Cerrar la oficina del ACNUR en RD sería un grave erro

Cerrar la oficina del ACNUR en RD sería un grave error

Por Roberto Álvarez. 6 de octubre de 2014 - 12:12 am 

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En particular, después del dramático llamado del presidente Medina a la comunidad internacional de ayudar a Haití a documentar a su población, “tanto en su territorio como en el nuestro”, efectuado el pasado 24 de septiembre durante su discurso en la 69 Asamblea General de la ONU.

Roberto Álvarez

Abogado, especializado en derecho internacional y en derechos humanos. Fue embajador dominicano ante la Organización de Estados Americanos, y fue Coordinador General de Participación Ciudadana. Ha escrito varios libros y desde 2012 es miembro del Consejo Asesor del Programa Latinoamericano del Woodrow Wilson International Center for Scholars.

•  @robalsdq

Con la partida de Gonzalo Vargas Llosa como jefe de misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), quien concluye su mandato después de 4 años y 9 meses de intensa y fructífera labor, se rumora sobre una drástica reducción de los términos de referencia de su mandato en el país, lo cual podría resultar en el cierre de su oficina en RD.

No debe caber duda alguna, forzar el cese de operaciones y retiro del ACNUR de RD sería un lamentable error de parte del presidente Medina, que implicaría, como mínimo, un desprestigio para su gobierno a nivel internacional. Pero más importante aun, desampararía en el plano nacional a aquellas personas que buscan refugio, solicitan asilo o se encuentren en estado de apatridia o amenazados por ésta.

Me refiero a la apatridia ya que, como denunciara el jueves pasado el Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas por la Sentencia 168-13, en unos 14 días termina el plazo de 90 días (alrededor del 21 de octubre) establecido por el artículo 3 del Reglamento 250-14 de la Ley 169-14, para que las personas incluidas en el grupo B de su artículo 1, puedan acogerse a sus beneficios, es decir, los nacidos en el país de padres extranjeros en situación irregular que no fueron inscritos en el registro civil.

No debe caber duda alguna, forzar el cese de operaciones y retiro del ACNUR de RD sería un lamentable error de parte del presidente Medina, que implicaría, como mínimo, un desprestigio para su gobierno a nivel internacional.

Hasta la semana pasada, de acuerdo al Comité, había menos de 500 personas inscritas en el Libro de Extranjería, “requisito indispensable para optar por la regularización migratoria y eventual naturalización”. Esta cifra contrasta dramáticamente con la arrojada por la Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI-2012), que estimó “la población de descendientes de inmigrantes (en) 244,151 personas, representando el 2.5% de la población total nacional” y proyectó que de este “total de descendientes de inmigrantes, 209,912 personas son descendientes de inmigrantes haitianos y el restante núme­ro de 34,239 personas son descendientes de inmigrantes de otros países”.

¿Que sucederá con ese enorme número de personas nacidas en República Dominicana que quedarán fuera de los beneficios de la Ley 169-14 cuando se agote en 14 días el plazo para el registro? ¿Se extenderá dicho plazo? En caso negativo, ¿Cual nacionalidad será la aplicable a esas personas del grupo B? ¿Serán apátridas?  ¿Quién decide?

Son múltiples las espinosas interrogantes que ya están planteadas y que el gobierno no podrá eludir. No podrá argumentarse simplemente que dichas personas deben atenerse a su suerte. En particular, después del dramático llamado del presidente Medina a la comunidad internacional de ayudar a Haití a documentar a su población, “tanto en su territorio como en el nuestro”, efectuado el pasado 24 de septiembre durante su discurso en la 69 Asamblea General de la ONU.

Por su importante labor humanitaria, el ACNUR es una de las agencias internacionales cuyo prestigio y capacidad de trabajo le ha hecho merecedora del Premio Nobel de la Paz en dos ocasiones: 1954 y 1981. Por eso, su salida del país en este momento enviaría una desconcertante señal a la comunidad internacional, ya que el ACNUR es precisamente una de las instituciones más competentes para colaborar con las autoridades nacionales en la continuada aplicación de la Ley 169-14 y alcanzar una conclusión satisfactoria al drama humanitario de los desnacionalizados.

Como uno de los 51 Estados fundadores de las Naciones Unidas (ONU) en octubre de 1945, y uno de los 21 Estados que diseñó la arquitectura normativa original de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en mayo de 1948, el presidente Medina encuentra suficiente aval –y oportunidad- para convertir la promoción y protección de los derechos humanos en un tema emblemático de sus dos últimos años de gobierno.

Lograr un acuerdo con el ACNUR para que continúe su labor en RD y ayude al gobierno a destrabar el tema de las personas nacidas en el país significaría un importante jalón en ese sentido.