La insurrección dominicana de febrero de 186 3. Sus causas e implicaciones internacionales

La insurrección dominicana de febrero de 186 3.

Sus causas e implicaciones internacionales

Luis Alfonso Escolano Giménez

(Doctor en Historia por la Universidad de Alcalá de Henares, Maestro en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid y Encargado del Área de Investigaciones del Archivo General de la Nación de República Dominicana.

La Anexión de Santo Domingo a España: contexto histórico

La insurrección que estalló en febrero de 1863 estaba llamada a convertirse en la señal para el comienzo de la que se conoce en la historiografía dominicana con el nombre de Guerra de la Restauración. Esta lucha, que supuso la derrota de España y la Restauración de la República Dominicana en, venía a poner punto final a la breve experiencia iniciada el 18 de marzo de 1861, fecha en que el gobierno del general

Santana proclamó la reincorporación de Santo Domingo a la

Corona española. La Anexión de dicho territorio a España había sido objeto de numerosas gestiones por parte de las autoridades dominicanas a lo largo de su todavía corta existencia como

Estado independiente. La razón alegada era que, tras su separación de Haití en 1844, la recién nacida república se había visto asediada por los continuos ataques lanzados contra ella desde el otro lado de la frontera, puesto que los sucesivos

Gobiernos Haitianos no se resignaban a la pérdida de la mayor parte de la isla, que además era la más fértil.

Tras repetidas y poco fructíferas negociaciones entre la República Dominicana y España a lo largo del mencionado período, la ocasión que ofrecía el Gobierno del general O´Donnell, debido a la activa política exterior de la Unión Liberal, fue aprovechada por el régimen caudillista que encabezaba Santana para entrar en contacto directo con el general Serrano. Éste, que en aquellos momentos era Gobernador de Cuba, fue el principal artífice de un proyecto que el Gobierno Español no veía con desagrado, pero cuya ejecución habría preferido posponer por temor a las reacciones que el mismo pudiese suscitar, principalmente por parte de los

Estados Unidos.

No obstante, España aceptó el hecho consumado, si bien con el tiempo las autoridades de la nueva provincia pudieron comprobar que la Anexión no había sido consultada a los dominicanos, y por lo tanto no contaba con unas bases sólidas sobre las que sostenerse. Aunque los primeros estallidos violentos se produjeron en el mismo año 1861, la situación se estabilizó dentro de un clima de calma expectante que, ante la desafortunada gestión llevada a cabo por la administración española en la isla, terminó convirtiéndose en un estado de abierta rebeldía. La insurrección de febrero de 1863, que se circunscribió a algunos puntos de la región del Cibao, la más rica de Santo Domingo, fue sofocada, pero sólo para dar paso a la definitiva sublevación, que estalló en agosto de dicho año, y cuyo desarrollo abarcó ya la mayor parte del territorio dominicano.

En este sentido, cabe resaltar el hecho de que “casi dos tercios de la población total” de Santo Domingo vivían “en los territorios que sirvieron de escenario” principal a las luchas de la Guerra Restauradora. Efectivamente, las zonas más afectadas por las acciones bélicas durante el desarrollo del conflicto fueron la provincia de Azua y las dos del Cibao, y dentro de estas últimas, muy en particular las áreas de la Línea Noroeste y el norte. De igual modo, se trataba a su vez de la parte más desarrollada económicamente, tal como se deduce del hecho de que, entre 1862 y 1863, el Cibao “aportó el 65% del valor total de las exportaciones”, que estaba compuesto por los siguientes rubros: “tabaco, 35%; café, 3%; cacao, 4%; azúcar, 4%; maderas, 9%; miel y cera, 7%; y ganados y cueros, 3%”. Es decir, que en buena medida los productos exportados desde esta región representan un cierto nivel de desarrollo agrícola, y en concreto, como subraya Emilio Cordero Michel, la explotación del tabaco, el café, el cacao y la caña de azúcar, que constituye “el inicio de un tímido desarrollo pre capitalista   en el país”. Mientras tanto, desde una parte del sur y todo el este se exportó un 35% del valor total, del cual la gran mayoría estaba formada por “productos naturales”, cuya explotación requería “ninguna o muy poca actividad” humana, como “maderas, 15%; ganado y cueros, 15%; miel y cera, 3%”, frente a tan sólo un 2% representado por el café”((. Emilio Cordero Michel. “Características de la Guerra Restauradora, 1863-1865”. En Clío, año 70, Nº 164, junio-diciembre de 2002, pp. 39-78; véanse pp. 41-42.2  ))  que encontraban asilo y ayuda, hicieron de este conflicto un importante precedente de la guerra que iba a comenzar pocos años más tarde, en 1868, en la vecina isla de Cuba. La lucha desatada en tierras dominicanas alteró el precario equilibrio de unas Antillas codiciadas por los Estados Unidos, y cada vez más deseosas de romper amarras con la metrópoli, cuyo declive en el panorama internacional resultaba patente a la vista de unos acontecimientos que, en gran medida, tuvieron su origen en la desacertada decisión de aceptar la Anexión.

Los primeros pasos del proceso anexionista (1861-1862)

El agente comercial de los Estados Unidos en Santo Domingo, Jonathan Elliot, informó a William E. Seward, Secretario de Estado del Gobierno norteamericano, acerca de los primeros pasos dados por España en la organización de su nueva provincia. En un despacho fechado el 5 de octubre de 1861, Elliot señalaba lo siguiente: “Alrededor de tres mil tropas han desembarcado en distintas partes de lo que fue la República Dominicana con todo tipo de municiones y armamentos de guerra. Algunos de los mejores ingenieros de la Península han sido enviados a la Bahía de Samaná, y están fortificándola fuertemente. Se ha establecido una línea de comunicación marítima entre ésta y otras islas. Por otra parte, se han levantado oficinas de correos en el interior (…). Los Tribunales (…) han sido reestructurados. Se van a establecer los  mismos impuestos y aranceles que existen en Cuba. Por otro lado, los oficiales y soldados del disuelto     Ejército  dominicano han sido pensionados, y parecen estar satisfechos. El clima, especialmente en Samaná, ha resultado ser fatal para las tropas. En mi opinión, España lleva las de perder, pues los dominicanos no parecen estar en lo absoluto, dispuestos a trabajar.

El clima impedirá el establecimiento de blancos para explotar las riquezas del suelo (…). No hay exportación que valga la pena mencionar. Nadie quiere labrar la tierra, y las actividades comerciales están, por lo menos en estos momentos, en un punto muerto”.(( Alfonso Lockward. Documentos para la historia de las relaciones dominico-americanas, vol. I (1837-1860). Santo Domingo, Editora Corripio, 1987, p. 178.))

Si bien es cierto que el agente estadounidense no simpatizaba con la presencia de España en la isla, lo que hizo fue tan sólo expresar su convicción de que las perspectivas para la dominación española en la misma no parecían muy halagüeñas, punto en el que no estaba exagerando, pues la experiencia que había acumulado desde su llegada a Santo Domingo, años atrás, le proporcionaba un conocimiento bastante cercano de las circunstancias y características tanto del territorio dominicano como de sus habitantes.

Luis Álvarez López indica que el Gobierno Español, al mantener al general Santana como máxima autoridad de la nueva provincia, durante los primeros meses de la Anexión, hizo posible que “una fracción de la clase políticamente dominante lograra su objetivo” de conservar el control sobre la administración “en la nueva situación colonial”. Este autor subraya que pronto iba a evidenciarse, sin embargo, que “los objetivos del imperio español con referencia a su nueva colonia objetivos del imperio español con referencia a su nueva colonia se lograrían eficazmente desplazando a Santana y su grupo  del poder político”, y nombrando a un español como Capitán

General.(( Luis Álvarez López. Secuestro de bienes de rebeldes (Estado y sociedad en la última dominación española, 1863-1865). Santo Domingo, INTEC, 1987, pp. 5-6.))

Así, en junio de 1862 tuvo lugar el relevo de aquél, que había presentado su dimisión en enero del mismo año. Las instrucciones que el Gobierno comunicó a Rivero señalaban la necesidad de que desaparecieran “las continuas conmociones” que habían “perturbado la tranquilidad pública en Santo Domingo”, y causado “en sus habitantes rivalidades y odios”.

Sin embargo, desaconsejaban el empleo de “medidas directas” para alcanzar dicho objeto, recomendando además que la opinión de Santana fuese oída siempre que las circunstancias así lo aconsejaran. En cualquier caso, según las instrucciones, el nuevo gobernador debía tener en cuenta que “habiendo tenido activa parte en los disturbios” por los que había atravesado el país, era imposible que Santana tuviese un juicio imparcial “respecto a algunas personas”.

A continuación, el Gobierno subrayó que los haitianos habían sido una “causa constante de inquietud” y de conflictos para Santo Domingo, por lo que era necesario vigilar “muy  , sobre la seguridad del territorio”. En particular, se informó a Rivero de “los manejos” de algunos emigrados dominicanos en Haití, que al parecer proyectaban “repetir alguna intentona” como la que se había producido el año anterior, poco después de proclamarse la Anexión.

Asimismo, las instrucciones le ordenaban que dejara toda dificultad de carácter internacional íntegramente a “la resolución del Gobierno”.(( Emilio Rodríguez Demorizi. Antecedentes de la Anexión a España. Ciudad Trujillo, Editora Montalvo, 1955, pp. 283-285 (Academia Dominicana de la Historia, Vol. IV).))

Con respecto a la política de obras públicas y fomento, se había establecido como objetivo prioritario la construcción de una carretera entre la capital de la nueva provincia española y Samaná. El Gobierno también había encargado estudios para “la canalización del río Yuna” y “la construcción de un ferrocarril desde Santiago de los Caballeros hasta el punto más conveniente del curso” de dicho río. En las instrucciones se recomendaba al Capitán General que fomentase la minería, así como el cultivo del algodón y del tabaco, que podía ser “fuente de inagotable riqueza para esa isla y para la Península”.

El Gobierno le encargó también que informase sobre la conveniencia de seguir enviando “expediciones de trabajadores peninsulares”, a fin de aumentar “los brazos útiles para el trabajo”, tal como se había hecho en Puerto Rico y Cuba. ((Ibídem, pp. 287-288.)) y el acceso a la tierra era relativamente fácil”. Por otra parte, los colonos españoles no fueron tan abundantes “como para contribuir a alterar el secular atraso de la economía dominicana”, y además en buena medida el “proyecto de inmigración tuvo un objetivo político de carácter inmediato”, pues con él se pretendía reforzar la presencia española en la isla.(( Luis Álvarez López. Ob. cit., p. 8.))

La creación de la Comisaría Regia y Superintendencia Delegada de Real Hacienda y la de la Audiencia permitiría alcanzar, o al menos esa era la intención con la que fueron establecidas ambas instituciones, el objetivo de la reforma planteada en el campo de sus competencias respectivas. Joaquín M. de Alba, nombrado para desempeñar el primer puesto, fue “dotado de excesivos poderes administrativos” y se convirtió en el verdadero “jefe de la administración”, que “nombraba los empleados, aplicaba los reglamentos” procedentes de las otras posesiones españolas en el Caribe, “y ejecutaba las órdenes provenientes” de Madrid. Del mismo modo, los más “íntimos colaboradores de Santana fueron sustituidos por burócratas españoles”, que se encargaron de continuar “la labor de reorganización” de Santo Domingo. Se puede concluir, pues, que mucho antes de la renuncia de Santana y de su sustitución por Rivero, España había comenzado a tomar “el control de áreas vitales del poder político”, como era de esperar.8

No obstante, este modelo apenas llegó a ponerse en marcha ya que la política adoptada por España en la reorganización de la colonia “fue poco a poco lesionando los intereses de todos los grupos” que componían la sociedad dominicana: “campesinos, comerciantes, burócratas, religiosos, militares y artesanos, mediante un sistema de opresión” que aspiraba a modificar, incluso de manera forzosa, “patrones de conducta ejercidos durante muchos años”. Resulta difícil señalar qué factor produjo un “mayor impacto sobre los diferentes sectores sociales”, o de qué modo los diversos factores en juego afectaron a cada uno de esos grupos, puesto que todos ellos “interactuaron en un complejo y contradictorio sistema de acciones y reacciones”.

En suma, prosigue Álvarez, se produjo “una gran contradicción entre el acuerdo que estipulaba” la Anexión de Santo Domingo, y “las perspectivas que tenían las autoridades españolas”. Así, aunque en dicho acuerdo se contemplaba que Santo Domingo sería considerado como una provincia de España, teniendo en cuenta además “las variantes propias de un país” que había sido independiente durante diecisiete años, esos compromisos fueron prácticamente obviados por el Gobierno de Madrid, ya que eran secundarios frente a su objetivo prioritario de hacerse con el dominio del territorio dominicano “a un bajo costo, suma sumando un nuevo eslabón a su Imperio Antillano”.

Si bien es cierto que algunas condiciones de la Anexión no fueron respetadas por España, también lo es que, tal como señaló Serrano a Santana en su comunicación fechada el 23 de mayo de 1861, el Gobierno Español no establecería en Santo Domingo la esclavitud ni la consentiría “bajo ninguna forma”. Además, desde el principio había manifestado su propósito de “regirlo por leyes especiales”, como se practicaba “en las diversas provincias ultramarinas pertenecientes a la Monarquía”. Pero al mismo tiempo que planteaba “esta condición tan natural como justa a los habitantes” de la que había de ser “una nueva provincia de España”, su intención era “emplear una política amplia y liberal (…) en los diversos ramos de la administración interior”. Así pues, procuraría “respetar en lo municipal, económico y judicial todas las exigencias” derivadas “de las condiciones especiales de un pueblo que ha gozado de independencia propia”(( Despacho Serrano al Gobernador de Santo Domingo, La Habana, 23 de mayo de 1861 (Es copia). Archivo Histórico Nacional (en adelante, AHN), Ultramar, Santo Domingo, legajo 5485/5, documento nº 3.

Por último, Álvarez afirma que “los factores ideológicos” jugaron también “un papel importante” en el curso de los acontecimientos, dado que en algunos sectores sociales minoritarios se alentaba la idea de que era necesario recuperar la soberanía. Pese a ello, dichos factores ocuparon un lugar secundario, pues a su juicio “no fue el amor patriótico del pueblo dominicano a su independencia”, sino “la multiplicidad de contradicciones” ya apuntada, la que creó “las condiciones objetivas para que el grueso de la población se sumara a la lucha” por el restablecimiento de la República,11 lo que finalmente se produjo, tras varios conatos previos, en la insurrección de agosto de 1863.