó ser Presidente. (Lee la historia, Miguel Vargas Maldonado).
Durante las administraciones del PRD de 1982 a 1986 (Guzmán, Majluta y Jorge Blanco con Peña Gómez como jefe político), que nunca pudieron reelegirse, los ejecutivos del pacto se limitaron a ejercer sus funciones respetando las basesdel acuerdo.
La situación actual presenta matices paralelos a la del final de Los 12 Años con la transformación de una elite política de largo ejercicio en elite económica que amenaza a los empresarios por su detentación de un doble poder: político y económico.
En ese sentido, el presidente Medina será juzgado por los factores de poder decisivos (el poder metropolitano y los factores locales) en cuanto a su desempeño como ejecutivo del pacto, y como tal decidirán su permanencia o no más allá de 2016.Las formas para ejecutar una u otra decisión caen dentro del ámbito político.
Los medios de comunicación cuentan con probados analistas que nos mantienen, de manera brillante,al tanto de la coyuntura electoral, entre ellos Felipe Ciprián, Melvin Mañón, César Pérez, Rosario Espinal, Ramón Tejada Holguín y el mismo Juan Bolívar Díaz Santana. En ellos confío.
[1]Del 8 de septiembre de 1965 y aún vigente en su mayor parte
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